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PONENCIA: EL CONTROL DE LAS CONSTITUCIONES LOCALES, COMO MEDIO PARA DEFENDER LA AUTONOMÍA DE LOS ESTADOS.

PONENTE: LIC. SARA BERENICE ORTA FLORES.

El federalismo es una forma de estado que se caracteriza por reunir tres órdenes jurídicos distintos, que pueden gobernar simultáneamente para un mismo individuo y un determinado territorio; el primero de ellos es el orden constitucional, al que encontramos radicado a primera vista, en la Constitución; el segundo corresponde al orden federal o central, que lo identificamos con los poderes federales, y el local, que lo encuadramos en las entidades federativas; los dos últimos, son órdenes jurídicos parciales, el federal lo es porque tiene una competencia material determinada por la norma fundamental, y el orden jurídico local, es parcial porque su competencia está limitada por la constitución en el contenido material y en cuanto a la extensión del territorio.

La circunstancia de que la constitución general determine las reglas a las que deben sujetarse los órdenes jurídicos federal y local, hace que entre estos nazca un vínculo de coordinación, existiendo entre los mismos, una relación de igualdad jerárquica y no de subordinación.

La gran diferencia entre un país centralista y uno federal, radica precisamente en los órdenes jurídicos que coexisten en su interior; el centralismo sólo posee un orden jurídico que se deriva de una constitución general y que rige para todo su territorio; el federalismo existe, cuando se forma con la unidad de diversas regiones, que juntos conforman un estado soberano; esta forma de estado también posee una constitución federal que rige para todo su territorio, la diferencia radica en que la carta general otorga a cada entidad federativa la facultad de darse su propia constitución y sus propias leyes, es decirles les otorga autonomía normativa, creándose así el orden jurídico local.

El federalismo es pues, un sistema que se basa esencialmente en la distribución de competencias entre los órdenes jurídicos que lo conforman; es un sistema complejo, por una parte existe la necesidad de alcanzar una unidad política a nivel nacional y por otra respetar a las entidades autónomas que forman parte de esa unidad política.

Ahora bien, como ustedes saben, la principal particularidad de la estructura de todo orden jurídico, es la existencia de una norma fundamental que regula tanto la forma en que otra norma debe ser creada, como lineamientos generales del contenido de la misma; lo anterior da como resultado una jerarquía normativa, que consiste en que la norma fundamental es la base de ese orden jurídico; de este fenómeno se desprende un vínculo de supra y subordinación entre la norma fundamental  y la norma creada, ya que del hecho de que de la norma básica se desprendan otras normas, hace que la primera sea superior a las segundas, originándose así la supremacía constitucional, que consiste entre otros aspectos, en que si una norma llegara a ser contraria a esa norma superior, no tiene posibilidad de existencia dentro de ese orden jurídico, por lo que en el caso de que una ley dictada por un estado federado se oponga a la constitución general, debe ser nula, creandose además la competencias de los tribunales federales para declarar dicha nulidad.

Así como sucede a nivel federal, en todas las constituciones locales existe el principio de supremacía constitucional, que se constituye como el fundamento de la legislación ordinaria de las entidades federativas; sin embargo, esta supremacía de la constitución estatal no siempre se materializa, pues cuando una ley o un acto de autoridad estatal vulnera una carta local, no existen los suficientes mecanismos procesales en el propio estado para reprimir su desconocimiento.

La función de revisar los actos de las autoridades de los estados ha sido monopolizada por la judicatura federal, que termina resolviendo los asuntos de la entidad federativa fuera del territorio y jurisdicción del estado.

El mecanismo por excelencia de control constitucional, como es el juicio de amparo, se encarga de resarcir las violaciones que las autoridades estatales cometen sólo en relación con la constitución federal; por medio del amparo directo se revisan las sentencias que en última instancia emiten los tribunales locales, y aún y cuando estas resoluciones sean contrarias a una constitución local, el conflicto se resuelve como mero problema de legalidad. Las carta locales de los estados en el juicio de amparo, tienen el mismo tratamiento de una ley.

Por otra parte, las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son un mecanismo de defensa constitucional que tiene por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de Carácter general y la constitución federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene facultad para controlar la conformidad de las leyes locales con las constituciones estatales.

Resulta necesario instaurar instrumentos de defensa de la constitución local en todos los estados de la república, puesto que la eficacia del sistema federal se mide en relación directa con la autenticidad de la autonomía de las entidades que la componen, y toda vez que la autonomía de un estado federado se deriva de la facultad de darse su propia constitución; en la medida en que el estado tenga un mayor control normativo sobre su constitución, será más autónomo y por tanto más federal.

El control del sistema jurídico constitucional no se limita únicamente a vigilar las actividades de las autoridades, sino que también establece métodos para evitar el abuso del ejercicio del poder, es así, un sistema de vigilancia que debe asegurar la observancia de este sistema jurídico.

El control local de la constitución está permitido por la norma fundamental, y su mayor respaldo lo encontramos en las facultades residuales que poseen los estados federados, y que se derivan del principio de que las facultades que no están expresamente concedidas por la constitución general a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados.

La propuesta que origina esta exposición no es un tema nuevo, desde 1824 al adoptar México el sistema federal, las constitución de los estados, entre ellos el nuestro, han contemplado instrumentos jurídicos para garantizar la norma constitucional estatal; sin embargo, de un análisis cronológico de los mecanismos locales de defensa de la constitución, se observa como paulatinamente se han vuelto más inoperantes, lo que ha coincidido con una excesiva intromisión de las facultades del orden federal en todos el territorio mexicano.

La democratización del país, ha propiciado la libertad política de inconformarse contra los actos de las autoridades, ya sea por los ciudadanos, o por determinados niveles de gobierno u órganos constitucionales, lo que ha provocado que se vuelva la mirada a la doctrina constitucional, que en México, de manera especial en el último lustro, ha venido defendiendo la postura del control del constitucionalismo local, y que en nuestro estado se ha visto reflejado, por ejemplo, en la reciente facultad del Congreso del Estado para dirimir las controversias entre municipios.

Cierto es que en el presente foro de expresión se solicitan propuestas específicas con la finalidad de que una vez analizadas, se incluyan en el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que cabe señalar, pero se puede hablar de una eficaz planeación del desarrollo nacional, si no se cuenta con un federalismo real; es como si se pretendiera remodelar un edificio sin atender las debilidades de sus cimientos. El federalismo no es sólo administración pública, no es sólo la coordinación y descentralización de facultades formalmente ejecutivas, es una forma de estado requiere de la fortaleza de sus entidades federativas para su existencia material.

La ley de planeación en su artículo 2°, fracción V, establece: "la planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño de la responsabilidad del estado sobre el desarrollo integral del país y deberá tender a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. Para ello, estará basada en los siguientes principios: V. El fortalecimiento del pacto federal y del municipio libre, para lograr un desarrollo equilibrado del país, promoviendo la descentralización de la vida nacional...".

Es justamente en el papel de promotor de la descentralización de la vida nacional, como se propone que el gobierno de la república participe en una tarea que en principio, es sólo facultad de las entidades federativas, ya que una imparcial difusión a nivel nacional, de la necesidad de control de la constitucionalidad local de leyes o actos emitidos y realizados por sus autoridades, contribuirá en la aceleración de una tendencia que afortunadamente es inevitable.

Los mecanismos de control constitucional estatal, pueden ser tantos como la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y su imaginación lo permitan, y podrán regular sólo aquellos garantías individuales que se amplíen en sus cartas locales, y todas aquellas facultades residuales que por ser tan propias no puede conocer la judicatura federal. El órgano idóneo para dirimir estas acciones y recursos, es un Tribunal Constitucional Estatal; sin embargo, hay que reconocer que su viabilidad es poco probable, por el costo que significaría al erario público y por la escasa información que hay al respecto.

Por lo anteriormente expuesto se propone:

 

Que el poder judicial del estado sea el órgano facultado para conocer de la constitucionalidad de las leyes y actos de las autoridades estatales en relación con sus cartas locales.

La creación de una sala constitucional en el Supremo Tribunal de Justicia que conozca de los asuntos de naturaleza constitucional, para que una vez realizado el proyecto de sentencia, se resuelvan en pleno.

La implementación de una acción de inconstitucionalidad para plantear la posible contradiccion de una ley estatal con la Constitución del Estado, cuya resoluciones tengan según el caso efectos abstractos, y con resoluciones de efectos generales.

Un Recurso Constitucional por medio del cual se reclamen las garantías individuales y sociales que se reserva la constitución estatal, cuyos efectos sean restituir al agraviado en el goce de sus garantías violadas, y además, que el carácter de su resoluciones tengan efectos generales, no relativos como en el juicio de amparo.

Un recurso de inconformidad contra las resoluciones que en materia de controversias municipales emita el Congreso del Estado, y

Que el gobierno de la república dentro del programa de fortalecimiento de los gobiernos locales, actúe como promotor del pacto federal, difundiendo a nivel nacional la importancia del control de las constituciones locales.

 

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