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PONENCIA: LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL ¿UN PRODUCTO PARA EL BIENESTAR SOCIAL?

PONENTE: EDUARDO ALBERTO OVIEDO ANAYA.

INTRODUCCIÓN

El artículo 4 de la Constitución Mexicana establece un derecho a favor de la familia para que ésta disfrute de una vivienda digna y decorosa. A través del tiempo, buscando dar cumplimiento a este derecho, se han promulgado y derogado leyes, se han establecido programas surgidos desde todos los niveles de gobierno, se han creado nuevas dependencias, y cerrado las que en su momento se consideró que ya eran inoperantes. Cada sexenio y cada ciclo de Administración Pública, busca con sus métodos e instrumentos atacar lo que es uno de los mayores problemas en nuestro País: la carencia de vivienda para una gran parte de las familias mexicanas.

Si bien es cierto que existe un alto déficit en este renglón, y que la vivienda es considerada como un indicador de bienestar de una sociedad, también es cierto que las políticas para dotar de un techo a las clases más necesitadas están muy lejos de llevar a una solución. El precio final de la vivienda ofertada a las clases que aún pueden obtener acceso a un crédito oficial cada día se incrementa más, lo que impide alcanzar soluciones al problema en un corto o mediano plazo, puesto que el encarecimiento del producto tiene como una, entre otras consecuencias, la inaccesibilidad de un sector importante de la población a lo que es un derecho constitucional.

Es frecuente escuchar polémicas en torno a lo que los actores principales en la producción de vivienda popular consideran como posibles soluciones para la disminución de los costos de urbanización y edificación, bajo el cobijo de esta idea se han negociado condonaciones del pago de impuestos, se han eliminado áreas de donación, se han otorgado subsidios a los créditos, pero nunca se ha demostrado que este tipo de "ahorros", y muchos otros más que se analizarán en el desarrollo del presente documento, se traduzcan en un beneficio efectivo para el comprador final, ni que hayan contribuido de alguna manera a reducir la problemática que significa el establecer las políticas adecuadas para dotar de vivienda a cada familia mexicana.

En los últimos años la producción de casas realizada con los financiamientos de créditos provenientes de fondos destinados por el gobierno federal para el abatimiento del problema a través de instituciones como el INFONAVIT, ó el FOVI, han derivado en la construcción de un número importante de desarrollos habitacionales que dista mucho de acercarse a una solución real del problema.

La tendencia neoliberal de nuestras actuales políticas de gobierno, que también encuentra su ejercicio en los procesos de producción de la vivienda, hace necesario plantear una serie de preguntas, para a la vez encontrar respuestas que nos lleven a la confirmación ya sea de que nos encontramos en un camino adecuado, o por el contrario, que contribuyan a la corrección de la dirección que pudiesen tomar las políticas que en ésta materia están siendo aplicadas.

Las instituciones que antiguamente eran constructoras, promotoras y administradoras de los fondos destinados a la construcción de vivienda popular, han pasado en la actualidad a cumplir las funciones de una institución fiduciaria, bajo la idea de hacer más eficiente su operación, dejando en manos de la iniciativa privada. Las tareas de construcción y venta del producto. Es decir las empresas constructoras privadas hoy, buscan a sus clientes, para lo cual estudian un tipo predeterminado de mercado y una demanda que pueda ser rentable; ofertan un tipo de vivienda que por sus características físicas pueden ser tipificadas y casi calificadas como estándares; y ofrecen el mismo tipo de producto a un precio máximo de venta. Para distinguir las diferentes funciones ejercidas a través del tiempo estas instituciones que no han cambiado su designación, pero sí la forma de operación, las nombraré como instituciones productoras de vivienda popular, cuando abarcaban una diversidad de actividades, e instituciones para el financiamiento de la vivienda popular para este tiempo en el que han limitado su campo de acción. Cuando dichas instituciones realizaban la función de producción no ofrecieron ninguna solución real al problema de la carencia de vivienda, y también es cierto que con la aplicación de las políticas de gobierno actuales es necesario establecer los mecanismos adecuados para probar su efectividad como una acción productora de bienestar social, para poder evitar así, que se repita la historia, solo que con diferente nombre.

LA MONOPOLIZACIÓN DEL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA POPULAR.

Con la concentración de las reservas territoriales destinadas al uso habitacional en manos de un grupo limitado de propietarios, y con el rumbo que tomaron los financiamientos de créditos para vivienda dirigidos a la producción de grandes unidades, se hizo necesario la posesión de un capital considerable para aspirar a incorporarse al aparato productivo con estos fines. La actividad de la construcción de vivienda popular se concentró si no en grandes empresas, por lo menos en aquellas con la suficiente de capacidad para financiar en parte, ya no una, sino por lo menos una veintena ó más de unidades. La oferta de terrenos individuales para vivienda popular desapareció prácticamente del mercado durante la década de los ochenta, limitándose a una proliferación de los fraccionamientos de objetivo social, que por sus características de urbanización incipiente, y dudosa legalidad, los hacia desmerecer de formas de financiamiento para construcción de vivienda, y a aquellos ofrecimientos que de forma individual salían al mercado.

Es hasta principios de la década de los noventa donde se regresa a la práctica de ofertar terrenos a crédito, pero promovidos por las mismas empresas productoras de vivienda, debido tal vez a que han visto disminuidas las ventas de su producto terminado, y así buscan hacerse de recursos para continuar con los desarrollos inicialmente planeados, ó tal vez como una diversificación de sus productos para buscar penetrar en un mercado más amplio, o tal vez por alguna otra razón no tan previsible.

Es posible realizar una interpretación de los objetivos que se han marcado las empresas productoras de vivienda, en este tiempo donde asumen funciones que tienen relación directa con la producción del bienestar social. Es común escuchar quejas y declaraciones emitidas por los representantes de estas empresas, dirigidas a los altos costos de los impuestos, a los excesivos trámites burocráticos, a la pobre utilización de suelo debida a la reglamentación existente, a los altos costos de financiamiento, a los impactos que esto representa en el precio final de la vivienda, y en general a un considerable número de argumentos que se esgrimen, sin existir elementos de análisis que permitan dilucidar una verdad. Lo cierto es que aquello que debería ser un objetivo nacional, abatir el déficit de vivienda, se encuentra en un proceso de agravamiento y no de posible solución.

A finales de la década de los sesenta, todavía se ofertaban créditos en las instituciones bancarias para la adquisición de un terreno unifamiliar. Esta facilidad promovía una forma de ahorro directo, cuyo destino podía con el tiempo derivar en la construcción de una vivienda, así una familia quedaba facultada para paulatinamente adquirir primero un terreno, y posteriormente también de forma gradual construir, ya sea por el método de auto-construcción, ó bien por encargo a algún profesionista independiente. Sin embargo, como una casa a medio construir no representa la misma garantía hipotecaria que una vivienda terminada, éste tipo de créditos desaparecieron del mercado, causando al menos tres impactos iniciales, primero la práctica de la auto-construcción para las clases populares se limitó en ámbitos donde las condiciones de compra permitieran los "abonos" y el desarrollo de la vivienda progresiva, generalmente en asentamientos irregulares; segundo la construcción de la vivienda por encargo se vio reducida a un grupo de personas de mayor poder adquisitivo, que podían hacerse de un terreno con recursos propios y posteriormente tener acceso a créditos para construir, y por último el nacimiento de empresas constructoras especialistas en la producción de vivienda, sobre todo de tipo popular.

Las empresas constructoras de vivienda popular operaron durante más de una década cumpliendo únicamente con una función técnica. Los desarrollos edificados por ellas, eran vendidos en su totalidad a las instituciones productoras de vivienda, que a su vez tenían la función de otorgar de créditos, y asignar unidades por medio de sistemas predeterminados de calificación. Sin embargo los mecanismos de asignación no fueron los más acertados, la consabida contaminación en los procesos de adjudicación de producto terminado, la falta de mecanismos transparentes en la adjudicación de obras, las fallas administrativas que afectaban directamente a los candidatos del posible beneficio, fueron, entre otros factores, algunos de los motivos que las instituciones como FOVI, ó INFONAVIT, cambiaran su forma de operar para convertirse en instituciones financieras y dejaran de ser productoras de vivienda, cediendo derechos, por decirlo así, a las empresas constructoras privadas, convirtiéndolas en empresas productoras de vivienda. Cabe hacer la aclaración que el término producción en este texto, está referido a una concepción más amplia, que implica diferentes actividades además de la de construir.

Esta nueva forma de política implica un riesgo inicial que no hay que perder de vista, por una parte el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, y todavía más, es un derecho humano; por otro lado los objetivos más generales de una empresa privada siempre tenderán a logros económicos particulares. Sería muy difícil encontrar, aunque no imposible, algún tipo de empresa particular que dentro de sus objetivos generales contemplara el de la producción del bienestar social. Partiendo de éstas premisas cabría preguntarnos:

¿Será posible que a partir de los logros de un interés particular se produzca un bienestar social?

¿Existe en la realidad una política gubernamental dirigida a lograr el abatimiento del déficit de la vivienda?

¿Es la vivienda un producto que puede ser ofertado como cualquier otro, y sujeto a las reglas de una operación comercial?

¿Es necesario establecer reglas específicas que normen las transacciones comerciales de la vivienda?

UNA VISIÓN DEL BIENESTAR

Habitar en su etimología estricta significa residir en algún lugar, de ahí que aunque la palabra hábitat describe el espacio físico donde el hombre realiza el conjunto de actividades y funciones que desarrolla durante su vida, el concepto pueda ampliarse a otras especies diferentes al hombre, por lo tanto también podemos hablar por ejemplo del hábitat natural de alguna especie animal, o de alguna planta específica.

Las definiciones más simples del hábitat son referidas al hombre, y en una clasificación incipiente, se distinguen los ámbitos rural y urbano. Sin embargo el término genérico "hombre", puede ser ampliado cuando agregamos su ubicación dentro de una categoría perteneciente a una estructura social, así por ejemplo, el hábitat de un individuo no será precisamente idéntico, cuando lo consideramos como parte de una comunidad ni el hábitat de esa comunidad será el mismo cuando esta se analice desde el punto de vista de un territorio.

El "hombre" por sí mismo requiere de una definición particular, considerando que es un ser que se encuentra en un continuo proceso evolutivo iniciando con el nacimiento y terminando con la muerte, la suma de varios seres con la misma característica de movimiento constante conforma una sociedad que por la naturaleza cinética de sus componentes también está en continuo movimiento, pero que difiere del primero, entre otros factores, en el grado de dificultad para identificar con toda precisión el momento de su nacimiento y pronosticar el tiempo de su terminación. Dentro del proceso de integración del ser humano a una sociedad, sus necesidades de adaptación van cambiando, así es frecuente ver edificaciones que se concibieron con un fin específico, como si este mismo fuese a perdurar durante un período más allá de su propia utilidad, o pudiese obtener el calificativo de símbolo trascendental.

Si bien la desintegración de un elemento en partes, y el estudio de cada parte ha sido un procedimiento muy útil para conocer algunos aspectos de la existencia y razón de ser del ser humano, este procedimiento tiene el riesgo de que al estudiar una parte esta se convierta en sí misma como un objetivo cuyos resultados estén muy lejos de ser instrumentos para la elevación de la calidad de vida del ser humano.

El hablar del hábitat no es una excepción de este procedimiento, ni tampoco está exento de sus riesgos. A la idea de hábitat es necesario ponerle apellido, debemos de referirnos como hábitat de una sociedad, ó como hábitat de un grupo social, esto implica una mayor definición de análisis al cual nos referimos.

Sin embargo en un momento dado pudiésemos definir como un camino al logro del bienestar, como un proceso de crecimiento integral que tomara en cuenta los siguientes aspectos:

El crecimiento en organización social: entendido este como un crecimiento de convivencia, donde las reglas de interacción de las comunidades tengan la capacidad operativa y de adaptación a los cambios solicitados por la dinámica de evolución de sus integrantes, detectado a través de su seguridad social, conservación de sus recursos, de su interés por la vida, de la asimilación con calidad de vida del crecimiento demográfico.

El crecimiento económico: donde exista una capacidad de producción que permita un mejor nivel de bienestar a un mayor número de integrantes de la sociedad, medido a través de la capacidad de producción, de la elasticidad de sus mercados, de la capacidad de compra, de la diversificación de sus actividades productivas.

El crecimiento legal: donde las leyes sean instrumentos de ordenamiento jurídico y civil, donde se incluyan la tenencia de la tierra, la aplicación de las leyes, con un sistema cuyo objetivo sea la impartición de justicia, y no la aplicación amañada de las leyes.

El crecimiento personal: donde la suma de seres humanos con alta capacidad de autocrítica, alta conciencia de ser simultáneamente un ente individual y social, diese como resultado un grupo que conformara una sociedad madura.

LA MEDICIÓN DEL BIENESTAR SOCIAL, UN RETO.

Hasta el momento las mediciones realizadas en torno a la desigualdad pocas veces han considerado los efectos que el crecimiento económico produce en el bienestar de la población; de donde surge la necesidad de redefinir e incorporar métodos y herramientas para identificar los problemas relativos al bienestar social y darles respuesta, por medio del análisis, seguimiento y sus cambios en el tiempo.

La medición del bienestar social no es una tarea fácil ya que los indicadores que se utilicen deben cumplir tres condiciones básicas: primero, que la definición sea relevante de las condiciones actuales, segundo que refleje los propósitos de la política ó el proceso social permitiendo apreciar las diferencias en el universo de estudio; y tercero que puedan traducirse, agregarse ó desagregarse y compararse a través del tiempo. Además los indicadores deben contener como propósitos: el conocer con precisión las condiciones sociales incluyendo las presentes y los cambios en el tiempo; y sugerir medidas que ayuden a resolver problemas dando idea del costo y efectividad.

Esta orientación práctica, tiene sus problemas: no es posible que de misma medición se desprendan automáticamente un conjunto de acciones, también es probable que no se identifiquen las causas directas ó indirectas de la situación, y tampoco existe una teoría social que permita definir las variables precisas de un sistema social y sus interrelaciones. Aún así, se acepta la necesidad de contar con indicadores del bienestar social.

Las medidas de ingreso y gasto promedio familiar, se consideran como los mejores indicadores del bienestar social, sin embargo se reconoce que la pobreza corresponde a una situación en la que no se tiene el control sobre los recursos. A pesar del grado de dificultad existente para su definición, el concepto de bienestar social resulta útil como criterio de asignación de recursos de inversión pública, de donde es importante hacerlo operativo debiendo contar por lo menos con los siguientes requisitos:

1.    Ser comprensivos y medir condiciones sociales reales.

2.    Estar disponibles como series de tiempo

3.    Poder desagregarse por área geográfica ó localidad.

4.    construir medidas de resultados

5.   Ser traducibles a las medidas políticas

Son pocos los indicadores que pueden cumplir estas condiciones, y aún quedan preguntas pendientes como:

¿Qué aspectos deben medirse que sean relevantes socialmente?, y

¿De qué manera puede integrarse la información existente para constituirse en un sistema operativo?.

Varios autores coinciden en definir el bienestar social en tres aspectos: el nivel de vida, el estándar de vida, y la calidad de vida, pero al no existir una teoría aunque sea especulativa, que especifique las variables sociales y sus relaciones, ni tampoco lo relativo a los valores culturales, resulta imposible plantear un criterio general y válido para todos, que permita comparar países ó regiones, aunque sí es posible reconocer mínimos de bienestar como los niveles de nutrición, vestido, vivienda, salud, educación, y algunas otras necesidades psicológicas para la sobrevivencia del individuo, que por cierto pueden variar con el tiempo.

Podemos afirmar que el bienestar se sustenta en categorías de necesidad, y son estas categorías las que se deben definir. El nivel básico ó absoluto de necesidad se conoce como "nivel de pobreza", la comparación de un grupo social con otro que se considere representativo se conoce como "necesidades comparativas", un tercer enfoque estaría referido a un "comportamiento agregado" a las necesidades de los consumidores, las cuales se pueden interpretar como un "sentimiento de carencia" de algo que no se tiene aunque esté disponible para otros. Estas consideraciones demuestran las dificultades que existen para una definición precisa del concepto necesidades, ya que estas pueden ser variables con el tiempo, lugar, influencia de grupos de poder, intereses creados, medios masivos de comunicación, momentos políticos, transformación de valores, por lo que la idea usada institucionalmente acerca del significado del bienestar social no siempre resulta la más adecuada.

Cuando hablamos de la necesidad de vivienda, entendiendo ésta como un bienestar social, es posible enfocar el problema desde cualquiera de las categorías mencionadas; el nivel de pobreza se manifiesta por la carencia total de un espacio donde habitar, una necesidad comparativa pudiese ser analizada desde un sentido de propiedad privada, el comportamiento agregado como un deseo intrínseco de mejora, hasta el nivel  auto devaluado del "sentir" que lo que se posee no representa valor alguno en ninguna categoría.

Para alcanzar una idea más aproximada a la idea del "nivel de bienestar" en las ciudades, se consideró apropiado desarrollar una medida de la pobreza urbana que incorporara quince indicadores, agrupados en seis conceptos, que hicieran posible la medición entre varias regiones ó ciudades a saber: Salud, Educación, Empleo e Ingreso, Consumo de Durables, Población y Vivienda, donde se incluye como indicadores específicos: la calidad de la construcción, hacinamiento, electricidad agua corriente y drenaje. Esta clasificación nos indica la visión con la que se enfoca a la vivienda como un factor de bienestar social. De los cinco indicadores utilizados, los tres últimos están dirigidos principalmente a un aspecto de desarrollo urbano, el grado de dificultad máximo para que una vivienda tenga estos servicios está en hacerlos llegar a la zona, no en la introducción al interior de la vivienda. De los dos primeros indicadores, la calidad de la construcción y el hacinamiento, es de  donde se han desprendido las políticas sobre las cuales el gobierno de México ha basado las acciones para la construcción de vivienda popular.

¿Pero hacia dónde se han dirigido, y se dirigen, las políticas gubernamentales en torno a esta problemática?

La economía Mexicana ha experimentado transformaciones importantes que han modificado notablemente la estructura del mercado del trabajo relacionada con dos impactos:

La reducción para generar empleo a partir de 1982, aunado al deterioro el poder adquisitivo, situación que creo una atmósfera de austeridad económica. y,

La inserción del país en la economía global a partir de 1988 que acelera la aplicación de políticas neoliberales,  acentuando la terciarización del trabajo.

Esto ha marcado dos referencias fundamentales para explicar el crecimiento del sector terciario en México. En los años de crisis esta  tendencia se ha profundizado, manifestándose por el crecimiento del sector y el incremento de las ocupaciones de más baja remuneración.

En la actualidad parecen ofrecerse dos respuestas por parte de los estados a la crisis. La primera inspirada en un modelo neoliberal donde con una proposición eficientista el estado reduce su papel interventor y promueve la privatización de los servicios públicos y por ende la producción de la vivienda, y la segunda como modelo de equidad social, con una función redistributiva y compensatoria. Estas respuestas se manifiestan en torno a las posibles soluciones a la problemática de la vivienda, al seguir ofertando créditos preferenciales para vivienda a un sector de la población, y al haber puesto en manos de la iniciativa privada la producción de vivienda.

UNA ALTERNATIVA PARA EL ANÁLISIS.

Un factible recurso que ayude a establecer políticas y acciones de gobierno dirigidas a la solución del problema de la vivienda, es el de establecer los mecanismos de análisis adecuados, que permitan evaluar objetivamente las acciones tomadas ya sea de origen gubernamental, ya sea de origen privado. Para lo cual se convierte en una alternativa la identificación de la cadena económica que interviene en el proceso de producción de la vivienda popular, señalando aquellos factores que pudieran ser susceptibles de modificación a partir de alguna política de gobierno, y a aquellos que no lo son.

La situación descrita con anterioridad de que una sola empresa oferta a la venta terrenos de la misma superficie que ocupan viviendas producidas por ella misma, nos lleva a la conclusión de que la resta que producen ambos valores, determinan el precio de venta de cada uno de los elementos por separado, es decir del precio de venta de un terreno ya urbanizado, y del precio de venta de la vivienda por separado.

Sin embargo esta premisa no nos ofrece ninguna respuesta objetiva, pero si nos da pié a establecer un punto de partida para el análisis. Al separar los precios de venta de urbanización, y los precios de venta de edificación, entonces es posible establecer, primero, las diferentes actividades que implica una acción y otra, para posteriormente, realizar un análisis más profundo.

Siguiendo esta proposición metodológica es posible encontrar respuesta en torno al impacto que tienen los impuestos en el precio final de la vivienda por ejemplo, o bien cuestionarse sobre la eficiencia de la misma empresa, ó concluir sobre aspectos de tenencia de la tierra relacionadas con su costo.

Aunque resulta atractivo el análisis preciso de los costos de producción, existen consideraciones que hay que tomar en cuenta. Si analizamos una simple operación de compra - venta de un producto, encontraremos que existen dos partes que defienden su particular punto de vista. El vendedor intentará obtener los mejores beneficios del producto de su venta, llámese mayor utilidad, mejor comisión etc., el comprador igualmente buscará sus mejores beneficios, mayor calidad por menor precio, mejores condiciones de entrega, mejor servicio etc.

Al considerar la vivienda como un producto más, queda sujeta a esta situación producida en cualquier operación comercial, donde el comportamiento de ambas partes no se diferenciará en nada a cualquier otro producido en situaciones similares. De aquí se desprenden otras preguntas:

Entendiendo el concepto "producción de vivienda" como una serie de actividades que inicia con la búsqueda de un terreno en el cual se realizará un asentamiento humano, y por lo tanto se ejecutará un proceso de urbanización, y que terminará con la construcción y adjudicación de viviendas, podemos distinguir un complejo desarrollo de fabricación donde se ejercen diversos costos que empiezan con la promoción de proyectos, y continúan con la compra del terreno, los impuestos derivados de esta transacción, costos de proyecto urbano y el proyecto arquitectónico, costos directos de obra, pagos de comisiones, indirectos de la mano de obra, etc.

Dada la variedad de costos que intervienen en este proceso de producción, es necesario primero clasificar e identificar cada uno de ellos, para establecer un procedimiento que permita que las políticas encaminadas a dotar de un espacio para habitar a cada familia mexicana, se realicen bajo un marco de objetividad económica, buscando el máximo de efectividad y con mejores resultados.

UNA VISIÓN ECONÓMICA DEL CONCEPTO DEL VALOR

El grado de dificultad existente para establecer los indicadores que definan el concepto de bienestar, es también traducible para el momento de definir el concepto del valor. Carlos Marx diferenciaba el concepto valor, como el valor de uso cuando un producto solamente adquiere realidad en un proceso de consumo, y el valor de cambio entendido como una relación cuantitativa en las que los valores de uso son intercambiables y adquieren significado solo en su relación entre uno y otro. David Harvey, en la década de los setenta, definía el valor de uso como la utilidad de un objeto real, y al valor de cambio como la capacidad que proporciona un objeto para la compra de otros objetos.

Carlos Marx al analizar la mercancía como un elemento ligado a los conceptos de valor, decía que en ella se encuentra todo aquello que esta sucediendo en la relación social en la que la mercancía misma es producida y consumida. La vivienda frecuentemente es considerada como una mercancía, pero… ¿Es aceptable ésta acepción?, ¿Es la vivienda una mercancía igual a cualquier otro producto existente en un mercado de consumo?.

David Harvey reconoce al suelo y sus mejoras, de cuya apreciación se puede incluir la vivienda, como una mercancía anormal, sujeta a características diferentes de otros productos entre las que destacan:

        El suelo y la vivienda no pueden trasladarse de un lugar a otro.

        Son mercancías de las que nadie puede prescindir. Crean fuertes condicionantes sobre la elección del consumidor respecto a ellas.

         No cambian de mano frecuentemente.

        Como mercancías son permanentes, susceptibles de mejorarse y proporcionar la oportunidad de almacenar riquezas, existiendo algo "original e indestructible".

        Aunque no es privativo de la vivienda, el cambio o procedimiento de compra (entendido éste como la operación de compraventa), se da en un tiempo relativamente corto, mientras que el uso se prolonga por un tiempo muy largo.

        El suelo y sus mejoras tienen numerosos usos que no se excluyen entre sí, tales como alojamiento, seguridad, intimidad, status, etc., de donde el valor de uso se ve determinado por la suma de los usos que benefician al usuario.

De aquí que el valor de uso en la vivienda, sea el reflejo de una mezcla de necesidades y exigencias sociales, culturales, personales, que no pueden ser establecidos de una manera a priori, sino que se forman a través del sistema del sostén de vida.

Un aspecto importante para poder determinar el valor de uso en éste tipo de mercancía, es el concepto planteado por Hicks (1941) y Mistian (1971): el excedente del consumidor; es decir aquella diferencia que el individuo esta dispuesto a pagar por un bien, con tal de no pasar sin él.

No existe ninguna duda de que existe excedente del consumidor en el mercado de la vivienda, lo interesante sería saber como pueden ser estimados, y como el excedente individual de un consumidor se convierte en un momento dado en una conciencia colectiva o viceversa. En el mercado de la vivienda popular por adjudicación, el consumidor puede ser obligado a entregar parte de sus excedentes de consumidor. La carencia de posibilidades de elección hace que el pobre se enfrente a una situación adversa a consecuencia de políticas monopolistas de producción de vivienda, al existir una clase de propietarios que surgen para cubrir las necesidades de consumidores con escasas posibilidades de crédito, y que además de competir entre sí, pueden retirar sus productos del mercado si estos no son rentables. De aquí la frase de Harvey, "El rico puede dominar el espacio, mientras el pobre se encuentra atrapado en él".

 

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