Sabado 25 de octubre de 2014
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LEY ORGANICA DEL MUNICIPIO LIBRE

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

 

 

TITULO PRIMERO

DEL MUNICIPIO

 

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 1°. La presente Ley determina la estructura, la organización y el funcionamiento del gobierno municipal en el Estado de San Luis Potosí, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y reglamenta las disposiciones contenidas en la Constitución Política del Estado referentes al Municipio Libre.

 

ARTÍCULO 2°. El Municipio Libre constituye la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado.

 

ARTÍCULO 3°. El Municipio Libre es una entidad de carácter público, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; autónomo en su régimen interior y con libertad para administrar su hacienda conforme a las disposiciones constitucionales y a esta Ley.

 

ARTÍCULO 4°. Para el cumplimiento de sus fines y aprovechamiento de sus recursos, los ayuntamientos formularán planes de desarrollo y programas de acuerdo con las leyes y reglamentos de la materia, buscando sin menoscabo de la autonomía municipal, la congruencia con las administraciones estatal y federal como elemento fundamental para el fortalecimiento del federalismo.

 

ARTÍCULO 5°. Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán coordinarse y asociarse entre sí para la resolución de sus necesidades comunes y la mejor prestación de los servicios públicos; en cuanto proceda, buscarán la coordinación con los gobiernos estatal y federal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II

DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

 

ARTÍCULO 6°. El territorio del Estado de San Luis Potosí está dividido en cincuenta y ocho municipios, siendo éstos los siguientes:

 

1.           Ahualulco

2.           Alaquines

3.           Aquismón

4.           Armadillo de los Infante

5.           Axtla de Terrazas

6.           Cárdenas

7.           Catorce

8.           Cedral

9.           Cerritos

10.      Cerro de San Pedro

11.      Coxcatlán

12.      Ciudad del Maíz

13.      Ciudad Valles

14.      Ciudad Fernández

15.      Charcas

16.      Ebano

17.      El Naranjo

18.      Guadalcázar

19.      Huehuetlán

20.      Lagunillas

21.      Matehuala

22.      Matlapa

23.      Mexquitic de Carmona

24.      Moctezuma

25.      Rayón

26.      Rioverde

27.      Salinas

28.      San Antonio

29.      San Luis Potosí

30.      San Martín Chalchicuautla

31.      San Ciro de Acosta

32.      San Nicolás Tolentino

33.      San Vicente Tancuayalab

34.      Santa Catarina

35.      Santa María del Río

36.      Santo Domingo

37.      Soledad de Graciano Sánchez

38.      Tamasopo

39.      Tamazunchale

40.      Tampacán

41.      Tampamolón Corona

42.      Tamuín

43.      Tancanhuitz de Santos

44.      Tanlajás

45.      Tanquián de Escobedo

46.      Tierra Nueva

47.      Vanegas

48.      Venado

49.      Villa de Arista

50.      Villa de Arriaga

51.      Villa de Guadalupe

52.      Villa de la Paz

53.      Villa de Ramos

54.      Villa de Reyes

55.      Villa Hidalgo

56.      Villa Juárez

57.      Xilitla

58.      Zaragoza.

 

Los municipios antes citados, contarán para su administración y jurisdicción, con la extensión territorial y límites que actualmente tienen definidos, y tendrán su cabecera municipal en la población de su nombre.

 

ARTÍCULO 7°. Salvo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás ordenamientos aplicables, las controversias que se susciten entre uno o más municipios, entre éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial, serán resueltas por el Congreso del Estado conforme al siguiente procedimiento:

 

I. El Congreso del Estado recibirá a través de su Oficialía Mayor, por escrito, la solicitud de intervención para resolver la controversia, presentada por el Ejecutivo del Estado, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado o el ayuntamiento o ayuntamientos involucrados en el asunto de que se trate, según sea el caso. El escrito deberá contener cuando menos los siguientes requisitos y anexar la documentación siguiente:

 

a) Denominación y domicilio de la autoridad que presenta la solicitud;

 

b) Documentación que acredite la personalidad de los promoventes, y en su caso, copia certificada del Acta de Cabildo en la que se apruebe por el voto de las dos terceras partes de los integrantes del mismo, la presentación de la solicitud;

 

c) Antecedentes del caso y copia certificada de la documentación relacionada, si existiere;

 

d) Pruebas documentales y ofrecimiento de las demás que se estimen pertinentes;

 

e) Especificación de la materia de la controversia;

 

f) Consideraciones;

 

g) Fundamentos legales en que basen su razón; y

 

h) Lugar, fecha, nombre y firma del funcionario competente;

 

II. Una vez recibida la solicitud, se citará a los firmantes de la misma para que dentro del término de cinco días contados a partir de la recepción de la notificación respectiva, concurran al Congreso del Estado a ratificarla. En caso de que la denuncia no sea ratificada se desechará de plano;

 

III. Ratificada que sea la solicitud, se turnará al Pleno del Congreso del Estado o a la Diputación Permanente en su caso, para que dé cuenta de la misma en la sesión próxima inmediata. El Presidente del Congreso, la turnará a la Comisión correspondiente, para su estudio y dictamen;

 

IV. La Comisión Legislativa correrá traslado con la solicitud y documentos anexos a la o las partes en la controversia, las que contarán con un término de diez días hábiles para contestar lo que a su derecho convenga, acompañar las pruebas documentales que consideren procedentes y ofrecer las que deban desahogarse. En caso de no dar contestación dentro del término señalado, se asentará tal razón en el expediente y se continuará el procedimiento sin su intervención.

 

V. La Comisión una vez recibida la contestación, citará a las partes involucradas en la controversia, quienes podrán optar por concurrir personalmente o a través del funcionario con facultades resolutivas que designen para ello, para que se presenten al Congreso del Estado en la fecha y hora que la Comisión determine. Las partes citadas podrán en esta audiencia llegar a un acuerdo legal que será calificado por la Comisión; en caso de calificarse de procedente, el acuerdo se asentará en el dictamen respectivo concluyendo con ello el procedimiento;

 

VI. La Comisión, en caso de que no se llegue al acuerdo que se señala en la fracción anterior, notificará por escrito a las partes sobre la fecha, hora y lugar para el desahogo de las pruebas ofrecidas por las partes que haya lugar a desahogar, no pudiendo exceder esta etapa de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la audiencia antes citada;

 

VII. Agotada la etapa a que se refiere la fracción anterior, contarán las partes con un término común de cinco días hábiles para presentar los alegatos que a su derecho convenga, y

 

VIII. Desahogadas las pruebas y vencido el término para la presentación de los alegatos, la Comisión deberá emitir su dictamen dentro de los quince días naturales siguientes, presentándolo al Pleno en la sesión próxima inmediata a la conclusión del citado término, para su discusión y aprobación en su caso.

 

ARTÍCULO 8°. Para los efectos de su organización política y administrativa, los municipios se dividirán en cabeceras, delegaciones y comunidades, entendiéndose para efectos de la presente Ley por:

 

I. Cabecera municipal: el centro de población donde reside el Ayuntamiento;

 

II. Delegación municipal: la demarcación territorial declarada así por el Congreso del Estado, previa solicitud formulada por el Ayuntamiento respectivo, y

 

III. Comunidad: toda congregación de habitantes, distinta a las antes enunciadas.

 

ARTÍCULO 9°. En los municipios del Estado las localidades tendrán distinta categoría política, cuya denominación estará en función del número de habitantes, infraestructura y servicios con que cuenten, siendo éstas las siguientes.

 

I. Ciudad: Centro de población no menor de veinte mil habitantes; con servicios médicos y de policía; principales calles pavimentadas; edificios adecuados para oficinas municipales; mercado, cárcel y panteón; instituciones bancarias, industriales, comerciales y agrícolas; e instituciones de enseñanza preescolar, primaria, media y media superior;

 

II. Villa: Centro de población que cuente con más de siete mil quinientos mil habitantes; servicios médicos y de policía; principales calles pavimentadas; edificios adecuados para oficinas municipales; mercado, cárcel y panteón; e instituciones de enseñanza preescolar, primaria y media;

 

III. Pueblo: Centro de población que cuente con más de mil habitantes; más servicios públicos básicos, oficinas para las autoridades del lugar; panteón e instituciones de enseñanza preescolar y primaria, y

 

IV. Ranchería: Centro de población con menos mil habitantes.

 

El Congreso del Estado, previa solicitud del Ayuntamiento respectivo, otorgará la categoría que corresponda, cuya declaratoria deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado.

 

 

 

 

CAPITULO III

DE LOS HABITANTES DE LOS MUNICIPIOS

 

ARTÍCULO 10. Adquieren la calidad de habitantes del municipio, los avecindados en él con una residencia efectiva de más de seis meses.

 

ARTÍCULO 11. Los ciudadanos del municipio tendrán las obligaciones y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado.

 

 

TITULO SEGUNDO

DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

 

CAPITULO I

DE LA INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

ARTÍCULO 12. En cada Municipio habrá un Ayuntamiento de elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del Estado.

 

La competencia que otorga al gobierno municipal la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, la presente Ley y demás ordenamientos, se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva.

 

ARTÍCULO 13. Los ayuntamientos se integrarán mediante la aplicación de los principios de mayoría relativa, y de representación proporcional, de la forma siguiente:

 

I. El Municipio de San Luis Potosí con un Presidente, un regidor y dos síndicos de mayoría relativa y hasta catorce regidores de representación proporcional;

 

II. Los de Ciudad Valles, Matehuala, Rioverde, Soledad de Graciano Sánchez y Tamazunchale, con un Presidente, un regidor y dos síndicos de mayoría relativa, y hasta once regidores de representación proporcional, y

 

III. Los restantes municipios, con un Presidente, un regidor y un síndico de mayoría relativa, y hasta cinco regidores de representación proporcional.

 

Por cada Regidor y Síndico propietarios se elegirá un suplente.

 

En los municipios del Estado que cuenten con una población mayor de cuarenta mil habitantes, los síndicos deberán ser abogados titulados.

 

Ningún integrante del Ayuntamiento podrá ocupar cargo honorífico o remunerado de director, jefe de departamento o empleado del Municipio, ni ningún otro de sus organismos intermunicipales o paramunicipales, debiendo constreñirse su responsabilidad al ejercicio propiamente edilicio.

 

Los partidos políticos postulantes en las elecciones para la renovación de ayuntamientos, deberán presentar para su registro ante el organismo electoral que corresponda, la planilla de mayoría relativa y la lista de candidatos a regidores de representación proporcional.

 

ARTÍCULO 14. El Presidente Municipal, regidores y síndicos del Ayuntamiento electos por votación popular, no podrán ser reelectos para el período inmediato, ni las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos.

 

ARTÍCULO 15. Para ser miembro de un Ayuntamiento o Concejo Municipal en su caso, se requiere:

 

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos;

 

II. Ser originario del Municipio y con un año por lo menos de residencia efectiva en el mismo inmediata anterior a la fecha de la elección o designación, en su caso; o ser vecino del mismo, con residencia efectiva de dos años inmediata anterior al día de la elección o designación;

 

III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada, por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena privativa de libertad;

 

IV. No ser miembro de las fuerzas armadas o de policía que estén en servicio activo en el Estado, con cargo y atribuciones de mando en el municipio respectivo, a menos que separen de su cargo en el tiempo y forma que establece la ley de la materia, y

 

V. No ser ministro de culto religioso a menos que haya renunciado a su cargo en los términos que establece la ley de la materia.

 

ARTÍCULO 16. La Ley Electoral del Estado normará el proceso de preparación, desarrollo y verificación de las elecciones para la renovación de los ayuntamientos, así como el procedimiento para la asignación de regidurías de representación proporcional.

 

 

 

 

CAPITULO II

DE LA INSTALACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

ARTÍCULO 17. Los ayuntamientos serán electos para un período de tres años; se instalarán solemne y públicamente el día veintiséis de septiembre del año de su elección; sus miembros protestarán ante el Ayuntamiento saliente, representado por su Presidente o en su caso, por quien designe el Congreso del Estado.

 

ARTÍCULO 18. Para la instalación de los ayuntamientos se requerirá la presencia de cuando menos las dos terceras partes de sus miembros electos.

 

En caso de que por cualquier causa no se presentare el número de integrantes necesarios para llevar a cabo la instalación, se declararán en sesión permanente y mediante escrito signado por los miembros presentes, se mandará llamar a los suplentes de los que no se hubieren presentado, si los hubiera, para que acudan dentro de las tres horas siguientes del mismo día.

 

Si tampoco se presentaren los suplentes, tratándose de regidores de representación proporcional, se llamará en términos del párrafo anterior al que le siga en la lista, y si tampoco se presentare se llamará a su suplente y así sucesivamente hasta agotar la lista respectiva. Si realizado lo anterior aún no se completare el quórum que señala el primer párrafo de este artículo, pero se encuentran presentes por lo menos la mitad de los integrantes del Ayuntamiento, se llevará a cabo la instalación.

 

Los miembros propietarios que no se hubieren presentado a la sesión de instalación, se entenderá por ese hechos, que renuncian al ejercicio del mandato, salvo cuando dicha inasistencia se justifique debidamente dentro de los tres días siguientes al de la instalación; si no lo hicieren, serán suplidos en forma definitiva por sus suplentes que hayan acudido.

 

Si la instalación no fuere posible en términos de los párrafos anteriores, se dará aviso al Congreso del Estado para que proceda conforme lo establece la Constitución Política del Estado.

 

ARTÍCULO 19. El Ayuntamiento saliente dará posesión de las oficinas, bienes y fondos municipales, así como de los inventarios, en los términos de la Ley de Entrega Recepción de los Recursos Públicos del Estado, a los miembros del nuevo Ayuntamiento. Inmediatamente después, el Presidente Municipal saliente o quien haya sido designado por el Congreso del Estado, tomará la protesta del nuevo Ayuntamiento en los siguientes términos: “Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley Orgánica del Municipio Libre, las demás disposiciones que de ellas emanen y desempeñar fielmente los cargos que el pueblo de este Municipio les ha conferido” (los interpelados contestarán: “Sí protesto”) “Si así no lo hicieran, que el pueblo se los demande”.

 

Rendida la protesta de ley, el Presidente Municipal dará lectura al programa de trabajo que se propone realizar el Ayuntamiento durante el período de su gestión. Acto seguido, en la misma sesión, el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, designará conforme a lo dispuesto en las fracciones V del artículo 70 y XXIV del inciso C) del artículo 31 de la presente Ley, al Secretario, al Tesorero, al Contralor y en su caso al Oficial Mayor y delegados municipales; levantándose la respectiva Acta de Cabildo.

 

ARTÍCULO 20. El Ayuntamiento residirá en la cabecera del Municipio. Podrá funcionar temporal o permanentemente en otro centro de población del propio Municipio, mediante la aprobación del Pleno del Cabildo y con el acuerdo del Congreso del Estado.

 

 

CAPITULO III

DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

ARTÍCULO 21. Para resolver los asuntos de su competencia los ayuntamientos celebrarán sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes.

 

I. Las sesiones ordinarias se llevarán a cabo por lo menos una vez por mes, y se permitirá el libre acceso al público y a los servidores del ayuntamiento; excepto cuando por acuerdo del Cabildo y por la naturaleza de los asuntos a tratar deba tener el carácter de privada;

 

II. Las sesiones extraordinarias se llevarán a cabo cuando se considere que debe tratarse algún o algunos asuntos que requieran urgente resolución. En las sesiones extraordinarias se tratarán exclusivamente los asuntos que las hayan motivado, y

 

III. Las sesiones solemnes serán las que determine el Cabildo para la conmemoración de aniversarios históricos y para la presentación de los informes anuales que deba rendir el Presidente Municipal, o cuando ocurran representantes de los Poderes del Estado, de la Federación o personalidades distinguidas.

 

Las sesiones podrán llevarse a cabo previa solicitud de por lo menos una tercera parte de los integrantes del Ayuntamiento, cuando por cualquier motivo el Presidente Municipal se encuentre imposibilitado o se niegue a hacerlo.

 

ARTÍCULO 22. El Ayuntamiento podrá realizar las sesiones antes citadas, fuera del recinto oficial del Cabildo dentro de su circunscripción territorial cuando lo considere conveniente, mediante acuerdo de sus integrantes que harán público. Asimismo podrá realizarlas con la finalidad de escuchar y consultar a la ciudadanía para la atención y solución de sus necesidades y problemas colectivos, así como sobre todo aquello que coadyuve al desarrollo de la comunidad. A estas sesiones deberá convocarse a la ciudadanía y podrá invitarse a representantes de los poderes del Estado, de la Federación y servidores públicos municipales.

 

Los ayuntamientos no podrán sesionar en recintos de organismos políticos o religiosos.

 

ARTÍCULO 23. A las sesiones ordinarias deberá citarse a los integrantes del Cabildo con por lo menos cuarenta y ocho horas de anticipación.

 

Para el caso de sesiones extraordinarias deberá citarse a los integrantes del Ayuntamiento, cuando menos con veinticuatro horas de anticipación, debiendo acompañar al citatorio el orden del día correspondiente al cual deberá ajustarse la sesión.

 

ARTÍCULO 24. Los integrantes del Ayuntamiento no podrán excusarse de asistir a las sesiones, sino por causa justificada y previo aviso por escrito al Cabildo.

 

ARTÍCULO 25. Los ayuntamientos podrán sesionar con la asistencia de más de la mitad de sus integrantes quienes tendrán los mismos derechos. Presidirá las sesiones el Presidente Municipal, debiendo tomarse los acuerdos por mayoría de votos; teniendo éste voto de calidad cuando haya empate; en su caso, el voto de calidad lo tendrá quien lo sustituya.

 

ARTÍCULO 26. Si alguno de los miembros del Ayuntamiento tuviere un interés directo o indirecto en algún asunto de los que se vayan a tratar, deberá manifestarlo y ausentarse de la sala de sesiones durante la discusión y resolución del mismo.

 

La infracción a lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa de responsabilidad y se sancionará en los términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

ARTÍCULO 27. A solicitud de los ayuntamientos el Gobernador del Estado podrá asistir a las sesiones de Cabildo y podrá tomar parte en las discusiones.

 

ARTÍCULO 28. El resultado de las sesiones se hará constar por el Secretario en un libro de actas, en donde quedarán anotados los extractos de los asuntos tratados y el resultado de las votaciones. Cuando el acuerdo de los ayuntamientos se refiera a normas de carácter general, tales como reglamentos, bandos o iniciativas de leyes, éstos constarán íntegramente en el libro de actas. En los otros casos, además del extracto bastará con que los documentos relativos al asunto tratado se agreguen al apéndice del libro de actas. En ambos casos deberán firmar los miembros que hubieren estado presentes.

 

ARTÍCULO 29. Los reglamentos, bandos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general que expidan los ayuntamientos dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, que deriven de la presente Ley y de las demás en materia municipal que de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Constitución del Estado expida el Congreso Local, complementarán en lo conducente las disposiciones de las mismas y asegurarán en cuanto corresponda, la participación ciudadana y vecinal.

 

La facultad de presentar las iniciativas correspondientes a las normas que deriven de lo consignado en el párrafo anterior corresponde:

 

I. Al Presidente Municipal, regidores y síndicos;

 

II. A las comisiones de Cabildo colegiadas o individuales, y

 

III. A los ciudadanos vecinos del municipio.

 

Las iniciativas correspondientes al presupuesto de egresos y sus reformas sólo podrá presentarse por los miembros del Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 30. La expedición de las normas a que se refiere el artículo anterior se sujetará al siguiente procedimiento:

 

I. En la discusión para la aprobación de las normas a que se refiere el artículo anterior, podrán participar únicamente los integrantes del Cabildo y el Secretario General del Ayuntamiento, éste último sólo con voz informativa;

 

Cuando se rechace por el Cabildo la iniciativa de una norma municipal, ésta no podrá volver a presentarse para su estudio sino transcurridos por lo menos seis meses desde el acuerdo de la negativa;

 

II. Para aprobar un proyecto de norma municipal se requerirá el voto en sentido afirmativo, tanto en lo general como en lo particular, de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento que participen en la sesión en que sea sometido a votación;

 

III. La norma aprobada en los términos de la fracción anterior se pasará al Presidente Municipal para su promulgación obligatoria;

 

IV. Las normas expedidas por los ayuntamientos que sean de observancia general, serán obligatorias a partir de su publicación, salvo disposición en contrario, la que deberá hacerse en el Periódico Oficial del Estado, así como en lugares públicos y visibles de la cabecera municipal y en su caso delegaciones, lo que certificará el Secretario del Ayuntamiento, y

 

V. Los reglamentos emanados de los ayuntamientos podrán modificarse en cualquier tiempo, siempre que se cumpla con los requisitos de su aprobación, promulgación y publicación.

 

 

CAPITULO IV

DE LAS FACULTADES DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

ARTÍCULO 31. Son facultades y obligaciones de los ayuntamientos:

 

a) En materia de Planeación:

 

I. Constituir a través de la dependencia correspondiente, al inicio de su gestión, el Comité de Planeación y Desarrollo Municipal, atendiendo las sugerencias de los sectores social y privado cuyas opiniones se hayan solicitado previamente; dicho Comité promoverá la coordinación con los planes nacionales y estatales de desarrollo;

 

II. Formular y actualizar los programas municipales de desarrollo urbano con sujeción a las leyes estatales y federales, en los cuales se deberán incluir estadísticas y datos sociológicos;

 

III. Colaborar en el fortalecimiento del desarrollo rural; al incremento de la producción agrícola y ganadera; así como al impulso de la organización económica de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, con el propósito de cumplir con las atribuciones que le asignan las leyes reglamentarias del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los ayuntamientos deberán ejercitarlas, dictando a su vez las disposiciones legales que aseguren el cumplimiento de los programas agrarios;

 

IV. Acordar la colaboración con otros municipios, con el Estado o con los particulares sobre programas de beneficio a la población;

 

V. Autorizar mediante el acuerdo de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes, los empréstitos, gravámenes o enajenaciones de los bienes municipales, y en general las deudas que puedan pagarse dentro de su ejercicio o fuera de éste con aprobación del Congreso del Estado, observando en todo caso lo previsto en la Ley de Deuda Pública Municipal;

 

VI. Autorizar mediante el acuerdo de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes, los contratos, concesiones de obras o servicios municipales, en los términos de lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y demás ordenamientos aplicables, solicitando en su caso la aprobación del Congreso del Estado;

 

VII. Participar en el ámbito de su competencia, de conformidad con las leyes federales y estatales de la materia, y en coordinación con la Federación y el Estado, en la planeación y regularización del desarrollo de los centros urbanos involucrados en procesos de conurbación;

 

VIII. Participar en la formulación de planes de desarrollo regional, que deberán estar en concordancia con los planes generales en la materia;

 

IX. Contar con plano de la cabecera municipal, en el que se indique el fundo legal y la ubicación de los bienes inmuebles de su patrimonio; asimismo, contar con un plano del municipio y de la cabecera municipal en el que se indiquen los usos de suelo, debiendo actualizarlo por lo menos en forma bianual;

 

X. Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y zonas de reserva ecológica, y en la elaboración y aplicación de programas de ordenamiento en esta materia;

 

XI. Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, y emitir las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios;

 

XII. Celebrar con el acuerdo previo de las dos terceras partes de sus integrantes, convenios con la Federación para la administración y custodia de las zonas federales;

 

XIII. Intervenir en la formulación y aplicación de programas de transporte público de pasajeros, cuando éstos afecten su ámbito territorial, y

 

XIV. Asociarse en comisiones intermunicipales para enfrentar problemas comunes, para la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos, concesiones de éstos, administración de ingresos y egresos o la asunción de atribuciones, a través de la celebración de los convenios respectivos.

 

b) En materia Normativa:

 

I. Expedir y publicar bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones municipales conforme al procedimiento que establece la presente Ley;

 

II. Iniciar leyes y sus reformas ante el Congreso del Estado, en asuntos de competencia municipal;

 

III. Intervenir ante toda clase de autoridades, cuando por disposiciones de tipo administrativo se afecten intereses municipales;

 

IV. Dividir la demarcación territorial municipal para efectos administrativos;

 

V. Otorgar con la aprobación del Congreso del Estado, previo cumplimiento de los requisitos necesarios, la categoría política y denominación que les corresponda a los centros de población conforme a esta Ley;

 

VI. Formular y remitir al Congreso del Estado para su aprobación, a más tardar el quince de noviembre de cada año, su proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal siguiente. De no hacerlo así, se tomarán como iniciativas las leyes que hubiesen regido durante el año fiscal inmediato anterior. Los integrantes del ayuntamiento que incumplan con esta obligación serán sancionados de conformidad con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí y demás ordenamientos que sean aplicables.

 

VII. Los ayuntamientos podrán solicitar al Congreso del Estado las modificaciones que a su juicio ameriten las leyes de ingresos ya aprobadas;

 

VIII. Remitir anualmente al Congreso del Estado, durante el mes de enero de cada año, el inventario general de bienes muebles e inmuebles de su propiedad, para efectos del control y registro de los mismos;

 

IX. Aprobar el presupuesto anual de egresos; así como la cuenta pública municipal anual que le presente el Tesorero del Ayuntamiento, remitiéndola al Congreso del Estado para su revisión y fiscalización, a más tardar el día 31 de enero del año siguiente al del ejercicio.;

 

X. Proponer para su aprobación al Congreso del Estado, las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria;

 

XI. Reglamentar los espectáculos públicos, la publicidad y anuncios, vigilando que se desarrollen conforme a derecho, a la moral y a las buenas costumbres, y

 

XII. Formular y aprobar su reglamento interno.

 

c) En materia Operativa:

 

I. Solicitar al Ejecutivo del Estado, previo acuerdo aprobado por lo menos por las dos terceras partes de sus integrantes, y a través del Presidente Municipal, la expropiación de bienes por causa de utilidad pública;

 

II. Nombrar a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario, al Tesorero, al Contralor y, en su caso, al Oficial Mayor, y removerlos por causa justificada;

 

III. Acordar con la aprobación de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, previamente a la autorización del Congreso del Estado, la concesión de los bienes y servicios públicos municipales. En ningún caso podrán concesionarse los de seguridad pública, policía preventiva municipal y tránsito;

 

IV. Asignar a cada miembro del Ayuntamiento las comisiones relativas a los ramos de la administración municipal;

 

V. Conceder por causa debidamente justificada y calificada, aprobada por lo menos por las dos terceras partes de sus integrantes, licencia al Presidente Municipal, cuando ésta sea por un término mayor de diez días naturales. Si la ausencia fuese menor de este término, bastará que dé aviso por escrito al Ayuntamiento;

 

VI. Nombrar en los casos en que proceda, Presidente municipal interino o sustituto, según sea el caso, de entre los miembros del Ayuntamiento;

 

VII. Solucionar dificultades con otros ayuntamientos cuando las hubiere; y si el caso lo ameritare ocurrir al Congreso del Estado para la resolución del asunto;

 

VIII. Conceder a los regidores y síndicos por causa debidamente justificada, permiso para ausentarse hasta por diez días naturales. Si el término es mayor deberá sujetarse a lo dispuesto en la fracción V de este inciso.

 

IX. Administrar responsable y libremente su hacienda, así como los bienes destinados al servicio público municipal;

 

X. Determinar el monto de apoyo económico que le corresponderá al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para el cumplimiento de sus acciones asistenciales; así como revisar el ejercicio y aplicación de dicho presupuesto;

 

XI. Adquirir bienes en cualquiera de las formas previstas por la ley de la materia;

 

XII. Prevenir y combatir en coordinación con las autoridades competentes, el alcoholismo, la prostitución, la adicción a las drogas y toda actividad que implique una conducta antisocial según las leyes del país y los tratados internacionales;

 

XIII. Solicitar previo acuerdo aprobado por lo menos por las dos terceras partes de sus integrantes, al Congreso del Estado, la incorporación o desafectación de un bien del dominio público y su cambio de destino;

 

XIV. Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana en los términos que establezca la ley;

 

XV. Señalar un destino diverso a las partidas presupuestales no agotadas, cumpliendo en todo caso con lo previsto en la Ley de Deuda Pública Municipal;

 

XVI. Celebrar convenios para la seguridad social de sus trabajadores con las instituciones del ramo;

 

XVII. Proveer lo necesario en auxilio de las autoridades competentes, para el cumplimiento de las disposiciones en materia del servicio militar nacional y seguridad pública;

 

XVIII. Infraccionar a las personas físicas o morales por violaciones a las leyes, bandos y reglamentos municipales vigentes;

 

XIX. Procurar la protección legal de las etnias en sus jurisdicciones, y tomar en consideración la opinión de las comunidades en las decisiones del Ayuntamiento que les afecten, respetando sus tradiciones y costumbres; así como atender diligentemente las necesidades de las clases más desprotegidas socialmente;

 

XX. Atender conforme a lo dispuesto por la ley, las recomendaciones y recursos que sobre la protección y respeto de los derechos humanos emitan las comisiones estatal y nacional;

 

XXI. Disponer la realización del peritaje técnico a aquellos inmuebles que por su deterioro representen riesgo para la población, y promover en su caso, los procedimientos judiciales para su demolición o reparación en los términos de ley;

 

XXII. Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales, conforme a las leyes federales y estatales relativas;

 

XXIII. Constituir dentro de los primeros treinta días del inicio de la administración, el Consejo Municipal de Protección Civil, con el objeto de prevenir y actuar en casos de riesgo, siniestro o desastre en coordinación con las autoridades del Estado y la Federación. A este organismo concurrirán los sectores público, social y privado, con las funciones y atribuciones que para el efecto señalen la Ley de Protección Civil del Estado y el Reglamento Municipal correspondiente;

 

XXIV. Designar por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, a propuesta del Presidente Municipal, a los delegados municipales que correspondan según sea el caso, y

 

XXV. Las demás que señalen la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

 

ARTÍCULO 32. Quedan impedidos los ayuntamientos para:

 

I. Celebrar acto o contrato alguno que tenga por objeto enajenar o gravar en cualquier forma los bienes y servicios públicos del Municipio, así como para celebrar empréstitos o contratos en general, cuya duración exceda del término de su ejercicio, sin tener la autorización del Congreso del Estado;

 

II. Cobrar contribuciones, y otorgar exenciones y subsidios que no estén establecidos en su Ley de Ingresos;

 

III. Imponer sanciones administrativas por violaciones a los reglamentos municipales, que excedan los límites a que se refiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

IV. Ejercer su facultad reglamentaria invadiendo las esferas de competencia de las autoridades federales, estatales o de otros municipios;

 

V. Retener o destinar a fines distintos la cooperación que en numerario o en especie, aporten los particulares para la realización de obras de utilidad pública, y

 

VI. Autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos.

 

 

CAPITULO V

DE LA SUSPENSIÓN Y DESAPARICIÓN DEFINITIVA DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

ARTÍCULO 33. Para declarar la suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, se requerirá el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, previa audiencia de los afectados.

 

Procede declarar desaparecido un Ayuntamiento cuando el cuerpo edilicio se haya desintegrado, o cuando no sea legal o materialmente posible el ejercicio de sus funciones, conforme al orden constitucional.

 

Para los efectos de este artículo, se entiende que el cuerpo edilicio se ha desintegrado cuando por cualquier causa no sea posible reunir quórum legal para sesionar por tres o más veces consecutivas, siempre que no procediere que entraren en funciones los suplentes conforme a esta Ley.

 

Se considera que no es legal o materialmente posible el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento conforme al orden constitucional, cuando por cualquier causa se realicen actos o se incurra en omisiones que contravengan las disposiciones constitucionales y se puedan afectar los intereses del Estado o del municipio.

 

ARTÍCULO 34. Son causas para la suspensión de un Ayuntamiento, las contenidas en el artículo 121 de la Constitución Política del Estado.

 

ARTÍCULO 35. En caso de declararse suspendido o desaparecido un Ayuntamiento, se atenderá a lo dispuesto por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado, conforme al procedimiento establecido en los siguientes artículos de este Capítulo.

 

ARTÍCULO 36. La petición para que el Congreso del Estado conozca de las causas de suspensión o desaparición de un Ayuntamiento, podrá ser formulada por el Ejecutivo del Estado, por los diputados o por ciudadanos del Municipio.

 

ARTÍCULO 37. Recibida la petición, previa la integración de los elementos necesarios, el Congreso la turnará a la Comisión correspondiente, la que citará al Ayuntamiento a una audiencia que se llevará a cabo ante la propia Comisión, en la fecha que al efecto se señale.

 

ARTÍCULO 38. En dicha audiencia el Ayuntamiento por conducto de quien legalmente lo represente, contando con la presencia de sus defensores si de ellos se hace acompañar, podrá rendir en forma verbal o escrita las pruebas que estime conducentes y alegar lo que al interés del Ayuntamiento convenga.

 

ARTÍCULO 39. Celebrada la audiencia, la Comisión dictaminadora formulará el dictamen de resolución a fin de turnarlo al Pleno, el cual resolverá lo conducente por el voto de por lo menos las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado; en todo caso, la resolución deberá ser dictada dentro de los quince días naturales siguientes a la recepción de la petición.

 

ARTÍCULO 40. En los recesos del Congreso del Estado, la Diputación Permanente convocará de inmediato a período extraordinario para efectos de lo anterior, en cuyo caso el término para que se dicte la resolución se computará a partir de la fecha de inicio del período.

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO VI

DE LA SUSPENSIÓN Y REVOCACIÓN DEL MANDATO

DE ALGÚN MIEMBRO DEL AYUNTAMIENTO

 

ARTÍCULO 41. El Congreso del Estado, previo procedimiento, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá declarar la suspensión hasta por un año conforme a la gravedad de la falta a alguno o algunos de los miembros de un Ayuntamiento, por cualquiera de las siguientes causas:

 

I. Por faltar consecutivamente a más de tres sesiones de Cabildo sin causa justificada;

 

II. Por la instauración de los procedimientos de juicio político o responsabilidad administrativa, a que se refiere la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, y

 

III. Por incapacidad física o legal que le impida cumplir con su responsabilidad.

 

ARTÍCULO 42. El Congreso del Estado, previo procedimiento, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá revocar definitivamente su mandato conforme a la gravedad de la falta a alguno o algunos de los miembros de un Ayuntamiento, por cualquiera de las siguientes causas:

 

I. Por infringir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado y los ordenamientos legales locales, ocasionando con ello perjuicio grave al Estado, al Municipio o a la colectividad;

 

II. Por desatender sistemáticamente las funciones y obligaciones derivadas de su cargo;

 

III. Por abuso de autoridad, realización de actos que alteren el orden, la tranquilidad, la seguridad de la comunidad o de alguno de los habitantes del Municipio, declarada judicialmente;

 

IV. Por usurpar funciones o atribuciones públicas;

 

V. Por utilizar su autoridad o influencia oficial para hacer que los votos en las elecciones recaigan en determinada persona o personas;

 

VI. Por ordenar la privación de la libertad de las personas fuera de los casos previstos por la ley;

 

VII. Por sentencia ejecutoriada dictada por delito doloso;

 

VIII. Por disponer ilegalmente de caudales públicos y bienes del patrimonio municipal, y

 

IX. Por realizar actos que impliquen violaciones sistemáticas a los planes y programas oficiales.

 

 

CAPITULO VII

DE LA SUPLENCIA DE LOS MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS

Y DELEGADOS MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 43. En las faltas temporales del Presidente Municipal que no excedan de sesenta días naturales, será suplido por el Primer Regidor, y en ausencia o declinación expresa de éste, por los que le sigan en orden numérico.

 

En las ausencias temporales que excedan de sesenta días naturales, o ante la falta definitiva del Presidente Municipal, el Ayuntamiento designará de entre sus miembros a un interino o un sustituto, según sea el caso.

 

Las solicitudes de licencia que presente el Presidente Municipal se harán por escrito; las que sean para ausentarse por más de diez días naturales del cargo, sólo se concederán por causa debidamente justificada y con la calificación y aprobación de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento. En todos los casos las licencias deberán precisar su duración.

 

Tratándose de otros miembros del Ayuntamiento se procederá de la siguiente manera:

 

I. Los regidores y los síndicos no se suplirán cuando se trate de faltas menores a los diez días naturales y mientras no se afecte el número necesario para la integración del quórum en el Ayuntamiento;

 

II. Cuando el número de miembros no sea suficiente para la integración del quórum, o la falta excediera del plazo indicado en la fracción anterior, se llamará a los suplentes respectivos quienes rendirán protesta antes de asumir el cargo.

 

En el supuesto de que el suplente no comparezca a rendir protesta dentro de las dos sesiones ordinarias de Cabildo siguientes a la citación que se le haya hecho, no obstante previo requerimiento de presentación por notificación personal, en caso de regidores de representación proporcional, el Cabildo mandará cubrir la vacante a la persona que siga en el orden de la lista que hubiese registrado el partido político correspondiente ante el organismo electoral.

 

A falta de quórum en el Cabildo, el llamado a los suplentes lo hará el Presidente Municipal o en ausencia de éste, el Secretario del Ayuntamiento a solicitud de miembros del Cabildo;

 

III. En faltas menores de diez días naturales se requerirá autorización del Presidente Municipal. Las licencias temporales que excedan de este término serán puestas a la consideración del Cabildo quien resolverá lo conducente, y

 

IV. La falta definitiva del Delegado Municipal será cubierta por el Secretario quien será designado Delegado por el Ayuntamiento. La ausencia definitiva del Secretario designado Delegado, será cubierta por la persona que designe el Cabildo, a propuesta del Presidente Municipal.

 

 

TITULO TERCERO

DE LOS CONCEJOS MUNICIPALES

 

 

CAPÍTULO ÚNICO

 

ARTÍCULO 44. Los Concejos Municipales designados por el Congreso del Estado en los casos que establece la Constitución Política del Estado, se formarán por un número de concejales igual al de regidores que conforme a esta Ley debe tener el municipio de que se trate.

 

Los concejales designados deberán reunir los requisitos que establece la Constitución del Estado para ser miembro de un Ayuntamiento.

 

El decreto de creación del Concejo determinará la fecha de inicio y conclusión del ejercicio de funciones del mismo, y los cargos que desempeñará cada concejal, debiendo designarse también a los suplentes.

 

ARTÍCULO 45. El Concejo designado tendrá la misma organización interna y funciones que corresponden a los ayuntamientos, y sus integrantes asumirán las atribuciones y obligaciones análogas a las que corresponden al Presidente Municipal, regidores y síndicos, respectivamente.

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO CUARTO

DE LA FORMACION, FUSION Y SUPRESION

DE MUNICIPIOS Y DELEGACIONES MUNICIPALES

 

 

CAPITULO I

GENERALIDADES

 

ARTÍCULO 46. Corresponde al Congreso del Estado erigir, fusionar o suprimir municipios y delegaciones municipales, con base en criterios de orden demográfico, político, social y económico; fijar sus límites territoriales y resolver las diferencias que se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios.

 

 

CAPITULO ll

DE LA FORMACIÓN DE MUNICIPIOS Y

DELEGACIONES MUNICIPALES

 

 

SECCION l

DE LOS REQUISITOS PARA LA FORMACIÓN DE MUNICIPIOS

 

ARTÍCULO 47. El Congreso del Estado podrá otorgar la categoría de municipio a los centros de población que por sí solos o unidos a otros cumplan los siguientes requisitos:

 

I. Que medie solicitud por escrito de los interesados, respaldada con el nombre, las firmas y el número de credencial de elector, de cuando menos el veinticinco por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores de la circunscripción territorial que se pretenda erigir como municipio. Asimismo, en la solicitud deberá señalarse el nombre con el que pretenda denominarse el nuevo municipio;

 

II. Que tengan un censo de población no menor de veinte mil habitantes;

 

III. Que cuenten con los recursos económicos suficientes para cubrir las erogaciones que requiera la administración pública municipal, de acuerdo a los estudios que los sectores interesados presenten como prueba, sujeta a la comprobación del propio Congreso del Estado;

 

IV. Que el centro de población señalado como cabecera municipal, cuente con los inmuebles e instalaciones necesarios para el funcionamiento de los servicios públicos municipales que establece la Constitución Política del Estado;

 

V. Que los centros de población que lo integren, cuando sean varios, estén debidamente comunicados;

 

VI. Que se tome en cuenta, mediante plebiscito, la opinión ciudadana del municipio o municipios en que se encuentre la fracción territorial que pretende erigirse como municipio;

 

VII. Que se tome en cuenta la opinión, expresada por escrito, del Ejecutivo del Estado así como de los ayuntamientos afectados por la posible creación del municipio, los que deberán emitirla dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en la que el Congreso del Estado les comunique la solicitud, y

 

VIIII. Que a criterio del Congreso del Estado no se perjudique la subsistencia de los demás municipios.

 

ARTÍCULO 48. A la solicitud de creación de un municipio deberán acompañarse los siguientes documentos:

 

I. Una lista con el nombre, la firma y el número de credencial de elector de los ciudadanos a que se refiere la fracción I del artículo anterior;

 

II. Monto estimado de los ingresos y egresos que pueda tener la hacienda pública municipal;

 

III. Relación de edificios y terrenos con que se cuente para oficinas y la prestación de los servicios públicos municipales, que deberán ser cuando menos, mercados, rastro, policía, cárcel y panteón; así como escuelas que atiendan al menos la educación preescolar, primaria y secundaria; servicios médicos; instituciones bancarias, industriales, comerciales y agrícolas, ubicadas en el poblado que se señale como cabecera municipal;

 

IV. Descripción de las vías de comunicación entre el poblado que se proponga como cabecera municipal con la capital del Estado, y con los demás centros de población que vayan a formar parte del nuevo municipio, y

 

V. Nombres, categorías políticas, censos de población, agropecuarios, comerciales e industriales, del poblado o de los poblados que se propongan para la integración del nuevo municipio; así como la descripción de sus perímetros y límites territoriales.

 

ARTÍCULO 49. El Congreso del Estado podrá solicitar a las autoridades municipales o a los ciudadanos requirentes, los datos adicionales que estime necesarios para resolver sobre la creación del municipio.

 

ARTÍCULO 50. En la creación de municipios se evitará que los centros de población afectados quebranten su unidad social, cultural o geográfica; se reduzca a menos de veinte mil habitantes la población del o los municipios afectados o se disminuyan los ingresos de éstos en forma tal que sean insuficientes para cubrir las erogaciones de su administración pública.

 

 

SECCION II

DEL PROCEDIMIENTO PARA LA FORMACIÓN DE MUNICIPIOS

 

ARTÍCULO 51. Cumplidos los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, el Congreso del Estado verificará aquellos en los que haya lugar a desahogo y previa valoración de todos y cada uno de los mismos, procederá en su caso, a decretar la creación del municipio, fijar sus límites territoriales, señalar su cabecera municipal y dar a éste el nombre correspondiente.

 

ARTÍCULO 52. El Concejo Municipal del nuevo municipio será designado por el Congreso del Estado de conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado, el cual fungirá hasta la fecha en que deba tomar posesión el Ayuntamiento que resulte electo en las elecciones municipales que se realicen, conforme a los plazos y términos señalados por las disposiciones electorales respectivas.

 

 

SECCION III

DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTO

PARA LA CREACIÓN

DE DELEGACIONES MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 53. Los ayuntamientos de los municipios de la Entidad podrán solicitar al Congreso del Estado, la creación de delegaciones municipales dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales debiendo cumplir los siguientes requisitos:

 

I. Presentar la solicitud exponiendo los motivos para la creación de la Delegación de que se trate;

 

II. Señalar el nombre de la Delegación que se pretende crear y acompañar la documentación necesaria para determinar la delimitación territorial de la misma;

 

III. Acompañar el Acta de Cabildo en la que se haya aprobado solicitar al Congreso del Estado la creación de la Delegación Municipal respectiva;

 

IV. Acreditar que la circunscripción territorial de la Delegación que se pretende crear, cuenta por lo menos con cinco mil habitantes, y

 

V. Acreditar que en la Delegación que se pretende crear, se cuenta por lo menos con servicios médicos y de policía; edificios adecuados para las oficinas delegacionales; mercado, cárcel y panteón; así como escuelas de enseñanza preescolar y de educación básica.

 

ARTÍCULO 54. Una vez verificado por el Congreso del Estado el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior, decretará en su caso, la creación de la Delegación Municipal correspondiente, estableciendo el nombre y delimitación territorial de la misma.

 

 

CAPITULO III

DE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS Y

DELEGACIONES MUNICIPALES

 

 

SECCION I

DE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS

 

ARTÍCULO 55. Los ayuntamientos de dos o más municipios podrán solicitar al Congreso del Estado la fusión de los mismos, debiendo cumplir los siguientes requisitos:

 

I. Exponer por escrito los motivos en los que funden su petición;

 

II. Acreditar que los municipios que pretendan fusionarse están debidamente comunicados, y

 

III. Señalar la cabecera municipal y el nombre que ha de adoptar el nuevo municipio.

 

ARTÍCULO 56. Una vez recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, el Congreso del Estado determinará:

 

I. Que se tome en cuenta mediante plebiscito, la opinión ciudadana de los habitantes de los municipios que pretendan fusionarse, y

 

II. Que se tome en cuenta la opinión expresada por escrito al Congreso del Estado, del Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos colindantes a los que pretendan fusionarse, los que deberán emitirla dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha en la que se les comunique la solicitud.

 

ARTÍCULO 57. Verificados y valorados los requisitos a que se refieren los artículos anteriores, el Congreso del Estado procederá, en su caso, a decretar la desaparición de los municipios y sus ayuntamientos solicitantes, y la creación del nuevo municipio señalando cuál será su cabecera municipal y el nombre correspondiente.

 

Asimismo, procederá a designar conforme a la Constitución Política del Estado, al Concejo Municipal que concluirá el período constitucional iniciado por los ayuntamientos fusionados.

 

ARTÍCULO 58. El Congreso del Estado podrá por sí mismo, decretar la fusión de dos o más municipios cuando lo considere conveniente, con base a las atribuciones que le otorga la Constitución Política del Estado, debiendo consultar en todo caso a los ciudadanos de los municipios afectados, mediante plebiscito.

 

 

SECCION II

DE LA FUSIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 59. Para solicitar al Congreso del Estado la fusión de dos o más delegaciones municipales, el Ayuntamiento respectivo deberá cubrir los siguientes requisitos:

 

I. Exponer por escrito los motivos en los que funden su petición, acompañando el acta de Cabildo en la que se haya aprobado realizar dicha solicitud al Congreso del Estado;

 

II. Acreditar que las delegaciones que pretendan fusionarse están debidamente comunicadas, y

 

III. Señalar el nombre que ha de adoptar la delegación que se pretende conformar con las preexistentes.

 

ARTÍCULO 60. Valorada la conveniencia de la fusión de las delegaciones solicitada por el Ayuntamiento, el Congreso del Estado procederá, en su caso, a decretar la desaparición de las delegaciones preexistentes, y la creación de la nueva delegación señalando su denominación y delimitación territorial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV

DE LA SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS

Y DELEGACIONES MUNICIPALES

 

 

SECCION I

DE LA SUPRESIÓN DE MUNICIPIOS

 

ARTÍCULO 61. El Ejecutivo del Estado, el Ayuntamiento correspondiente o los diputados locales, podrán solicitar al Congreso del Estado, la supresión de un municipio cuando exista probada incapacidad económica para el sostenimiento de su administración o la notoria disminución de sus habitantes.

 

ARTÍCULO 62. Al acordarse la supresión de un municipio, la Legislatura determinará a cuál o cuáles de los municipios colindantes se agregarán los centros de población y territorio que lo formaban, procurando su unidad social, cultural y geográfica.

 

 

SECCION II

DE LA SUPRESIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 63. Los ayuntamientos podrán solicitar al Congreso del Estado, la supresión de una o más de sus delegaciones municipales cuando dejaren de cumplir alguno de los requisitos que establece el artículo 53 de esta Ley o cuando así lo consideren conveniente para la administración municipal.

 

ARTÍCULO 64. El Congreso del Estado, previa valoración de la conveniencia de la supresión de la delegación municipal solicitada, la decretará señalando en su caso la situación de las comunidades que la conformaban.

 

 

CAPITULO V

DE LA FIJACIÓN DE LÍMITES MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 65. El Congreso del Estado establecerá los límites de los municipios de la Entidad, y resolverá las diferencias que se presenten al respecto sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios.

 

ARTÍCULO 66. Los municipios deberán someter a la aprobación del Congreso del Estado, los convenios que en su caso pretendan celebrar para arreglar las diferencias de sus respectivos límites territoriales,

 

ARTÍCULO 67. Los convenios aprobados por el Congreso del Estado en los que se fijen los límites de los municipios y las resoluciones dictadas en los casos de diferencia, serán publicados en el Periódico Oficial del Estado.

 

ARTÍCULO 68. Los centros de población afectados, los ayuntamientos o los interesados en todas las cuestiones a que se refiere este título, podrán hacer valer sus derechos ante el Congreso del Estado, personalmente o a través de su representante común según sea el caso, o por conducto del Presidente Municipal y del Síndico del Ayuntamiento respectivo.

 

ARTÍCULO 69. Las resoluciones del Congreso del Estado por las que se ponga fin a los conflictos de límites municipales y los convenios que sean aprobados por ésta, no admitirán recurso alguno.

 

 

TITULO QUINTO

DE LAS AUTORIDADES MUNICIPALES

 

 

CAPITULO I

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL

 

ARTÍCULO 70. El Presidente Municipal es el ejecutivo de las determinaciones del Ayuntamiento; tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

 

I. Cumplir y hacer cumplir la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Bando de Policía y Buen Gobierno, los reglamentos y demás ordenamientos del Municipio, y las resoluciones del Ayuntamiento que estén apegadas a derecho;

 

II. Promulgar y ordenar conforme lo establece la presente Ley, la publicación de los reglamentos y disposiciones de observancia general aprobadas por el Cabildo;

 

III. Convocar por conducto del Secretario y presidir las sesiones del Ayuntamiento, teniendo voz y voto para tomar parte en las discusiones, y voto de calidad en caso de empate;

 

IV. Celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, los actos y contratos necesarios para el despacho de los negocios administrativos y la atención de los servicios públicos municipales, salvo los convenios cuya celebración corresponda directamente al Ayuntamiento en los términos de esta Ley;

 

V. Proponer al Ayuntamiento en la primera sesión de Cabildo, los nombramientos del Secretario, del Tesorero, del Contralor, y del Oficial Mayor y Delegados en su caso. La propuesta que presente el Presidente Municipal será sometida a la aprobación del Cabildo; de no acordarse procedente, el Presidente Municipal presentará en la misma sesión una terna de candidatos para cada puesto, de entre los cuales el Cabildo hará la designación respectiva; si dicho cuerpo colegiado no acordare favorablemente o negare en su caso la propuesta de los candidatos, el Presidente Municipal expedirá inmediatamente el nombramiento en favor de cualquiera de los integrantes de la terna propuesta para cada cargo;

 

VI. Nombrar a los servidores públicos municipales cuya designación no sea facultad exclusiva del Cabildo, garantizando que las relaciones laborales entre el Ayuntamiento y sus trabajadores, se apeguen a lo dispuesto en la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y Municipios de San Luis Potosí;

 

VII. Nombrar al Presidente del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia;

 

VIII. Vigilar que las dependencias administrativas municipales se integren y funcionen legalmente, atendiendo las actividades que les están encomendadas con la eficiencia requerida;

 

IX. Coordinar las funciones y la prestación de los servicios públicos municipales, proponiendo al Ayuntamiento la creación de organismos especiales para la prestación o la concesión de dichos servicios cuando así lo estime conveniente;

 

X. Cuidar el correcto desempeño de las funciones encomendadas a la policía preventiva municipal y tránsito;

 

XI. Vigilar la coordinación y el cumplimiento de los planes nacional, estatal y municipal de desarrollo;

 

XII. Observar que se lleve a cabo el Plan Municipal de Desarrollo Urbano en congruencia con los planes estatal y nacional, remitiéndolo al Ejecutivo del Estado para que emita en su caso observaciones, y ordenar una vez realizadas las correcciones que el Ayuntamiento considere procedentes, la inscripción del mismo en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio;

 

XIII. Vigilar la recaudación en todas las ramas de la hacienda pública municipal, cuidando que la inversión de los fondos se haga con estricto apego al presupuesto y a las leyes correspondientes;

 

XIV. Pasar diariamente a la Tesorería Municipal, en forma directa o a través del servidor público que prevea el Reglamento Interior, noticias detalladas de las multas que impusiere y vigilar que, en ningún caso, omita esa dependencia expedir recibos de los enteros que se efectúen;

 

XV. Ejercer en materia de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades y responsabilidades que determine la ley;

 

XVI. Solicitar licencia por escrito y por causa justificada al Ayuntamiento, para ausentarse del Municipio por más de diez días; debiendo formular aviso para ausentarse por un término menor;

 

XVII. Rendir ante el Pleno del Ayuntamiento en sesión solemne, durante la segunda quincena del mes de septiembre de cada año, un informe por escrito en el que manifieste el estado que guarda la administración pública municipal; y comparecer posteriormente cuando así lo acuerde con el propio Cabildo, a fin de responder a las observaciones que el cuerpo edilicio le formule;

 

XVIII. Vigilar la conducta oficial de los empleados del Municipio, corrigiendo oportunamente las faltas que observe y haciendo del conocimiento de la autoridad competente aquellas que pudieran ser tipificadas como delito;

 

XIX. Coadyuvar al funcionamiento del Registro Civil en forma concurrente con la Dirección del mismo, en los términos de la ley de la materia;

 

XX. Coordinar y vigilar las actividades de los delegados municipales en sus respectivas demarcaciones;

 

XXI. Conceder y expedir en los términos de ley, las licencias para el aprovechamiento de parte de particulares de las vías públicas, así como las relativas al funcionamiento de comercios, espectáculos, cantinas, centros nocturnos, bailes y diversiones públicas en general, mediante el pago a la Tesorería de los derechos correspondientes;

 

XXII. Prestar a las autoridades judiciales el auxilio que soliciten para la ejecución de sus mandatos y cumplimentar en el orden municipal, los acuerdos fundados y motivados que provengan de autoridades distintas al Ayuntamiento;

 

XXIII. Autorizar los libros de la administración municipal, firmando y sellando la primera y última hojas;

 

XXIV. Autorizar los documentos de compraventa de ganado y las licencias para degüello;

 

XXV. Vigilar la exactitud del catastro y padrón municipal, actualizado anualmente, cuidando que se inscriban en él todos los ciudadanos y asociaciones civiles, del comercio y la industria, sindicatos, agrupaciones cívicas y partidos políticos, con la expresión de nombre, edad, estado civil, domicilio, propiedades, profesión, industria o trabajo de que subsistan los particulares y, en su caso, de los directivos de las asociaciones intermedias;

 

XXVI. Determinar el trámite de los asuntos, oficios y solicitudes en general que se presenten al Ayuntamiento, y hacer que recaiga acuerdo a todas las peticiones que se presenten siempre que éstas se formulen por escrito, de manera pacífica y respetuosa, así como ordenar se notifiquen los acuerdos a los interesados;

 

XXVII. Recibir la protesta de los servidores públicos municipales que ante él deban rendirla;

 

XXVIII. Representar al Municipio ante los tribunales en los casos a que se refiere el artículo 71 de esta Ley, con todas las facultades de un apoderado general para pleitos y cobranzas; nombrar asesores y representantes, así como otorgar poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas;

 

XXIX. Celebrar a nombre del Municipio, en ejercicio de las facultades que la ley le confiere o en ejecución de los acuerdos del Ayuntamiento o del Congreso del Estado, los actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de las funciones y los servicios públicos municipales, dando cuenta al Ayuntamiento o al Congreso del Estado, en su caso, del resultado de las gestiones;

 

XXX. Realizar el control y vigilancia en materia de fraccionamientos, sobre construcción de obras públicas y privadas, de ornato, nomenclatura, numeración oficial, planificación y alineamiento de edificaciones y calles;

 

XXXI. Informar al Ejecutivo del Estado o al Congreso del Estado, sobre cualquier asunto de orden municipal que interfiera o pueda afectar de alguna forma las funciones encomendadas al Ayuntamiento;

 

XXXII. Proveer lo relativo al fomento, construcción, mantenimiento, control y vigilancia de los espacios destinados a prestar al público el servicio de estacionamiento de vehículos;

 

XXXIII. Ordenar la publicación mensual de los estados financieros en la forma que determine el Ayuntamiento;

 

XXXIV. Expedir o negar permisos y licencias para la construcción y demoliciones, debiendo solicitar la autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia cuando el caso lo requiera;

 

XXXV. Expedir, previa aprobación del Cabildo en los términos de esta Ley, licencias de uso de suelo para dividir o subdividir inmuebles y para fraccionar en los términos de la ley de la materia;

 

XXXVI. Visitar cuando menos dos veces al año todas las localidades que se encuentren dentro de la circunscripción municipal, para verificar el estado que guardan los servicios públicos;

 

XXXVII. En materia de seguridad pública ejercer las facultades que le confieren la Ley de Seguridad Pública del Estado, las que le correspondan en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las que le confiera la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y los convenios que en materia de seguridad pública celebre el Ayuntamiento, y

 

XXXVIII. Las demás que se deriven de esta Ley u otros ordenamientos aplicables.

 

ARTÍCULO 71. El Presidente Municipal asumirá la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuere parte, únicamente en los siguientes casos:

 

I. Cuando el Síndico esté legalmente impedido para ello, y

 

II. Cuando el Síndico se niegue a asumir la representación.

 

ARTÍCULO 72. Para el cumplimiento de las actividades inherentes a su cargo, el Presidente Municipal deberá auxiliarse de los demás integrantes del Ayuntamiento formando comisiones permanentes o temporales.

 

ARTÍCULO 73. El Presidente Municipal estará impedido para:

 

I. Distraer los fondos y bienes municipales de los fines a que estén destinados;

 

II. Imponer contribución o sanción alguna que no esté señalada en las leyes correspondientes;

 

III. Intervenir en las materias reservadas a las autoridades federales y estatales e invadir la competencia o jurisdicción de otros municipios;

 

IV. Proporcionar apoyo a un determinado partido político o candidato por sí o a través de sus subordinados;

 

V. Ausentarse del Municipio por más de diez días sin licencia del Cabildo; o por un término menor sin formular el aviso correspondiente;

 

VI. Cobrar personalmente o por interpósita persona multa o arbitrio alguno; así como consentir o autorizar que alguna oficina distinta de la Tesorería municipal conserve o disponga de fondos municipales;

 

VII. Distraer a los empleados o policías municipales para asuntos particulares;

 

VIII. Residir durante su gestión fuera del territorio municipal;

 

IX. Intervenir como patrocinador de alguna persona en negocios que se relacionen con el gobierno municipal, y

 

X. Destinar recursos del erario municipal sea en dinero o en especie, para el financiamiento de campañas electorales.

 

 

CAPITULO II

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS REGIDORES

 

ARTÍCULO 74. Son facultades y obligaciones de los regidores las siguientes:

 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento participando en las discusiones con voz y voto;

 

II. Desempeñar las comisiones que les encomiende el Ayuntamiento informando a éste de sus resultados;

 

III. Proponer al Ayuntamiento los acuerdos que deban dictarse para la eficaz prestación de los servicios públicos, o el mejor ejercicio de las funciones municipales cuya vigilancia les haya sido encomendada;

 

IV. Vigilar los ramos de la administración municipal que les correspondan, para lo cual contarán con la información suficiente y expedita de las dependencias municipales, informando periódicamente de ello al Ayuntamiento;

 

V. Suplir al Presidente en sus faltas temporales en la forma prevista en esta Ley;

 

VI. Concurrir a las ceremonias oficiales y a los demás actos que fueren citados por el Presidente Municipal;

 

VII. Solicitar se convoque a sesiones ordinarias y extraordinarias al Cabildo. Cuando se rehusare el Presidente Municipal a convocar a sesión sin causa justificada, o cuando por cualquier motivo no se encontrare en posibilidad de hacerlo, los regidores podrán convocar en los términos del último párrafo del artículo 21 de la presente Ley;

 

VIII. Suplir las faltas temporales de los síndicos suplentes en funciones, cuando para ello fueren designados por el Cabildo, y

 

IX. Las demás que les otorguen la ley y los reglamentos aplicables.

 

 

CAPITULO III

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL SÍNDICO

 

ARTÍCULO 75. El Síndico tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

 

I. La procuración, defensa y promoción de los intereses municipales;

 

II. La representación jurídica del Ayuntamiento en los asuntos en que éste sea parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal;

 

III. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal;

 

IV. Asistir en coordinación con el Contralor Interno, a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería Municipal;

 

V. Vigilar con la oportunidad necesaria, que se presente al Congreso del Estado en tiempo y forma la cuenta pública anual; asimismo, cerciorarse de que se ordene la publicación de los estados financieros mensuales, previo conocimiento del Ayuntamiento;

 

VI. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes muebles e inmuebles del Municipio, en coordinación con la Oficialía Mayor o Tesorería, procurando que se establezcan los registros administrativos necesarios para su control y vigilancia;

 

VII. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto;

 

VIII. Refrendar con su firma, conjuntamente con las del Presidente Municipal y del Secretario, los contratos, concesiones y convenios que autorice el Ayuntamiento, responsabilizándose de que los documentos se apeguen a la ley;

 

IX. Presidir las comisiones para las cuales fuere designado;

 

X. Intervenir como asesor en las demás comisiones cuando se trate de dictámenes o resoluciones que afecten al Municipio;

 

XI. Fungir como Agente del Ministerio Público en los casos que determinen las leyes de la materia, y

 

XII. Las demás que le concedan o le impongan las leyes, los reglamentos o el Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 76. El Síndico no puede desistirse, transigir o comprometerse en árbitros, ni hacer cesión de bienes, sin autorización expresa que para cada caso le otorgue el Ayuntamiento.

 

 

CAPITULO IV

DE LA SECRETARÍA

 

ARTÍCULO 77. Para el despacho de los asuntos y para auxiliar al Presidente en sus funciones, cada Ayuntamiento contará con un Secretario, mismo que deberá reunir los siguientes requisitos:

 

I. Ser ciudadano potosino en pleno uso de sus derechos civiles y políticos;

 

II. Contar con título profesional de abogado o licenciado en derecho;

 

III. No ser pariente consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado de los integrantes del Ayuntamiento, y

 

IV. No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.

 

ARTÍCULO 78. Son facultades y obligaciones del Secretario:

 

I. Tener a su cargo el cuidado y dirección del archivo del Ayuntamiento;

 

II. Controlar la correspondencia y dar cuenta diaria de todos los asuntos al Presidente Municipal, para acordar el trámite correspondiente;

 

III. Citar por escrito a los miembros del Ayuntamiento a las sesiones de Cabildo, formando el orden del día para cada sesión;

 

IV. Estar presente en todas las sesiones del Ayuntamiento con voz informativa, disponiendo de los antecedentes necesarios para el mejor conocimiento de los negocios que se deban resolver;

 

V. Levantar las actas al término de cada sesión y recabar las firmas de los miembros del Cabildo presentes, así como de aquellos funcionarios municipales que deban hacerlo;

 

VI. Vigilar que oportunamente en los términos de ley se den a conocer a quienes corresponda, los acuerdos del Ayuntamiento y del Presidente Municipal, autentificándolos con su firma ;

 

VII. Expedir cuando proceda, las copias, credenciales y demás certificaciones que acuerden el Ayuntamiento y el Presidente Municipal;

 

VIII. Autentificar con su firma las actas y documentos emanados del Ayuntamiento y del Presidente Municipal;

 

IX. Suscribir las pólizas de pago de la Tesorería, así como los títulos de crédito que se emitan por el Ayuntamiento, en unión del Presidente Municipal, del Tesorero y del Contralor Interno;

 

X. Distribuir entre los departamentos o secciones en que se divida la administración municipal los asuntos que les correspondan, cuidando proporcionar la documentación y datos necesarios para el mejor despacho de los asuntos;

 

XI. Presentar en las sesiones ordinarias de Cabildo, informe del número de asuntos que hayan sido turnados a comisiones, los despachados y el total de los pendientes;

 

XII. Expedir las circulares y comunicados en general, que sean necesarios para el buen despacho de los asuntos del Municipio;

 

XIII. Proporcionar asesoría jurídica a las dependencias municipales;

 

XIV. Compilar las disposiciones jurídicas que tengan vigencia en el Municipio;

 

XV. Coadyuvar con las autoridades federales y estatales cuando así proceda, para el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

XVI. Cuidar el funcionamiento de la Junta Municipal de Reclutamiento;

 

XVII. En los municipios que no cuenten con Oficial Mayor, atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados del Ayuntamiento;

 

XVIII. Imponer sanciones a quienes corresponda, por violación al Reglamento Interior del Ayuntamiento, y

 

XIX. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V

DE LA TESORERÍA

 

ARTÍCULO 79. Cada Ayuntamiento contará con un Tesorero, mismo que no deberá guardar parentesco con ninguno de los integrantes del Ayuntamiento conforme a lo establecido por la fracción XVII del artículo 51 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

El Tesorero y todos los empleados que manejen fondos y valores estarán obligados a caucionar su manejo, en la forma y términos previstos por el Reglamento Interior Municipal.

 

ARTÍCULO 80. Para ser Tesorero del Ayuntamiento se requiere:

 

I. Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que tengan hasta cuarenta mil habitantes;

 

II. Contar con título profesional de Contador Público, Licenciado en Administración o en Administración Pública, en municipios cuya población sea mayor de cuarenta mil habitantes, y

 

III. No haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la comisión de delitos patrimoniales que hayan ameritado pena privativa de libertad.

 

ARTÍCULO 81. Son facultades y obligaciones del Tesorero:

 

I. Intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con el manejo de los asuntos financieros del Municipio;

 

II. Asumir bajo su estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que realice fuera de los presupuestos y programas aprobados por el Ayuntamiento;

 

III. Determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Municipio conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y demás leyes fiscales; así como administrar las participaciones y transferencias en contribuciones federales y estatales;

 

IV. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal;

 

V. Tener al corriente el padrón fiscal municipal, así como ordenar y practicar visitas de auditoria conforme a derecho, a los obligados en materia de contribuciones hacendarias municipales;

 

VI. Ejercer la facultad económico-coactiva para hacer efectivo el pago de las contribuciones cuyo cobro le corresponda al Municipio;

 

VII. Llevar la contabilidad del Municipio;

 

VIII. Formular mensualmente un estado financiero de los recursos municipales, y presentarlo al Cabildo, debiendo enviarlo posteriormente para su fiscalización al Congreso del Estado; asimismo, en los términos acordados por el Ayuntamiento, deberá publicarlo en los primeros diez días del mes siguiente y exhibirlo en los estrados del Ayuntamiento;

 

IX. Ejercer el presupuesto anual de egresos y vigilar que los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados por el Ayuntamiento, exigiendo que los comprobantes respectivos estén visados por el Presidente Municipal, el Secretario del Ayuntamiento y el Presidente de la Comisión de Hacienda;

 

X. Intervenir en la formulación de convenios de coordinación fiscal con el Gobierno del Estado;

 

XI. Elaborar el proyecto y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma oportuna, la cuenta pública anual municipal y el presupuesto anual de egresos, y

 

XII. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

 

 

CAPITULO VI

DE LA OFICIALÍA MAYOR

 

ARTÍCULO 82. Los municipios del Estado que cuenten con una población mayor de cuarenta mil habitantes tendrán en el Ayuntamiento un Oficial Mayor.

 

ARTÍCULO 83. Para ser Oficial Mayor se requiere contar con título profesional de nivel licenciatura.

 

ARTÍCULO 84. A efecto de proporcionar el apoyo administrativo a las dependencias, unidades y organismos municipales, el Oficial Mayor tendrá a su cargo las siguientes funciones:

 

I. Coadyuvar con el Tesorero en la formulación de planes y programas del gasto público y en la elaboración del presupuesto anual de egresos;

 

II. Autorizar el gasto corriente de las dependencias municipales;

 

III. Adquirir los bienes y proporcionar los servicios requeridos para el mejor funcionamiento del Ayuntamiento;

 

IV. Proveer oportunamente a las dependencias, unidades administrativas y organismos municipales, de los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones;

 

V. Levantar y tener actualizado el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;

 

VI. Administrar, controlar y vigilar los almacenes generales del Ayuntamiento;

 

VII. Controlar el servicio de mantenimiento de vehículos, maquinaria, mobiliario y equipo a cargo del Ayuntamiento;

 

VIII. Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas, de las dependencias y entidades municipales, conjuntamente con el Síndico y el Contralor Interno;

 

IX. Expedir los nombramientos del personal que hayan dado el Cabildo o el Presidente Municipal, y atender lo relativo a las relaciones laborales con los empleados al servicio del Ayuntamiento, y

 

X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

 

 

CAPITULO VII

DE LA CONTRALORÍA

 

ARTÍCULO 85. Los municipios del Estado tendrán en el Ayuntamiento un Contralor Interno, el cual deberá reunir los requisitos que se exigen para ser Tesorero municipal, con excepción de la caución administrativa.

 

ARTÍCULO 86. Son facultades y obligaciones del Contralor Interno:

 

I. Planear, programar, organizar y coordinar el sistema de control y evaluación municipal;

 

II. Fiscalizar el ingreso y ejercicio del gasto público municipal, y su congruencia con el presupuesto de egresos;

 

III. Vigilar que los recursos y aportaciones federales y estatales asignados al municipio, se apliquen en los términos estipulados en las leyes, reglamentos y convenios respectivos;

 

IV. Coordinarse con la Contraloría del Gobierno del Estado y la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones;

 

V. Establecer la calendarización y las bases generales reglamentarias para la realización de auditorias internas e inspecciones;

 

VI. Participar en la entrega recepción de las unidades administrativas de las dependencias y entidades del Municipio, conjuntamente con el Síndico y el Oficial Mayor;

 

VII. Dictaminar los estados financieros de la Tesorería municipal y verificar que los informes sean remitidos en tiempo y forma a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado; verificando que los mismos sean publicados en la forma que establece la presente Ley;

 

VIII. Participar en la elaboración y actualización de los inventarios generales de bienes muebles e inmuebles propiedad del Ayuntamiento;

 

IX. Apoyar al Presidente Municipal en la substanciación de los procedimientos administrativos disciplinarios y resarcitorios, determinando o no la existencia de responsabilidades administrativas, por incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos municipales no sujetos a responsabilidad por parte del Congreso del Estado, pudiendo aplicar las sanciones disciplinarias correspondientes, por acuerdo del Ayuntamiento;

 

X. Informar oportunamente a los servidores públicos municipales acerca de la obligación de manifestar sus bienes, verificando que tal declaración se presente en los términos de ley, y

 

XI. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

 

 

 

 

 

CAPITULO VIII

DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS INDÍGENAS

 

ARTÍCULO 87. En los municipios que cuenten con una población indígena significativa, los ayuntamientos contarán con un Departamento de Asuntos Indígenas para atender o canalizar, con respeto a su cultura, usos, costumbres, tradiciones y formas de organización comunitaria, las demandas y propuestas de las personas y comunidades indígenas de su circunscripción y que correspondan a su competencia.

 

ARTÍCULO 88. El Departamento de Asuntos Indígenas estará a cargo de una persona que hable y escriba suficientemente la lengua o lenguas indígenas de la región de que se trate, designada por el Cabildo a propuesta del Presidente Municipal, quien preferentemente consultará a las autoridades tradicionales de las principales comunidades para presentar la misma.

 

El Jefe del Departamento realizará las funciones y ejercerá las atribuciones que señale el Reglamento Interior del Municipio correspondiente. Se procurará que el personal de este Departamento sea preferentemente indígena.

 

 

CAPITULO IX

DE LAS COMISIONES DEL AYUNTAMIENTO

 

ARTÍCULO 89. En la primera sesión del año en que se instale el Ayuntamiento, se procederá a nombrar de entre sus miembros a los que formarán las comisiones permanentes, mismas que vigilarán el ramo de la administración que se les encomiende; dichas comisiones serán las siguientes:

 

I. Hacienda Municipal;

 

II. Gobernación;

 

III. Policía Preventiva, Vialidad y Transporte;

 

IV. Salud Pública y Asistencia Social;

 

V. Alumbrado y Obras Públicas;

 

VI. Educación Pública y Bibliotecas;

 

VII. Mercados, Centros de Abasto y Rastro;

 

VIII. Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento;

 

IX. Desarrollo y Equipamiento Urbano;

 

X. Ecología;

 

XI. Comercio, Anuncios y Espectáculos;

 

XII. Desarrollo Rural y Asuntos Indígenas;

 

XIII. Cultura, Recreación y Deporte, y

 

XIV. Servicios.

 

ARTÍCULO 90. Además de las comisiones señaladas en el artículo anterior, podrán crearse otras en atención a las necesidades del propio Ayuntamiento; asimismo, cuando algún asunto lo amerite se integrarán comisiones temporales o especiales, mismas que conocerán exclusivamente del asunto que motive su creación.

 

ARTÍCULO 91. Las comisiones carecerán de facultades ejecutivas y podrán ser modificadas por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento.

 

Los asuntos, disposiciones y acuerdos que no se turnen expresamente a una comisión, quedarán al cuidado de la Comisión de Gobernación que estará a cargo del Presidente Municipal.

 

 

CAPITULO X

DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 92. En las delegaciones municipales la autoridad será ejercida por un Delegado Municipal, que será designado por acuerdo del Cabildo correspondiente, en los términos de la fracción XXV inciso C del artículo 31 de esta Ley, y durará en su cargo el mismo período que el Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 93. El Delegado Municipal será auxiliado en sus funciones por un Secretario nombrado por él, quién tendrá en lo conducente las obligaciones y atribuciones que señala el artículo 78 de la presente Ley.

 

ARTÍCULO 94. Las ausencias del Delegado Municipal serán cubiertas por el Secretario de la Delegación, en los términos de la fracción IV del artículo 42 de esta Ley.

 

ARTÍCULO 95. Para ser Delegado O Secretario Municipal se requiere:

 

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos;

 

II. Ser originario del Municipio al que pertenezca la Delegación, y con un año por lo menos de residencia efectiva en ésta inmediata anterior a la fecha de la designación; o ser vecino de la misma con residencia efectiva de dos años inmediata anterior al día de la designación, y

 

III. No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.

 

ARTÍCULO 96. Son facultades y obligaciones del Delegado Municipal:

 

I. Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento y los del Presidente Municipal en su demarcación;

 

II. Vigilar y mantener el orden público de su jurisdicción;

 

III. Participar en la formulación de planes y programas municipales;

 

IV. Dar curso o trámite a los asuntos y negocios que conozca;

 

V. Promover el establecimiento y conservación de los servicios públicos municipales, así como llevar su administración coordinadamente con las estructuras del Ayuntamiento conforme a lo previsto en la presente Ley;

 

VI. Hacer el censo de los contribuyentes municipales;

 

VII. Actuar como conciliador en los conflictos que se le presenten;

 

VIII. Auxiliar a las autoridades federales, estatales y municipales en el desempeño de sus atribuciones;

 

IX. Coadyuvar con el Presidente Municipal y la Dirección del Registro Civil, al funcionamiento del Registro Civil en términos de la ley de la materia, y

 

X. Las demás que le señalen las leyes y reglamentos municipales.

 

ARTÍCULO 97. Los delegados municipales deberán dar cuenta mensualmente, de los asuntos de su respectiva demarcación al Ayuntamiento. Si el Cabildo lo estimare procedente, solicitará su comparecencia a efecto de que informe de tales asuntos. Por lo que se refiere a casos urgentes, deberán informar inmediatamente de los mismos al Presidente Municipal, quien los hará del conocimiento del Ayuntamiento para que éste resuelva lo conducente.

 

ARTÍCULO 98. Los delegados municipales se asesorarán con el Secretario del Ayuntamiento, en todos aquellos asuntos que por su importancia así lo requieran.

 

ARTÍCULO 99. Los Delegados Municipales no podrán otorgar licencias para el establecimiento de giros mercantiles o establecimientos industriales.

 

 

CAPITULO XI

DEL CRONISTA MUNICIPAL

 

ARTÍCULO 100. La Comisión de Cultura, Recreación y Deporte, podrá proponer al Cabildo la designación de la persona que ocupe el cargo de Cronista Municipal.

 

El nombramiento de Cronista Municipal recaerá en un ciudadano que se distinga por su labor y conocimiento de la historia y la cultura del municipio, y que tenga además la vocación de registrar y difundir los valores y tradiciones de la localidad.

 

Será atribución del Cronista Municipal, el registro literario y documental de los personajes y acontecimientos históricos más relevantes de la comunidad; así como el estudio y rescate de las costumbres y tradiciones de la localidad, y la descripción de las transformaciones urbanas del municipio.

 

Para el cumplimiento de sus tareas el Cronista Municipal contará con los recursos que se deriven del trabajo coordinado con las instituciones públicas y privadas, que tengan injerencia en la investigación, acervo y difusión de las culturas populares.

 

Dos a más municipios vecinos podrán convenir en la designación de un cronista regional.

 

 

CAPITULO XII

DE LOS ORGANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 

ARTÍCULO 101. Para coadyuvar en los fines y funciones de la administración pública municipal, el Ayuntamiento integrará consejos de desarrollo municipal, juntas de vecinos y demás organismos, cualquiera que sea el nombre con que se les designe, los que presentarán propuestas al Ayuntamiento para fijar las bases de los planes y programas municipales o modificarlos en su caso; el Cabildo supervisará sus actividades y vigilará el destino de los fondos que manejen.

 

ARTÍCULO 102. Los ayuntamientos procurarán que en la integración de estos organismos se incluyan personas de los sectores de mayor representatividad en la población, y que tengan el perfil idóneo para el desempeño de las responsabilidades que se les asigne.

 

ARTÍCULO 103. Cuando alguno de los representantes de los organismos referidos no cumpla con sus obligaciones, el Cabildo deberá sustituirlo nombrando a algún otro de entre los propuestos por sus integrantes.

 

 

CAPITULO XIII

DE LOS ORGANISMOS AUXILIARES MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 104. Los organismos auxiliares son los que tienen por objeto la prestación de un servicio público o social; la explotación de bienes o recursos propiedad del Municipio; la investigación científica y tecnológica; o la obtención y aplicación de recursos para fines de asistencia y seguridad sociales.

 

Se consideran como organismos auxiliares municipales, los organismos descentralizados, las empresas de participación municipal, los fideicomisos y los patronatos.

 

Las estructuras de los órganos de gobierno y vigilancia de estas entidades, serán definidas de conformidad con lo estipulado en las leyes, decretos y reglamentos correspondientes.

 

ARTÍCULO 105. Son organismos paramunicipales las entidades que tienen por objeto atender el interés general y el beneficio colectivo, a través de la prestación de servicios públicos en un municipio.

 

Son organismos intermunicipales las entidades que tienen por objeto la prestación de servicios públicos en dos o más municipios.

 

ARTÍCULO 106. El Congreso del Estado a solicitud de los ayuntamientos, podrá autorizar la creación de organismos paramunicipales e intermunicipales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, a efecto de que coadyuven en la prestación de los servicios públicos municipales.

 

ARTÍCULO 107. Los ayuntamientos podrán constituir para un objeto específico de interés público o de beneficio colectivo, fideicomisos en los que el ayuntamiento será el único fideicomitente.

 

De igual forma, podrán crearse patronatos que tengan fines específicos, que estarán integrados con una participación mayoritaria de la sociedad civil, teniendo por objeto el bienestar social a través de la promoción del desarrollo municipal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO SEXTO

DEL PATRIMONIO Y DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL

 

 

CAPITULO I

DEL PATRIMONIO MUNICIPAL

 

ARTÍCULO 108. El patrimonio del Municipio se compone de los bienes que son de su propiedad y de los que adquiera conforme a la ley; del producto de las contribuciones decretadas por el Congreso del Estado; de los vacantes y mostrencos que estén en su territorio; de los créditos que tenga a su favor; así como de los subsidios y de las participaciones en el rendimiento de las contribuciones federales y estatales que deba percibir de acuerdo a las leyes.

 

Son inalienables e imprescriptibles los bienes del patrimonio municipal. Los bienes desafectados podrán ser enajenados, previa autorización del Congreso del Estado, mediante los requisitos que señalen la Constitución Política del Estado, esta Ley y los demás ordenamientos legales aplicables.

 

ARTÍCULO 109. Los bienes que integran el patrimonio del Municipio son:

 

I. Del dominio público:

 

a) Los de uso común;

 

b) Los que sean de su propiedad, destinados a los servicios públicos;

 

c) Los inmuebles y muebles de valor histórico y cultural que se encuentren dentro de su territorio, y que no sean propiedad de la Nación o de propiedad privada, y

 

d) Los demás que señalen las leyes respectivas, y

 

II. el dominio privado:

 

a) Los que ingresen a su patrimonio no comprendidos en la fracción anterior, y

 

b) Aquellos que, de conformidad con las leyes, sean desafectados de un servicio público.

 

ARTÍCULO 110. El Ayuntamiento por medio de la Oficialía Mayor o de la Secretaría y el Síndico municipal, formulará y actualizará semestralmente el inventario general de los bienes muebles e inmuebles propiedad del Municipio, estableciendo el Catálogo General de Inmuebles Municipales, mismo que deberá contener el valor y las características de identificación de cada uno de éstos.

 

ARTÍCULO 111. Los ayuntamientos no podrán efectuar enajenaciones o permutas de sus bienes muebles o inmuebles, excepto cuando ello se haga necesario para la realización de obras de beneficio colectivo o para cualquier otro propósito de interés público, requiriéndose en todo caso la solicitud aprobada por cuando menos las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento al Congreso del Estado, y la autorización posterior de éste.

 

Para que el Congreso autorice la enajenación o permuta de los inmuebles propios del municipio, es necesario que el Ayuntamiento peticionario acredite ante la Legislatura los siguientes extremos:

 

I. Que el bien que se pretenda enajenar o permutar no sea de utilidad para la realización de una obra pública, o para la prestación de un servicio público, Y

 

II. Que la enajenación o permuta tenga siempre por objeto la adquisición de diverso bien que beneficie a la hacienda municipal, y que resulte necesario para la realización de sus funciones públicas.

 

Se exceptúa de lo señalado en las fracciones anteriores a las solicitudes de donación.

 

ARTÍCULO 112. Para las enajenaciones, permutas o donaciones de los bienes inmuebles propiedad del Ayuntamiento, éste, previo acuerdo del Cabildo expedido en términos de lo previsto en el artículo anterior, solicitará la autorización del Congreso del Estado, formulando la respectiva solicitud a la que deberán acompañarse los siguientes requisitos:

 

I. Copia certificada del Acta de Cabildo en que se haya acordado por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, realizar la solicitud de autorización al Congreso del Estado;

 

II. Título con el que se acredite la propiedad del inmueble;

 

III. Certificado de gravamen de la propiedad;

 

IV. Plano con medidas y colindancias de la propiedad de que se trate;

 

V. El valor fiscal; y tratándose de permutas, los avalúos comerciales de ambos inmuebles, que practique un perito valuador inscrito en el Registro Estatal de Peritos;

 

VI. Indicar el uso de suelo del predio;

 

VII. La exposición de motivos en que se fundamente la solicitud; además de la mención del acto jurídico que habrá de formalizarla;

 

VIII. Que el adquiriente no sea familiar por afinidad, ni por consanguinidad hasta el cuarto grado, de alguno de los integrantes del Ayuntamiento, en cuyo caso la enajenación será nula;

 

IX. Certificación de que el inmueble carece de valor arqueológico, histórico o artístico;

 

X. Señalará los beneficiarios, especificando si se trata de personas físicas o morales.

 

Tratándose de personas físicas se expresarán sus nombres completos, edad, domicilio particular y de trabajo, estado civil; y al efecto se agregará al listado copia certificada de sus identificaciones, así como de sus actas de nacimiento, comprobantes de domicilio y en su caso de sus actas de matrimonio.

 

Tratándose de personas morales se expresará su denominación, domicilio fiscal, su nomina de asociados y mesa directiva; y se acompañara copia certificada del Acta Constitutiva respectiva, y

 

XI. En los casos de donación a personas físicas éstas habrán de comprobar que no son propietarias de algún predio. En estos casos la superficie donada no excederá a la necesaria para vivienda de interés social.

 

ARTÍCULO 113. La venta de los bienes inmuebles deberá efectuarse en subasta pública conforme al procedimiento señalado por el Reglamento Interior del Ayuntamiento, cumpliendo en su caso, con los requisitos que para tal efecto establezca el Congreso del Estado en el decreto correspondiente.

 

ARTÍCULO 114. La Oficialía Mayor o la Secretaría Municipal, establecerán reglas y procedimientos para dar de alta los bienes muebles propiedad de los municipios; así como los requisitos para los resguardos que los servidores públicos deban otorgar, cuando se les confíen bienes municipales para la prestación de servicios públicos en el desempeño de sus labores.

 

 

 

 

CAPITULO II

DE LA HACIENDA MUNICIPAL

 

ARTÍCULO 115. La Hacienda Pública Municipal estará integrada por:

 

I. Los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos y contribuciones de mejoras que decrete su Ley de Ingresos correspondiente;

 

II. Las participaciones y transferencias de ingresos federales y estatales que establezcan las leyes y convenios de coordinación;

 

III. Las utilidades de las entidades públicas del Municipio;

 

IV. Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como las donaciones, herencias y legados que recibiere;

 

V. Los subsidios a favor del Municipio, y

 

VI. Todos los bienes que forman su patrimonio en los términos del artículo 108 y demás relativos de esta Ley.

 

ARTÍCULO 116. Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos, o en su caso, por quien ellos autoricen conforme a la ley.

 

ARTÍCULO 117. La Ley de Hacienda Municipal fijará los conceptos de impuestos, derechos y contribuciones de mejoras que deberá cobrar el Ayuntamiento, por lo que éste podrá hacer la reclamación correspondiente ante el Congreso del Estado, cuando se establezcan en favor del Estado impuestos y derechos que por ley correspondan al Municipio.

 

ARTÍCULO 118. Los municipios deberán verificar que sus participaciones económicas de carácter federal, coincidan con los montos publicados anualmente por el Gobierno del Estado.

 

ARTÍCULO 119. Los recursos que correspondan a los municipios en los términos de la Ley de Aportaciones Transferidas al Estado y Municipios de San Luis Potosí, deberán aplicarse en los rubros que establece el citado ordenamiento.

 

Los que el Estado les transfiera mediante convenio se aplicarán a la satisfacción de las siguientes prioridades:

 

I. Agua potable, alcantarillado y saneamiento;

 

II. Electrificación y alumbrado público;

 

III. Unidades de atención médica;

 

IV. Espacios educativos;

 

V. Caminos rurales;

 

VI. Tiendas de abasto popular;

 

VII. Obras de apoyo a la producción agropecuaria;

 

VIII. Regularización de la tenencia de la tierra y reservas territoriales para vivienda;

 

IX. Generación de nuevos empleos, y

 

X. Las demás que en orden prioritario se consideren con tal carácter.

 

ARTÍCULO 120. No se hará pago alguno que no esté previsto en el presupuesto anual de egresos correspondiente.

 

Las omisiones o excesos de las autoridades municipales en el manejo de la Hacienda Municipal, se sancionarán en los términos previstos por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

 

TITULO SÉPTIMO

DE LA PLANEACION, PRESUPUESTO

Y GASTO PUBLICO MUNICIPAL

 

 

CAPITULO I

DE LA PLANEACIÓN

 

ARTÍCULO 121. Los ayuntamientos planearán sus actividades en un Plan Municipal de Desarrollo, que deberá elaborarse, aprobarse y publicarse en un plazo no mayor de cuatro meses a partir de la instalación del Ayuntamiento, o cuando el cambio de Ayuntamiento coincida con el cambio de Gobernador del Estado, en un plazo de seis meses. La vigencia del plan no excederá del período constitucional que les corresponda; este programa deberá ser congruente con el Plan Estatal de Desarrollo.

 

En los meses de octubre y noviembre del año en que tomen posesión, los ayuntamientos convocarán a foros de consulta popular y, tomando en consideración sus resultados, propondrán a través del Comité de Planeación del Desarrollo Estatal, los objetivos y prioridades municipales que deban incorporarse al Plan Estatal de Desarrollo. En lo aplicable, los ayuntamientos deberán sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado de San Luis Potosí.

 

 

 

 

 

CAPITULO II

DEL PRESUPUESTO

 

ARTÍCULO 122. El gasto público municipal comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, gasto social e inversión pública; así como los pagos de pasivos o deuda pública que realicen el Ayuntamiento y los órganos u organismos paramunicipales autorizados por el Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 123. La programación del gasto público se basará en los objetivos, estrategias y prioridades que determinen el Plan Municipal de Desarrollo, así como los programas que de él deriven y en su caso los Planes Regionales de Desarrollo que le competan.

 

ARTÍCULO 124. Las disposiciones relativas a la programación, presupuestación, control y evaluación del gasto público municipal, así como su operación, estarán a cargo del Ayuntamiento o en su caso, de quien él mismo nombre o autorice conforme a la ley.

 

ARTÍCULO 125. Los ayuntamientos sólo podrán concertar créditos en los términos de la Ley de Deuda Pública Municipal y, en su caso, con la aprobación previa del Congreso del Estado.

 

ARTÍCULO 126. A fin de que el Congreso del Estado pueda analizar sobre la concertación de empréstitos, los ayuntamientos solicitantes harán llegar los elementos de juicio que procedan, en particular sobre las tasas de interés, condiciones de los créditos, plazo de amortización y garantías solicitadas.

 

ARTÍCULO 127. La aplicación de recursos federales o estatales transferidos al Ayuntamiento según leyes y convenios, a gastos municipales distintos a los previstos, dará lugar a responsabilidad de quienes ordenen la desviación y de los que la consientan.

 

ARTÍCULO 128. La Contraloría Municipal, la Secretaría, la Tesorería o en su caso, la Oficialía Mayor, estarán obligadas a elaborar y mantener al día los inventarios, registros, padrones, estados financieros y documentación relativa.

 

ARTÍCULO 129. Los ayuntamientos elaborarán y aprobarán sus presupuestos de egresos a más tardar el día 30 de diciembre del año anterior al de su ejercicio.

 

Los presupuestos anuales de egresos comprenderán las previsiones de gasto público que habrán de realizar, coincidiendo en suma con los ingresos. Se presentarán para la aprobación del Ayuntamiento con los siguientes datos:

 

I. Objetivos del programa anual, metas parciales y responsables de la ejecución, así como la evaluación financiera de cada programa;

 

II. Erogaciones por nómina, prestaciones sociales de los trabajadores y servidores públicos, y estimaciones por servicios personales;

 

III. Ingresos y egresos del ejercicio fiscal inmediato anterior;

 

IV. Evaluación del ejercicio fiscal anterior en cuanto a ejecución de los programas de la administración municipal y cumplimiento de los objetivos, así como de las tendencias de comportamiento a futuro;

 

V. Informes y datos estadísticos que se estiman convenientes para la mejor determinación de la política hacendaria y del programa de administración municipal;

 

VI. Previsiones de egresos en relación con cada ramo para el financiamiento de las actividades oficiales, funciones, obras y servicios públicos en el siguiente ejercicio fiscal, que se clasificarán conforme a su naturaleza de acuerdo con las siguientes bases:

 

a) Como grupos fundamentales de autorización se consideran los capítulos siguientes:

 

1. Gastos de administración;

 

2.- Construcciones y prestación de servicios públicos;

 

3.- Adquisiciones;

 

4.- Inversiones;

 

5.- Cancelaciones de pasivo, y

 

6.- Erogaciones especiales.

 

b) Los capítulos respectivos se dividirán en conceptos de naturaleza semejante y éstos a su vez, en partidas que representen las autorizaciones orgánicas del presupuesto, y

 

VII. La demás información necesaria que sea requerida por el Ayuntamiento.

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III

DEL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO

 

ARTÍCULO 130. Las tesorerías son los órganos que ejercerán el gasto público municipal, entendido éste como el manejo equilibrado de los fondos municipales en relación con las erogaciones presupuestadas.

 

ARTÍCULO 131. Los ayuntamientos están facultados para autorizar traspasos de los recursos excedentes previstos en los presupuestos de ingresos, a otros programas autorizados en los presupuestos de egresos, siempre y cuando haya una justificación financiera y programática.

 

ARTÍCULO 132. El gasto público deberá financiar estrictamente los programas autorizados en los presupuestos de egresos, y se ejercerá con base en las partidas previstas y aprobadas.

 

ARTÍCULO 133. Los ayuntamientos podrán autorizar ampliaciones presupuestales cuando se presenten situaciones imprevistas, siempre y cuando se cuente con los recursos necesarios.

 

ARTÍCULO 134. Los ayuntamientos asignarán los subsidios que les otorguen los gobiernos Estatal y Federal, en los proyectos específicos para los cuales estén destinados.

 

ARTÍCULO 135. En lo relativo a la aplicación de los subsidios a que se refiere el artículo anterior, la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, tendrá en todo tiempo la facultad de solicitar al Ayuntamiento la revisión de la documentación comprobatoria

 

Asimismo, los ayuntamientos proporcionarán a la Contraloría del Estado la información que se les solicite, permitiendo conforme a la ley, la práctica de visitas y auditorias para comprobar la correcta aplicación de los recursos provenientes del erario Estatal y Federal en los términos de las leyes de la materia.

 

ARTÍCULO 136. La Tesorería y la Contraloría Interna Municipal, tendrán facultades para verificar que toda erogación con cargo al presupuesto esté debidamente justificada, pudiendo rechazar cualquier gasto no aprobado.

 

ARTÍCULO 137. Los ayuntamientos deberán informar por escrito en forma mensual al Congreso del Estado, de las erogaciones que hayan efectuado con base en el presupuesto de egresos.

 

ARTÍCULO 138. Los ayuntamientos no podrán efectuar depósitos en garantía, ni garantizar cantidad económica alguna con cargo al presupuesto del ejercicio fiscal en curso, sin autorización del Congreso, salvo los casos expresamente señalados por la ley.

 

 

CAPITULO IV

DE LA CONTABILIDAD MUNICIPAL

 

ARTÍCULO 139. El Sistema de Contabilidad Municipal deberá incluir el registro de activos, pasivos, capital o patrimonio, ingresos, costos, gastos, inversiones, asignaciones, obligaciones y la información sobre los ejercicios que correspondan a los programas y partidas de acuerdo a la reglamentación respectiva.

 

ARTÍCULO 140. Para los efectos de la revisión y fiscalización de las cuentas públicas municipales, los ayuntamientos informarán por escrito al Congreso del Estado, durante los primeros quince días de cada ejercicio fiscal o durante el mes siguiente a su implantación o modificación, acerca de las normas o procedimientos y sistemas de control interno que en materia contable implanten.

 

 

TITULO OCTAVO

DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

 

 

CAPITULO I

DE LAS MODALIDADES EN SU PRESTACIÓN

 

ARTÍCULO 141. Los municipios organizarán y reglamentarán la administración, prestación, conservación y explotación en su caso, de los servicios públicos y funciones municipales, considerándose que tienen este carácter los siguientes:

 

I. Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales;

 

II. Alumbrado público;

 

III. Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

 

IV. Mercados y centrales de abasto;

 

V. Panteones;

 

VI. Rastros;

 

VII. Calles, parques y jardines, y su equipamiento;

 

VIII. Seguridad pública en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, policía preventiva municipal y tránsito;

 

IX. Cultura, recreación y deporte, y

 

X. Los demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los municipios, y en atención a su capacidad administrativa y financiera, pudiendo tener el concurso del Estado respecto de los mismos cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes.

 

En el desempeño de las funciones y la prestación de los servicios públicos a su cargo, los municipios deberán observar lo dispuesto en las leyes federales y estatales, sin perjuicio de su competencia constitucional.

 

ARTÍCULO 142. La prestación de los servicios públicos y funciones municipales será responsabilidad de los ayuntamientos, y podrá ser realizada por sí o a través de organismos paramunicipales o intermunicipales, y de concesionarios o contratistas.

 

ARTÍCULO 143. Cuando las funciones y servicios públicos municipales sean prestados en forma parcial o total, por organismos paramunicipales o intermunicipales, o concesionarios o contratistas, se sujetarán a las disposiciones legales aplicables.

 

ARTÍCULO 144. Cuando un Ayuntamiento no pueda proporcionar los servicios que esta Ley determina, el Ejecutivo del Estado podrá asumir, mediante la celebración de convenio respectivo y por el tiempo estrictamente necesario, la prestación de los mismos en forma total o parcial, según sea el caso.

 

ARTÍCULO 145. Los convenios a que se refiere el artículo anterior, así como los demás que se celebren entre el Gobierno del Estado y los municipios en los diversos casos que establecen las fracciones III y IV del artículo 114 de la Constitución del Estado y el segundo párrafo del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atenderán a las siguientes normas generales:

 

I. Se incluirá la fecha y trascripción de los puntos de acuerdo consignados en el Acta de Cabildo en la que se apruebe por el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes la celebración del convenio y la determinación precisa del servicio o función de que se trate;

 

II. Deberá acreditarse conforme a derecho la personalidad de los funcionarios que celebran el convenio, y se establecerán los antecedentes y la justificación de la imposibilidad parcial o total para la prestación del servicio o función de que se trate;

 

III. Se consignará la duración del convenio, incluyendo cláusula de terminación natural, anticipada o de ratificación anual según sea el caso, así como causales de nulidad y rescisión administrativa. Los convenios que excedan el término constitucional de una administración municipal deberán ser aprobados por Congreso del Estado;

 

IV. Se establecerán las obligaciones y responsabilidades que adquiere el Estado o el municipio según sea el caso, con la asunción del servicio o función de que se trate;

 

V. Se fijarán las condiciones en las que deberá prestarse el servicio o desarrollarse la función que se asuma;

 

VI. En los casos en que se amerite, se incluirá un programa de capacitación para personal municipal que atienda la operación de los servicios públicos en administración, para que cuando las condiciones lo permitan, se reasuma la operación del servicio público por los municipios en condiciones satisfactorias;

 

VII. En los casos de convenios para la ejecución o administración de obras deberá incluirse el costo de las mismas, los anexos técnicos, la asignación de los recursos económicos que se pacten, el plazo y modalidad de la ejecución o administración, así como la previsión de los casos de suspensión y conclusión anticipada del convenio de que se trate;

 

VIII. El procedimiento para la transferencia y entrega-recepción de las funciones o servicios de que se trate, y

 

IX. Las demás que sean necesarias y procedentes para la celebración del mismo.

 

Los convenios a que se refiere este artículo que se celebren con municipios de otras Entidades Federativas, requerirán la autorización del Congreso del Estado y del Congreso o Congresos locales de las mismas. Deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado y señalarán la fecha de su entrada en vigor.

 

ARTÍCULO 146. El Gobierno del Estado concurrirá con los ayuntamientos a la prestación de los servicios o funciones municipales en los siguientes casos:

 

I. Por incapacidad administrativa, técnica o financiera del ayuntamiento para la prestación del servicio público o desarrollo de la función;

 

II. Cuando el servicio que corresponda prestar al municipio tenga una relación cercana con actividades o servicios que también corresponda prestar al Estado;

 

III. Cuando por las características del servicio o función, los actos o hechos que implique el mismo, deban surtir efectos fuera del ámbito territorial del municipio, y

 

IV. Cuando el Estado por causas de interés público debidamente fundadas y motivadas estime necesaria su prestación en concurso con un municipio, correspondiendo en este caso, al Congreso del Estado determinar su procedencia.

 

En todos los casos deberán establecerse bases de coordinación entre los municipios y las dependencias del Estado que se relacionen con el servicio o función de que se trate.

 

ARTÍCULO 147. Cuando no exista convenio entre el Municipio de que se trate y el Gobierno del Estado, éste último deberá asumir las funciones o servicios municipales cuando se presenten las siguientes condiciones:

 

I. Que exista solicitud presentada al Congreso del Estado por el Ayuntamiento respectivo, aprobada en sesión de Cabildo por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, y

 

II. Que el Congreso del Estado considere en el dictamen respectivo, que el municipio de que se trate se encuentra imposibilitado para ejercerlos o prestarlos.

 

ARTÍCULO 148. Previa a la emisión del dictamen citado en la fracción II del artículo anterior, el Congreso del Estado deberá agotar el siguiente procedimiento:

 

I. Recibida la solicitud se dará cuenta con la misma al Pleno del Congreso del Estado y se turnará a las Comisiones correspondientes para su estudio y dictamen;

 

II. Las Comisiones analizarán si la solicitud cumple con los requisitos y es acompañada por los documentos que a continuación se detallan:

 

a) Copia certificada del Acta de Cabildo en la que el Ayuntamiento acuerde por el voto de por lo menos las dos terceras partes de sus integrantes, la presentación de la solicitud al Congreso del Estado;

 

b) Antecedentes y exposición de motivos en la que se determinen las causas que dan lugar a la solicitud, y

 

c) Las razones que justifiquen la imposibilidad del municipio para prestar el servicio o ejercer la función que le compete, sustentando de cualquier modo su valoración en un dictamen técnico financiero que presente la Comisión de Servicios del Ayuntamiento, sin perjuicio de los dictámenes o estudios que la Legislatura solicite;

 

III. Si la solicitud cumple con los requisitos antes señalados se le dará curso; en caso contrario, se concederá un término de diez días hábiles al Ayuntamiento para que la perfeccione; en caso de que no lo haga dentro del término referido, la solicitud se desechará de plano quedando a salvo los derechos del Ayuntamiento para volver a presentarla;

 

IV. Una vez calificada de procedente la solicitud, las Comisiones fijarán fecha y hora para el desahogo de las pruebas que haya lugar a desahogar, dentro de los veinte días naturales siguientes a la citada calificación. Desahogadas que sean, revisará la idoneidad de las pruebas documentales presentadas, debiendo valorar cada una de las mismas;

 

V. Las Comisiones podrán solicitar y allegarse toda la documentación , así como llevar a cabo las diligencias y estudios pertinentes para determinar sobre la existencia de la necesidad planteada;

 

VI. El dictamen que expidan las Comisiones, en caso de considerar que el Ayuntamiento se encuentra efectivamente imposibilitado para prestar el servicio o función planteada en la solicitud, deberá especificar si el Estado asumirá en forma total o parcial la función, servicio o servicios que correspondan, las condiciones y la temporalidad bajo las que se prestarán. En caso de ser en sentido negativo, deberá contener las consideraciones, razonamientos y fundamentos que den lugar a tal resolución, y

 

VII. El Congreso del Estado deberá resolver la solicitud planteada en un término no mayor a quince días naturales contados a partir del desahogo de la última prueba. En caso de que el Congreso se encontrare en receso, se convocará a período extraordinario para el desahogo del caso concreto.

 

 

CAPITULO II

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO

 

ARTÍCULO 149. Para los efectos de la seguridad pública, los ayuntamientos y presidentes municipales ejercerán, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las facultades que determine la ley.

 

ARTÍCULO 150. La policía preventiva municipal estará al mando del Presidente Municipal en los términos que establezca el reglamento respectivo; el titular de la policía preventiva, así como el de tránsito municipal, tendrán las atribuciones establecidas en los reglamentos correspondientes; y en el caso del titular de tránsito tendrá además, las señaladas en la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de San Luis Potosí.

 

La policía preventiva municipal deberá acatar las órdenes que el Gobernador del Estado les transmita, en los casos en que él mismo juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

 

 

CAPITULO III

DE LA CONCESIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

 

ARTÍCULO 151. El otorgamiento de concesiones para la prestación de servicios públicos municipales se sujetará al siguiente procedimiento:

 

I. En sesión de Cabildo deberá establecerse la determinación, aprobada por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, sobre la imposibilidad de prestar por sí mismo el servicio; la que deberá hacerse del conocimiento público a través de tres publicaciones de tres en tres días, en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación en la Entidad y en la localidad, así como en el Periódico Oficial del Estado;

 

II. Posteriormente y en la misma forma que establece la fracción anterior, el Ayuntamiento emitirá una convocatoria a concurso para la obtención de la concesión de que se trate, señalando el término para que los interesados presenten las solicitudes correspondientes;

 

III. Los interesados en obtenerla deberán presentar la solicitud respectiva al Cabildo dentro del término señalado al efecto en la convocatoria, y deberán cubrir por su cuenta los gastos generados por la elaboración de los estudios correspondientes;

 

IV. Adjunto a la solicitud deberán anexar en sobre cerrado, la documentación mediante la que se compruebe que se cuenta con los medios y recursos para procurar las mejores condiciones, así como para el otorgamiento de garantías suficientes para responder sobre el cumplimiento y la eficacia en la prestación del servicio, y

 

V. Una vez concluido el término para la presentación de las solicitudes, el Cabildo determinará por el voto de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, cuál de los solicitantes ofrece las mejores condiciones para la prestación del servicio de que se trate, y es suficientemente solvente para garantizar el debido y eficaz cumplimiento del mismo; debiendo posteriormente dar a conocer a los participantes la resolución respectiva.

 

ARTÍCULO 152. Los contratos que se lleven a efecto para otorgar las concesiones se sujetarán a las siguientes bases y disposiciones:

 

I. Determinarán con precisión el servicio o servicios materia de la concesión, y los bienes que se afecten a la prestación del mismo por el concesionario;

 

II. Señalarán las medidas que deba tomar el concesionario para asegurar el buen funcionamiento y continuidad del servicio, así como las sanciones que le serán impuestas para el caso de incumplimiento;

 

III. Determinarán el régimen especial al que deba someterse la concesión y el concesionario, fijando el término de la duración de la concesión. La temporalidad por la que se otorgue la concesión no excederá en ningún caso de quince años;

 

IV. Establecerán las causas de caducidad o pérdida anticipada de la concesión, la forma de vigilar el cumplimiento en la prestación del servicio, así como el pago de los impuestos y prestaciones que se causen;

 

V. Fijarán las condiciones bajo las cuales podrán los usuarios utilizar los bienes y servicios;

 

VI. Consignarán las tarifas, forma de modificarlas y las contraprestaciones que deba cubrir el beneficiario;

 

VII. Establecerán el procedimiento administrativo para oír al concesionario y a todo interesado, en los asuntos que importen reclamación o afectación de los derechos que genere la concesión o el servicio público;

 

VIII. Señalarán, en su caso, cuándo se ha de solicitar la expropiación por causa de utilidad pública o de imponer restricciones a la propiedad privada, en los términos de la Constitución y la ley de la materia, y

 

IX. Determinarán la fianza o garantía que deba otorgar el concesionario para responder de la eficaz prestación del servicio.

 

ARTÍCULO 153. En el título de concesión se tendrán por establecidas, aunque no se expresen, las cláusulas siguientes:

 

I. La facultad del Ayuntamiento de modificar por causa justificada, la organización, modo o condiciones de la prestación del servicio;

 

II. La de inspeccionar la ejecución de las obras y la prestación del servicio;

 

III. La de que todos los bienes muebles e inmuebles que adquiera el concesionario para la prestación del servicio, se considerarán destinados exclusivamente a los fines del mismo;

 

IV. El derecho del Ayuntamiento como acreedor privilegiado, sobre todos los bienes muebles e inmuebles destinados a la prestación del servicio;

 

V. La obligación del concesionario de prestar el servicio de manera uniforme, regular o continua;

 

VI. La de reemplazar todos los bienes necesarios para la prestación del servicio, o de ejecutar todas las obras de reparación, conservación y reconstrucción, para la regularidad y continuidad del servicio;

 

VII. La de que el ejercicio de los derechos de los acreedores del concesionario, aun en el caso de quiebra, no podrá traer como consecuencia la suspensión o interrupción del servicio;

 

VIII. La de prestar el servicio a toda persona que lo solicite, conforme a la naturaleza del servicio de que se trate, y de acuerdo con los precios o tarifas aprobadas;

 

IX. La obligación del concesionario de someter a la aprobación del Cabildo, los contratos de crédito, prenda, hipoteca, emisión de obligaciones, bonos o cualquiera otra, para el financiamiento de la empresa, y

 

X. La prohibición de enajenar o traspasar la concesión o los derechos de ella derivados, o de los bienes empleados en su explotación, sin previa autorización por escrito del Cabildo.

 

ARTÍCULO 154. Procederá la cancelación de concesiones de servicios públicos municipales, previo dictamen de procedencia del Congreso del Estado, emitido a solicitud de parte interesada:

 

I. Cuando no se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en las concesiones;

 

II. Cuando se constate que el servicio se presta en forma irregular o distinta a la concesionada, salvo caso fortuito o de fuerza mayor;

 

III. Cuando no se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesión;

 

IV. Cuando se constate que el concesionario no conserva los bienes o instalaciones en buen estado, o cuando éstos sufran deterioro por su negligencia, con perjuicio para la prestación normal del servicio;

 

V. Cuando se enajene, subconcesione o se grave la concesión o alguno de los derechos en ella establecidos o sobre los bienes que afecten para proporcionar el servicio público de que se trate, sin que medie autorización del Ayuntamiento;

 

VI. Cuando se modifique o altere en lo substancial la naturaleza o condiciones en que opere el servicio, las instalaciones o su ubicación, sin previa aprobación del Ayuntamiento;

 

VII. Cuando exista la falta de pago estipulado en la concesión;

 

VIII. Cuando se violen las cuotas y tarifas o precios autorizados por el Ayuntamiento y el Congreso del Estado, y

 

IX. Cuando exista incumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en esta Ley o en el título de concesión.

 

ARTÍCULO 155. Al operar la cancelación de las concesiones, los bienes con que se preste el servicio se revertirán en favor del Municipio, exceptuando los que no sean de su propiedad; pero si el Ayuntamiento los considera necesarios para la prestación del servicio, solicitará su expropiación en los términos de la ley de la materia.

 

ARTÍCULO 156. A petición formulada por los concesionarios antes de la expiración del plazo de la concesión, el Ayuntamiento podrá prorrogarla con la autorización del Congreso del Estado, hasta por un término igual por el que fue otorgada, siempre que subsistan las condiciones que motivaron su otorgamiento y haya cumplido el concesionario con todas las obligaciones impuestas.

 

ARTÍCULO 157. Queda prohibida la concesión de los servicios públicos municipales a:

 

I. Miembros del Ayuntamiento, servidores públicos en general, así como sus cónyuges, parientes consanguíneos en línea directa sin limitación de grado, colaterales hasta el segundo grado y parientes por afinidad, y

 

II. Empresas en las que sean representantes o tengan intereses económicos las personas a que se refiere la fracción anterior.

 

Las concesiones otorgadas en contravención a lo dispuesto en este artículo, serán consideradas nulas de pleno derecho y causarán responsabilidad para quien las autorice.

 

ARTÍCULO 158. El Ayuntamiento fijará anualmente, con la aprobación del Congreso del Estado, y publicará las tarifas o precios de los servicios públicos municipales concesionados, en el Periódico Oficial del Estado y en uno de los de mayor circulación en la región.

 

Si para el primero de enero de cada año no se ha hecho la publicación de precios o tarifas, se aplicarán las vigentes en el ejercicio fiscal anterior.

 

 

TITULO NOVENO

DE LA REGLAMENTACION DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

 

CAPITULO I

DE LOS BANDOS Y REGLAMENTOS

 

ARTÍCULO 159. Los ayuntamientos expedirán en forma obligatoria, de acuerdo con las bases previstas en esta Ley y en las leyes que en materia municipal expida el Congreso del Estado, los bandos de Policía y Buen Gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones administrativas que sean de observancia general en sus respectivas municipalidades, las que en todo tiempo podrán ser modificadas con autorización del Ayuntamiento. Tales documentos para su validez deberá certificarlos el Secretario del Ayuntamiento y promulgarlos el Presidente Municipal, enviándolos para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

 

CAPITULO II

DE LAS SANCIONES

 

ARTÍCULO 160. Las infracciones a las normas contenidas en los reglamentos, bandos y demás disposiciones de autoridades municipales se sancionarán de la siguiente forma:

 

I. Amonestación;

 

II. Multa;

 

Si el infractor fuere jornalero, obrero o trabajador, sólo podrá ser sancionado con una multa que no excederá del importe de un salario mínimo diario vigente en la Entidad; en el caso de trabajadores no asalariados, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso;

 

III. Arresto hasta por 36 horas. Esta sanción podrá ser sustituida por multa en los términos de la fracción anterior, a opción del infractor, y

 

IV. Suspensión temporal o cancelación del permiso o licencia en su caso.

 

 

 

 

 

 

 

TITULO DECIMO

DE LOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPALES

 

 

CAPITULO I

GENERALIDADES

 

ARTÍCULO 161. Las relaciones laborales de las administraciones municipales y sus trabajadores, se regirán por la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

ARTÍCULO 162. Los servidores públicos administrativos serán suplidos en la forma que prevenga el Reglamento Interior del Ayuntamiento.

 

 

CAPITULO II

DE LA DECLARACIÓN DE LA SITUACIÓN PATRIMONIAL

 

ARTÍCULO 163. Tienen obligación de presentar declaración de situación patrimonial ante el Cabildo:

 

I. El Presidente Municipal;

 

II. Los regidores;

 

III. El Secretario;

 

IV. Los síndicos;

 

V. El Tesorero y Subtesorero;

 

VI. El Contralor Interno, el Oficial Mayor, los jefes y subjefes de Departamento, auditores e inspectores, y

 

VII. Los demás que señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

ARTÍCULO 164. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los plazos y términos que al efecto señala la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

ARTÍCULO 165. En caso de incumplimiento de las obligaciones consignadas en los artículos de este Título, el Cabildo exhortará al omiso para que, en un término de veinte días cumpla con su obligación. Si transcurrido dicho término no cumple, se determinará su destitución en el empleo, cargo o comisión.

 

ARTÍCULO 166. Para efectos de registro y control, el Cabildo remitirá a la Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado, un tanto de las declaraciones de situación patrimonial que le sean presentadas.

 

 

CAPITULO III

DE LAS SANCIONES Y DE LOS RECURSOS

 

ARTÍCULO 167. Por el incumplimiento de las funciones públicas previstas en esta Ley se impondrán a los servidores públicos municipales, las sanciones señaladas por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí.

 

 

TITULO DECIMO PRIMERO

DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

 

 

CAPITULO UNICO

 

ARTÍCULO 168. Las personas afectadas por resoluciones definitivas dictadas con fundamento en esta Ley, podrán interponer en su favor los recursos que establezca la Ley de Procedimiento Administrativo de los Municipios del Estado de San Luis Potosí.

 

 

T R A N S I T O R I O S

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día veintiséis de septiembre del año dos mil.

 

SEGUNDO. A la entrada en vigor de este Decreto, se abroga la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 30 de abril de 1997.

 

TERCERO. Se derogan asimismo todas las disposiciones y ordenamientos legales que se opongan a la presente Ley.

 

CUARTO. El Título Décimo Primero de la presente Ley entrará en vigor a los seis meses contados a partir de la vigencia de la misma, término dentro del cual la Legislatura del Estado deberá aprobar la Ley a que el citado Título se refiere. En tanto seguirán vigentes las disposiciones del Título Noveno de la Ley que se abroga.

 

QUINTO. Se concede a los ayuntamientos del Estado un plazo de noventa días naturales, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para que reformen y en su caso formulen, aprueben, promulguen y publiquen los reglamentos que deriven de la misma. Mientras tanto, los actuales en lo que no se opongan a este ordenamiento, se seguirán aplicando.

 

SEXTO. Los municipios que no cuenten con Bando de Policía y Buen Gobierno o con los reglamentos correspondientes, en tanto sus ayuntamientos los expidan, o en tanto el Congreso del Estado no expida la ley a que se refiere la fracción II del primer párrafo de inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, les serán aplicables supletoriamente y sólo en el ordenamiento que les faltare, el Bando de Policía y Buen Gobierno y reglamentos que rijan para el Municipio de San Luis Potosí.

 

Lo tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.

 

D A D O en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, el día veintinueve del mes de junio de dos mil.

 

Diputado presidente: Eugenio Guadalupe Govea Arcos, Diputado Secretario: Santos Gonzalo Guzmán Salinas, Diputado Secretario: Jorge Ricardo Domínguez Casanova (Rúbricas).

 

Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente decreto y que todas las autoridades lo hagan cumplir y guardar y al efecto se imprima, publique y circule a quienes corresponda.

 

D A D O en el Palacio de Gobierno, Sede del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a los ocho días del mes de julio de dos mil.

 

El Gobernador Constitucional del Estado

 

LIC. FERNANDO SILVA NIETO

(Rúbrica)

 

El Secretario General de Gobierno

LIC. JUAN CARLOS BARRON CERDA

(Rúbrica)

 

 

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