Lunes 22 de septiembre de 2014
Inicio : Sistemas de Información Municipal : Legislación Básica Local : Puebla : Ley Orgánica del Estado de Puebla
Recomendar página   Imprime esta página  

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER LEGISLATIVO

DECRETO del H. Congreso del Estado, por el cual expide la LEY ORGÁNICA MUNICIPAL.

 

            Al margen un sello con el Escudo Nacional y una leyenda que dice: Estados Unidos Mexicanos.- H. Congreso del Estado.- Puebla.

 

            LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Puebla, a sus habitantes sabed:

 

            Que por la Secretaría del H. Congreso, se me ha remitido el siguiente:

 

 

 

 

 

EL HONORABLE QUINCUAGÉSIMO CUARTO CONGRESO

CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA

 

 

CONSIDERANDO

 

            Que en Sesión Pública Extraordinaria de esta fecha, Vuestra Soberanía tuvo a bien aprobar el Dictamen con Minuta Ley emitido por la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, relativo a los expedientes formados con motivo de tres Iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, con fechas once de marzo, veintinueve de julio y nueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente; una por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve; una presentada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, de fecha veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve; una presentada por los Regidores del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, del Partido Acción Nacional, de fecha dos de septiembre de mil novecientos noventa y nueve; una presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, de fecha ocho de marzo de dos mil uno; una presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de fecha ocho de marzo de dos mil uno; y una remitida por el Ejecutivo del Estado, de fecha ocho de marzo de dos mil uno; todas referentes a la Ley Orgánica Municipal.

 

            Que una de las premisas básicas para orientar la política estatal es impulsar el fortalecimiento del Municipio en el ejercicio de las atribuciones, funciones y responsabilidades que le asigna el orden jurídico vigente, la base de la organización territorial, política y administrativa del Municipio se ha visto reducida en su participación al desarrollo de los mismos, el fortalecimiento hace viable a los nuevos alcances de la gestión municipal con la ejecución de programas y proyectos, convirtiéndolo en un importante generador de beneficios para la sociedad.

 

            La incesante transformación social en el entorno de los Municipios, condiciona a los poderes públicos a la conformación de una nueva legislación en materia municipal, que abarque satisfactoriamente las atribuciones que a partir del replanteamiento sobre el federalismo mexicano, han de asumirse por los gobiernos locales.

 

            Que el Municipio como entidad político-jurídica, integrado por una población asentada en un espacio geográfico determinado, que tiene unidad de gobierno y se rige por normas jurídicas de acuerdo con sus propios fines.

 

            El interés y compromiso asumido por los legisladores de la Quincuagésimo Cuarta Legislatura del Estado y por el Ejecutivo del Estado, se sustenta en impulsar los esfuerzos en la transformación social del entorno de los 217 Municipios que componen el Estado de Puebla, las características geográficas y climáticas de las distintas regiones, presentan una diversidad social, económica, política y cultural muy importante a la Entidad.

 

            Para lograr la convivencia pacífica de la sociedad, se deben establecer disposiciones que regulen y orienten la conducta de sus autoridades y de los individuos que la integran, observándose la necesidad de contar con normas y lineamientos mediante las cuales se establezcan limitaciones a la conducta de todos los que en ella se desarrollan.

 

            En la evolución del hombre como ser social, las normas han tomado diversas formas y han variado en el grado de complejidad que adquieren en la actualidad, estando la máxima complejidad representada en la creación del actual Estado de Derecho.

 

            La adecuación del Derecho a la realidad, supone necesariamente una revisión periódica de los ordenamientos legales, independientemente del alcance evolutivo de todo texto normativo, ya que su alcance o capacidad tiene sus limitaciones.

 

            Con fecha quince de julio de mil novecientos noventa y nueve, esta Soberanía, erigida en Constituyente Permanente, aprobó en todos sus términos la Minuta Proyecto de Decreto enviada por la Honorable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión que reforma y adiciona el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

            Con fecha veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que reforma el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que contempla innovaciones que permiten al Municipio la ampliación de sus facultades y atribuciones para orientar su actividad con un sentido de beneficio social.

 

            Que con motivo de la reforma Constitucional, la Quincuagésimo Cuarta Legislatura del Congreso del Estado, a través de la Gran Comisión y de la Comisión General de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, llevaron a cabo en el Estado siete foros regionales de consulta popular, en los Municipios de Zacatlán, Ciudad Serdán, Izúcar de Matamoros, Atlixco, Teziutlán, Tehuacán y en la Ciudad de Puebla, los días veintinueve de marzo, cinco, doce y veintiséis de abril, diecisiete, veinticuatro y treinta y uno de mayo, y dos de junio del año dos mil respectivamente, destacando la participación de autoridades y sociedad, presentando durante los foros un total de trescientas catorce ponencias, de las que resultaron un total de ciento nueve propuestas de reforma en materia municipal, reflejando el interés de las autoridades municipales y de todos los sectores de la sociedad por contar con un marco jurídico municipal de vanguardia.

 

            Teniendo presente la participación de la sociedad poblana en los mencionados foros llevados a cabo en el Estado, los cinco Grupos Parlamentarios con representación en el Poder Legislativo, presentaron iniciativas de Ley Orgánica Municipal, en las que plasman las inquietudes y necesidades expresadas por la ciudadanía.

 

            Los principios básicos para la organización y funcionamiento del Municipio, así como para alcanzar sus objetivos se encuentran consagrados en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo al Municipio como el primer elemento y principio primordial de la democracia en nuestro país.

 

            Con fecha dos de marzo del año dos mil uno, esta Soberanía tuvo a bien declarar aprobado el Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, en materia municipal congruente con lo establecido en la reforma al artículo 115 de la Constitución Federal, lo que constituyó como base para la creación de este ordenamiento.

 

            Los avances en la nueva dinámica del Municipio, obliga al Poder Legislativo a abrogar la Ley Orgánica Municipal, publicada en el Periódico Oficial del Estado el dos de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, y expedir un norma que responda al fortalecimiento en el desarrollo y democratización de los Municipios de la Entidad, denominándola “LEY ORGANICA MUNICIPAL”.

 

            En este tenor, esta nueva Ley se compone de treinta y dos capítulos, doscientos ochenta artículos y tres artículos transitorios, constituyendo cuestiones trascendentales las siguientes:

 

            El Capítulo I comprende el orden de aplicación de la Ley, su objeto y naturaleza, concepto y características del sujeto de la misma, toda vez que como el Municipio es una entidad jurídica, base de la organización política, administrativa y territorial de la Entidad Federativa, que busca satisfacer las necesidades colectivas de su población, siguiendo los principios establecidos en las Constituciones Federal y Local; en estos tiempos ha alcanzado un grado de madurez que se ha reflejado al reconocérsele el auténtico carácter de Gobierno; así, cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, siendo éste el máximo órgano de decisión con jurisdicción sobre una población, asentada en un determinado territorio, deduciéndose de lo anterior los elementos esenciales del Municipio, que son regulados en esta normatividad.

 

            El apego al principio de libertad que actualmente goza el Municipio, rompe con la dependencia que tenía hacia el Gobierno Federal y Estatal; este tipo de acciones es el reflejo del compromiso asumido por la Quincuagésimo Cuarta Legislatura Local y por el Ejecutivo del Estado.

 

            El Capítulo II establece el procedimiento para la creación, modificación, fusión y supresión de los Municipios; así como una Sección correspondiente a las controversias que se susciten por cuestiones de límites territoriales entre dos o más Municipios del Estado, observándose el procedimiento que regirá para la solución a dichos conflictos.

 

            El Capítulo IV, denominado de las Comunidades Indígenas, previene que las autoridades municipales y órganos de colaboración municipal promoverán el desarrollo integral de las comunidades indígenas, incluyéndolos en los Planes de Desarrollo Municipal, mediante el ejercicio de la planeación democrática que fomente su fortalecimiento, conservación y bienestar, respetando su cultura, usos, costumbres y tradiciones, con estricto apego a lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con valiosas aportaciones de los Grupos Parlamentarios con representación en el Poder Legislativo.

 

            Se reconoce al Municipio su naturaleza como nivel de gobierno, cuya competencia se ejerce con exclusión de cualquier otra autoridad; en tal virtud el Capítulo V establece que el Municipio es gobernado por un Ayuntamiento elegido directamente por el pueblo y de entre el pueblo, como lo manda la norma constitucional, para garantizar el ejercicio del poder, estableciéndose la forma de elección e integración de los Ayuntamientos del Estado; la fecha y términos para su instalación; así como la periodicidad y condiciones para que se celebren válidamente las sesiones de los Ayuntamientos.

 

            En el Capítulo V se diferencian los procedimientos y causales de suspensión y revocación del mandato conferido de uno o más miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, ratificando la competencia exclusiva que por disposición constitucional se confiere al Congreso del Estado, en términos de la legislación aplicable, dando con ello certidumbre y certeza jurídica. También se destaca lo relativo a la entrega-recepción de la Administración Pública Municipal que deberá llevar a cabo el Ayuntamiento saliente al Ayuntamiento electo, la que no podrá dejar de realizar por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia; debiendo estar en el acto una representación del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

 

            En el Capítulo VI se enuncian las atribuciones que tendrán a su cargo los Ayuntamientos destacándose las de orden normativo; las de colaboración con los otros niveles de gobierno; las de gestión administrativa; las de carácter operativo, de funciones y servicios públicos; y las de fomento de actividades que implican un beneficio para la colectividad.

 

            La cultura popular de los Municipios de la Entidad, tomará gran impulso con el nombramiento del Cronista Municipal, atribución que le es conferida al Cabildo, el cual tendrá el compromiso de resaltar la vida añeja de las poblaciones, logrando que las nuevas generaciones reconozcan las raíces de las cuales provienen, obteniendo así un mayor arraigo, constituyendo este rubro una contribución del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.

 

            Una de las innovaciones que introdujo la reforma al artículo 115 Constitucional fue la de clarificar la facultad reglamentaria de los Municipios, que consiste en reconocer que los mismos podrán dictar los Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general, que requiera el régimen gubernamental y administrativo del Municipio; por lo que el Capítulo VII establece los principios rectores que constituyen las bases normativas para el ejercicio de las facultades reglamentarias del Municipio.

 

            Para cumplir con las importantes funciones de la Administración Pública Municipal, el Capítulo IX, norma la creación de comisiones permanentes en los rubros de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos, de Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería; de Salubridad y Asistencia Pública; de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales; así como la de Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre Géneros, con el propósito de atender los constantes reclamos y conflictos que en esta materia se presentan.

 

            Las obligaciones y atribuciones de los Ayuntamientos en materia de política ambiental municipal es una prioridad, por lo que el fortalecimiento del equilibrio ecológico en los centros de población, tendiente a lograr la protección de la biodiversidad, el control y la vigilancia del uso del suelo, evitará el riesgo al que se encuentra expuesta la sociedad civil en caso de desastres naturales, siendo valiosa la participación en este aspecto del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, incorporándose al cuerpo de la presente Ley cuestiones relativas a la procuración de crear una cultura de separación de la basura y la de instrumentación de programas de recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos. Asimismo, se establece la implementación de medidas de seguridad sanitaria tendientes al control de la fauna nociva; aportación importante planteada por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.

 

            Acorde con el contenido del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del desarrollo nacional implica todo un sistema en el que se requiere de la participación de los tres niveles de gobierno, para hacer que el crecimiento de la economía sea sólida, dinámica, permanente y equitativa; por lo que el Capítulo XI, se ocupa de establecer los principios y objetivos de la planeación democrática del desarrollo municipal; así como la creación, integración y funcionamiento del Consejo de Planeación Municipal como órgano técnico auxiliar de los Ayuntamientos en la materia; acorde a Ley Federal y Estatal de Planeación, elementos de indiscutible importancia aportados por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

 

            En el presente ordenamiento se previenen las bases generales de la Administración Pública Municipal, contemplándose éstas en el Capítulo XII, el que establece las reglas para la organización de esta Administración, la que será Centralizada y Descentralizada; estableciéndose así mismo, la integración de cada una de esas ramas así como los principales dispositivos que normarán su actuación.

 

            La Ley en cuestión contempla la autosuficiencia económica de los Municipios, lo que garantiza la libertad política y consolida el principio constitucional de “MUNICIPIO LIBRE”, dando pie a una reestructuración de la economía municipal basada en la libre administración de su hacienda.

 

            El Capítulo XIV se ocupa de lo relativo al Patrimonio y la Hacienda Pública Municipal, advirtiéndose que además de determinar la integración del Patrimonio del Municipio, el cual se conforma con la universalidad de derechos y acciones de las que es titular este ente de Derecho y los que pueden valorarse económicamente; también se enuncia la forma en que se integrará la Hacienda Pública Municipal, estableciéndose la distinción entre los bienes del dominio público municipal, que por disposición legal serán inembargables, inalienables e imprescriptibles; y los bienes de dominio privado municipal, los cuales, para poder ser afectados se requerirá necesariamente de la aprobación de cuando menos las dos terceras partes del Cabildo Municipal, siendo necesario, de acuerdo con las Iniciativas presentadas por los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, el establecimiento de una serie de requisitos que, sin afectar la facultad del Ayuntamiento en cuanto al libre manejo de su patrimonio, dé transparencia y certeza a las eventuales enajenaciones, arrendamientos, gravámenes y en general cualquier acto jurídico que afecte bienes municipales.

 

            En este mismo Capítulo, los Grupos Parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática consideraron necesario que con relación a sus programas y modalidades de gasto, los Ayuntamientos, en el presupuesto de egresos, no podrán destinar más del cincuenta por ciento del total del gasto a servicios personales, y que el gasto destinado a obra pública no podrá ser menor al diez por ciento, fortaleciendo de esta manera, evidentemente, la aplicación de los recursos municipales.

 

Asimismo, por lo que respecta al apartado de las concesiones, licencias, permisos y autorizaciones, se precisa que éstas serán otorgadas exclusivamente por el Ayuntamiento, y no así por dependencias municipales o autoridades auxiliares de las que conforman la demarcación de su territorio, constituyendo lo anterior una aportación por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional al cuerpo del presente ordenamiento.

 

            Un rubro de trascendencia resulta ser el de la participación de la comunidad en las tareas asignadas al Gobierno Municipal, así el Capítulo XIX previene la forma y términos en que se desenvolverá la participación de la ciudadanía en el Gobierno Municipal, por constituir esto también, un imperativo constitucional, lo que se sustenta en el presente ordenamiento al establecer que en cada Municipio funcionará uno o varios Consejos de Participación Ciudadana, instancia básica, flexible y plural de participación ciudadana, como órganos de promoción y gestión social, auxiliar de los Ayuntamientos.

 

            El Capítulo XXI dispone lo relativo a la organización y funcionamiento de los servicios públicos que deberá prestar el Municipio, así como la forma de conducir sus relaciones con los gobernados, con la finalidad de satisfacer de manera concreta y permanente las necesidades de la colectividad; previniendo que cuando aquél se encuentre imposibilitado para la prestación de éstos, podrá, previo acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Ayuntamiento respectivo, suscribir convenios con el Estado para que éste se haga cargo de los mismos.

 

            El Capítulo XXII dispone las bases sobre las cuales podrán coordinarse los Municipios del Estado, entre sí o con otros que pertenezcan a Entidad Federativa diversa, para que conjuntamente presten de manera más eficaz los servicios públicos que les correspondan o para solucionar los problemas que les afecten; asimismo, se determinan los casos y el procedimiento para suscribir convenios con el Gobierno del Estado.

 

            Uno de los rubros que aportan mayor fortaleza y eficacia a las funciones que realizan los Ayuntamientos es el de la justicia municipal, del cual se ocupa el Capítulo XXIV, previniendo, que la misma quedará a cargo de los juzgados menores, de paz y calificadores, así como, en lo conducente, de los agentes subalternos del Ministerio Público, estableciéndose la forma de su integración, designación y actuación, así como las respectivas atribuciones que por disposición de la ley tendrán a su cargo.

 

            Finalmente, otro aspecto que se ha implementado con el fin de garantizar que los derechos de los habitantes y vecinos del Municipio sean estrictamente respetados, es el contenido del Capítulo XXXI el cual dispone la procedencia y tramitación del Recurso de Inconformidad, como medio para impugnar los actos del Presidente Municipal, del Ayuntamiento, de sus dependencias y de los Presidentes de las Juntas Auxiliares, siempre que contra éstos no exista algún otro medio de defensa ya previsto en las leyes o que contra dichos actos no proceda recurso alguno.

 

            En conjunción de estos dispositivos, se persigue hacer realidad los fines que impulsaron al Constituyente a implementar las reformas necesarias para fortalecer al Municipio y permitir, que éste cumpla con las aspiraciones que la sociedad le ha depositado.

 

            Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos, 57 fracción I, 63 fracciones I, II y IV, 79 fracción VI de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 43 fracción I, 64 fracciones I, II y IV, 65, 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 19, 20, 23 fracción I del Reglamento Interior del H. Congreso del Estado, se emite la siguiente:

 

 

 

LEY ORGÁNICA MUNICIPAL

 

CAPÍTULO I

 

DISPOSICIONES PRELIMINARES

 

 

            ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general en los Municipios que conforman el Estado Libre y Soberano de Puebla, y tiene por objeto regular las bases para la integración y organización en el ámbito municipal del territorio, la población y el gobierno, así como dotar de lineamientos básicos a la Administración Pública Municipal, desarrollando las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado.

 

            ARTÍCULO 2.- El Municipio Libre es una Entidad de derecho público, base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Puebla, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno de elección popular directa, el cual tiene como propósito satisfacer, en el ámbito de su competencia, las necesidades colectivas de la población que se encuentra asentada en su circunscripción territorial; así como inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades.

 

            ARTÍCULO 3.- El Municipio se encuentra investido de personalidad jurídica y de patrimonio propios, su Ayuntamiento administrará libremente su hacienda y no tendrá superior jerárquico. No habrá autoridad intermedia entre el Municipio y el Gobierno del Estado.

 

 

 

CAPÍTULO II

DEL TERRITORIO

 

SECCIÓN I

DE LA DIVISIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO

 

 

            ARTÍCULO 4.- El Estado de Puebla se conforma por los siguientes Municipios:

 

  1.- Acajete

  2.- Acateno

  3.- Acatlán

  4.- Acatzingo

  5.- Acteopan

  6.- Ahuacatlán

  7.- Ahuatlán

  8.- Ahuazotepec

  9.- Ahuehuetitla

 10.- Ajalpan

 11.- Albino Zertuche

 12.- Aljojuca

 13.- Altepexi

 14.- Amixtlán

 15.- Amozoc

 16.- Aquixtla

 17.- Atempan

 18.- Atexcal

 19.- Atlequizayán

 20.- Atlixco

 21.- Atoyatempan

 22.- Atzala

 23.- Atzitzihuacan

 24.- Atzitzintla

 25.- Axutla

 26.- Ayotoxco de Guerrero

 27.- Calpan

 28.- Caltepec

 29.- Camocuautla

 30.- Cañada Morelos

 31.- Caxhuacan

 32.- Coatepec

 33.- Coatzingo

 34.- Cohetzala

 35.- Cohuecan

 36.- Coronango

 37.- Coxcatlán

 38.- Coyomeapan

 39.- Coyotepec

 40.- Cuapiaxtla de Madero

 41.- Cuautempan

 42.- Cuautinchán

 43.- Cuautlancingo

 44.- Cuayuca de Andrade

 45.- Cuetzalan del Progreso

 46.- Cuyoaco

 47.- Chalchicomula de Sesma

 48.- Chapulco

 49.- Chiautla

 50.- Chiautzingo

 51.- Chiconcuautla

 52.- Chichiquila

 53.- Chietla

 54.- Chigmecatitlán

 55.- Chignahuapan

 56.- Chignautla

 57.- Chila

 58.- Chila de la Sal

 59.- Chilchotla

 60.- Chinantla

 61.- Domingo Arenas

 62.- Eloxochitlán

 63.- Epatlán

 64.- Esperanza

 65.- Francisco Z. Mena

 66.- General Felipe Angeles

 67.- Guadalupe

 68.- Guadalupe Victoria

 69.- Hermenegildo Galeana

 70.- Honey

 71.- Huaquechula

 72.- Huatlatlauca

 73.- Huauchinango

 74.- Huehuetla

 75.- Huehuetlán El Chico

 76.- Huehuetlán El Grande

 77.- Huejotzingo

 78.- Hueyapan

 79.- Hueytamalco

 80.- Hueytlalpan

 81.- Huitzilan de Serdán

 82.- Huitziltepec

 83.- Ixcamilpa de Guerrero

 84.- Ixcaquixtla

 85.- Ixtacamaxtitlan

 86.- Ixtepec

 87.- Izúcar de Matamoros

 88.- Jalpan

 89.- Jolalpan

 90.- Jonotla

 91.- Jopala

 92.- Juan C. Bonilla

 93.- Juan Galindo

 94.- Juan N. Méndez

 95.- Lafragua

 96.- La Magdalena Tlatlauquitepec

 97.- Libres

 98.- Los Reyes de Juárez

 99.- Mazapiltepec de Juárez

100.- Mixtla

101.- Molcaxac

102.- Naupan

103.- Nauzontla

104.- Nealtican

105.- Nicolás Bravo

106.- Nopalucan

107.- Ocotepec

108.- Ocoyucan

109.- Olintla

110.- Oriental

111.- Pahuatlán

112.- Palmar de Bravo

113.- Pantepec

114.- Petlalcingo

115.- Piaxtla

116.- Puebla

117.- Quecholac

118.- Quimixtlán

119.- Rafael Lara Grajales

120.- San Andrés Cholula

121.- San Antonio Cañada

122.- San Diego La Mesa Tochimiltzingo

123.- San Felipe Teotlancingo

124.- San Felipe Tepatlán

125.- San Gabriel Chilac

126.- San Gregorio Atzompa

127.- San Jerónimo Tecuanipan

128.- San Jerónimo Xayacatlán

129.- San José Chiapa

130.- San José Miahuatlán

131.- San Juan Atenco

132.- San Juan Atzompa

133.- San Martín Texmelucan

134.- San Martín Totoltepec

135.- San Matías Tlalancaleca

136.- San Miguel Ixitlán

137.- San Miguel Xoxtla

138.- San Nicolás Buenos Aires

139.- San Nicolás de los Ranchos

140.- San Pablo Anicano

141.- San Pedro Cholula

142.- San Pedro Yeloixtlahuaca

143.- San Salvador El Seco

144.- San Salvador El Verde

145.- San Salvador Huixcolotla

146.- San Sebastián Tlacotepec

147.- Santa Catarina Tlaltempan

148.- Santa Inés Ahuatempan

149.- Santa Isabel Cholula

150.- Santiago Miahuatlán

151.- Santo Tomás Hueyotlipan

152.- Soltepec

153.- Tecali de Herrera

154.- Tecamachalco

155.- Tecomatlán

156.- Tehuacán

157.- Tehuitzingo

158.- Tenampulco

159.- Teopatlán

160.- Teotlalco

161.- Tepanco de López

162.- Tepango de Rodríguez

163.- Tepatlaxco de Hidalgo

164.- Tepeaca

165.- Tepemaxalco

166.- Tepeojuma

167.- Tepetzintla

168.- Tepexco

169.- Tepexi de Rodríguez

170.- Tepeyahualco

171.- Tepeyahualco de Cuauhtémoc

172.- Tetela de Ocampo

173.- Teteles de Ávila Castillo

174.- Teziutlán

175.- Tianguismanalco

176.- Tilapa

177.- Tlacotepec de Benito Juárez

178.- Tlacuilotepec

179.- Tlachichuca

180.- Tlahuapan

181.- Tlaltenango

182.- Tlanepantla

183.- Tlaola

184.- Tlapacoya

185.- Tlapanalá

186.- Tlatlauquitepec

187.- Tlaxco

188.- Tochimilco

189.- Tochtepec

190.- Totoltepec de Guerrero

191.- Tulcingo

192.- Tuzamapan de Galeana

193.- Tzicatlacoyan

194.- Venustiano Carranza

195.- Vicente Guerrero

196.- Xayacatlán de Bravo

197.- Xicotepec

198.- Xicotlán

199.- Xiutetelco

200.- Xochiapulco

201.- Xochiltepec

202.- Xochitlán de Vicente Suárez

203.- Xochitlán Todos Santos

204.- Yaonahuac

205.- Yehualtepec

206.- Zacapala

207.- Zacapoaxtla

208.- Zacatlán

209.- Zapotitlán

210.- Zapotitlán de Méndez

211.- Zaragoza

212.- Zautla

213.- Zihuateutla

214.- Zinacatepec

215.- Zongozotla

216.- Zoquiapan

217.- Zoquitlán

 

            ARTÍCULO 5.- Los Municipios conservarán los límites y extensiones que tengan a la fecha de expedición de la presente Ley, según sus respectivos Decretos de Creación, Constitución o Reconocimiento.

 

            ARTÍCULO 6.- Previo acuerdo de las dos terceras partes del Cabildo, un Municipio podrá solicitar modificaciones a su territorio o a la denominación de sus centros de población.

 

            Los Municipios interesados en tales modificaciones, deberán realizar su solicitud al Congreso del Estado, el que determinará lo procedente.

 

            ARTÍCULO 7.- El centro de población donde resida el Ayuntamiento será la cabecera del Municipio; no podrá tener una categoría menor a la de villa; y sólo podrá trasladarse temporalmente por causa de fuerza mayor a otra población.

 

            Para que un Municipio cambie permanentemente de cabecera, deberá obtenerse autorización del Congreso del Estado, previa solicitud de las dos terceras partes de los Regidores y la mayoría de las Juntas Auxiliares del Municipio respectivo. El Congreso del Estado sólo podrá autorizar dicho cambio mediante el voto favorable de las dos terceras partes de sus integrantes.

 

 

 

SECCIÓN II

DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN

 

 

            ARTÍCULO 8.- Para efectos de su organización administrativa, los centros de población de los Municipios se clasifican en ciudades, villas, pueblos, rancherías, comunidades, barrios y secciones.

 

            ARTÍCULO 9.- Para que un centro de población sea elevado a la categoría de ciudad, villa o pueblo, se requiere que lo declare el Congreso del Estado mediante Decreto; en los demás casos, lo harán los respectivos Ayuntamientos, siempre y cuando se reúnan los siguientes requisitos:

 

            I.- Que tenga la población y servicios siguientes:

 

            a) CIUDAD: Centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 20,000 habitantes, y que por lo mismo cuente con las siguientes funciones y servicios públicos: energía eléctrica, agua potable, planta ablandadora o de tratamiento de agua, red de drenaje y alcantarillado, trazado urbano, calles pavimentadas, alumbrado público, terminal de autobuses, transporte público, auditorio, servicios de telefonía, correo, telégrafo, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, cárcel municipal, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, lugares para la práctica de deportes, servicios médicos, hospitales, planteles educativos de enseñanza preescolar, primaria, secundaria y media superior;

 

            El objetivo de este centro de población debe ser el fortalecimiento del desarrollo regional y evitar las concentraciones excesivas en pocas zonas de influencia, por funcionar como articulador e integrador de otras localidades;

 

            b) VILLA: Centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 10,000 habitantes y que cuente con las siguientes funciones y servicios públicos: agua potable, energía eléctrica, trazado urbano, alumbrado público, calles revestidas, transporte público, servicios de telefonía, correo y telégrafo, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos, mercados, panteón, rastro, parques y jardines y su equipamiento, seguridad pública, lugares para la práctica de deportes, hospital, planteles educativos de enseñanza preescolar, primaria y secundaria;

 

            c) PUEBLO: Centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 2,500 habitantes y que cuente con los siguientes servicios públicos: energía eléctrica, agua potable, trazado urbano, camino de terracería, plaza pública, caseta telefónica, correo o telégrafo, caseta de policía, cementerio, mercado, transporte público, lugares de recreo y para la práctica de deportes y escuelas de enseñanza preescolar, primaria y secundaria;

 

            d) RANCHERIA: Centro de población que tenga conforme al último censo un mínimo de 500 habitantes separados por más de cinco kilómetros de la ciudad, villa o pueblo del cual forma parte y que cuente con servicios de: energía eléctrica, agua potable, camino vecinal y escuela rural;

 

            e) COMUNIDAD: Centro de población que cuente conforme al último censo hasta con 499 habitantes y estar separado por más de cinco kilómetros del poblado principal del cual forme parte;

 

            f) BARRIO: Conjunto de casas que se agrupan en manzanas y que pueden conformar un pueblo, villa, comunidad o ranchería; y

 

            g) SECCIÓN: Conjunto de manzanas, barrios, colonias, comunidades o rancherías que sumen individualmente o en conjunto 1,000 habitantes.

 

            II.- Que lo soliciten las tres cuartas partes de sus ciudadanos vecinos inscritos en el padrón electoral; y

 

            III.- Que sea escuchado el Ayuntamiento del Municipio a que pertenece.

 

            Los centros de población sólo podrán perder su categoría, si por más de diez años dejan de reunir los requisitos correspondientes, o como resultado de la supresión o fusión de Municipios; en ambos supuestos se requerirá que así lo declare el Congreso del Estado luego de haber escuchado al Ayuntamiento respectivo.

 

            ARTÍCULO 10.- Cuando la extensión o densidad de la población lo exijan, el Municipio podrá dividirse en delegaciones y éstas a su vez en sectores municipales. La extensión, límites y competencia de las delegaciones, serán determinadas por el Ayuntamiento, sin menoscabo de las atribuciones de las Juntas Auxiliares.

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN III

DE LA CREACIÓN, MODIFICACIÓN, FUSIÓN Y SUPRESIÓN

DE LOS MUNICIPIOS

 

 

            ARTÍCULO 11.- Corresponde al Congreso del Estado aprobar la creación, modificación, fusión y supresión de los Municipios, así como los cambios de nombre del Municipio o de sus centros de población, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley.

 

            ARTÍCULO 12.- Las resoluciones que emita el Congreso del Estado en esta materia, deberán ser aprobadas por cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, previa opinión del Titular del Poder Ejecutivo y audiencia de los Ayuntamientos de que se trate.

 

            ARTÍCULO 13.- La creación de nuevos Municipios dentro de los límites de los existentes, requiere:

 

            I.- Que la superficie en que se pretenda constituir el nuevo Municipio no sea menor de cien kilómetros cuadrados;

 

            II.- Que haya un mínimo de veinticinco mil habitantes en esa superficie;

 

            III.- Que lo soliciten por escrito al Congreso del Estado, cuando menos las tres cuartas partes de los ciudadanos vecinos inscritos en el padrón electoral, de dicha superficie;

 

            IV.- Que el centro de población propuesto como cabecera, tenga por lo menos la categoría de villa;

 

            V.- Que se demuestre que el probable ingreso fiscal sería suficiente para atender los gastos de la administración municipal;

 

            VI.- Que se demuestren las causas políticas, sociales, económicas y administrativas por las que el Municipio al que pertenece la fracción o fracciones solicitantes, ya no responden a las necesidades de la asociación en vecindad; y

 

            VII.- Que sean oídos el Titular del Poder Ejecutivo y los Municipios afectados.

 

            ARTÍCULO 14.- Podrán suprimirse Municipios cuando se compruebe que carecen de los elementos necesarios para atender debidamente a su administración y prestación de los servicios públicos indispensables, a petición de las tres cuartas partes de sus ciudadanos vecinos inscritos en el padrón electoral.

 

            ARTÍCULO 15.- Previa decisión de las tres cuartas partes de sus ciudadanos vecinos inscritos en el padrón electoral, dos o más Municipios podrán solicitar fusionarse, a efecto de que desaparezca uno o más Municipios, o se cree uno nuevo. Los interesados deberán solicitarlo al Congreso del Estado, quien determinará lo conducente.

 

 

SECCIÓN IV

DE LAS CONTROVERSIAS TERRITORIALES

 

 

            ARTÍCULO 16.- Salvo lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás leyes aplicables, las controversias por cuestiones de límites o competencia por territorialidad entre dos o más Municipios del Estado, serán resueltas por el Congreso del Estado y se regirán por los lineamientos que señala la presente Ley, sin perjuicio de que el Congreso del Estado reglamente el procedimiento en ordenamiento diverso.

 

            ARTÍCULO 17.- Los Municipios propondrán la solución de toda controversia de límites entre ellos, la que someterán a la aprobación del Congreso del Estado. En caso de no llegar a un acuerdo, se someterán al procedimiento establecido por este Capítulo.

 

            ARTÍCULO 18.- Las controversias por límites se deberán iniciar mediante escrito interpuesto dentro de cualquiera de los siguientes plazos:

 

            I.- Tratándose de actos, dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente al que conforme a la ley de la cual emana el  acto reclamado surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, o al que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o

 

            II.- Tratándose de normas generales, dentro de los treinta días contados a partir del día siguiente a la fecha de su publicación, o del día siguiente al que se produzca el primer acto de aplicación de la norma que dé lugar a la controversia.

 

            ARTÍCULO 19.- Son parte en las controversias a que se refiere esta Sección:

 

            I.- El Municipio o Municipios cuyo territorio o competencia se afecte o pretenda afectar;

 

            II.- Como tercero perjudicado, el Municipio o Municipios que pudieran resultar afectados por la resolución que se llegue a dictar; y

 

            III.- El Municipio que hubiere emitido y promulgado la norma general o pronunciado el acto objeto de la controversia.

 

            ARTÍCULO 20.- El escrito a que hace referencia el artículo 18 de esta Ley, deberá contener:

 

            I.- La denominación del Municipio promovente y el domicilio de su Ayuntamiento;

 

            II.- El o los Municipios perjudicados y el domicilio de sus Ayuntamientos;

 

            III.- La norma general o acto cuya aplicación motive el procedimiento, y en su caso, el medio de publicación;

 

            IV.- Los preceptos legales que se estimen violados;

 

            V.- La manifestación de los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande;

 

            VI.- Los conceptos de invalidez;

 

            VII.- La petición o las peticiones específicas; y

 

            VIII.- La firma del Síndico correspondiente.

 

            Al escrito de referencia deberán acompañarse las pruebas que se consideren pertinentes para acreditar su dicho, así como de las copias para correr traslado, tanto a los Municipios que sean parte en la controversia, como a la Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado, para su intervención en términos de la ley aplicable.

 

 

 

            ARTÍCULO 21.- Recibido el escrito por el Congreso del Estado, se turnará a la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, la que analizará la procedencia o improcedencia de la petición, determinando su aceptación o desechamiento de plano.

 

            En caso de ser aceptada, la Comisión se encargará de poner el expediente en estado de resolución.

 

            ARTÍCULO 22.- Admitido el escrito de controversia, la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, ordenará emplazar a los Municipios involucrados para que dentro del término de treinta días hábiles manifiesten lo que a su derecho convenga, así como para que ofrezcan las pruebas y los razonamientos o fundamentos jurídicos que estimen convenientes.

 

            ARTÍCULO 23.- Los Municipios involucrados, hasta antes de la presentación de los alegatos, podrán ampliar en cualquier momento sus promociones, si apareciere un hecho superviniente que así lo justifique.

 

            La ampliación del escrito de controversia y su contestación se tramitarán conforme a lo previsto para los escritos iniciales.

 

            ARTÍCULO 24.- Habiendo transcurrido el plazo para contestar el escrito de controversia, y en su caso, su ampliación o la reconvención, y admitidas o desechadas las pruebas, la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, señalará fecha para una audiencia de desahogo de pruebas y alegatos.

 

            ARTÍCULO 25.- Las partes podrán ofrecer todo tipo de pruebas, excepto la de posiciones y aquéllas que sean contrarias a derecho. Corresponde a la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, desechar de plano aquellas pruebas que no guarden relación con la controversia o no sean relevantes para la resolución definitiva. Para las pruebas testimonial y pericial anunciadas en los escritos iniciales, las partes deberán exhibir con diez días de anticipación a la fecha en que deba celebrarse la audiencia, copia de los interrogatorios para los testigos y el cuestionario para los peritos, a fin de que las partes puedan repreguntar en la audiencia. En ningún caso se admitirán más de dos testigos por cada hecho.

 

            ARTÍCULO 26.- Al admitirse la prueba pericial, la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil designará de oficio al perito o peritos que estime conveniente para la práctica de la diligencia. Cada una de las partes podrá designar también un perito para que se asocie al nombrado por la Comisión y rinda su dictamen por separado.

 

            A efecto de cumplir con lo dispuesto en el presente artículo, la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil podrá, a través del Ejecutivo del Estado, solicitar la intervención y dictamen de peritos adscritos a las dependencias a su cargo.

 

            ARTÍCULO 27.- En todo tiempo, la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil podrá decretar pruebas para mejor proveer, requerir a las partes para que subsanen irregularidades y proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor resolución del asunto.

 

            ARTÍCULO 28.- Las controversias por cuestiones de límites concluirán en los casos siguientes:

 

            I.- Por resolución final del Congreso del Estado respecto a la controversia planteada;

 

            II.- Por desistimiento expreso de la parte actora respecto de la acción interpuesta;

 

            III.- Por sobreseimiento, cuando de las constancias apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de este último;

 

            IV.- Porque hayan cesado los efectos de la norma general o acto materia de la controversia; y

 

            V.- Por convenio entre las partes.

 

            ARTÍCULO 29.- Una vez emitidas sus conclusiones, la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil turnará el expediente al Presidente del Congreso del Estado o, en su caso, de la Comisión Permanente, quienes pondrán a disposición de los Diputados dicho expediente para su consulta y resolución por el Pleno del Poder Legislativo.

 

            ARTÍCULO 30.- Procederá la acumulación de controversias, cuando exista conexidad entre dos o más de ellas y su estado procesal lo permita, para que se resuelvan en la misma sesión.

 

            ARTÍCULO 31.- La resolución deberá estar debidamente fundada y motivada, y contener por lo menos:

 

            I.- La relación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y la valoración de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

 

            II.- Las consideraciones que sustenten su sentido, así como los dispositivos que, en su caso, se estimaren violados;

 

            III.- Sus alcances y efectos, determinando con precisión, los Municipios u órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda; y

 

            IV.- Los puntos resolutivos relativos a la controversia planteada, fijando el término y condiciones para el cumplimiento de la resolución.

 

            ARTÍCULO 32.- El Decreto que contenga la resolución definitiva, será notificada personalmente a las partes y publicada en el Periódico Oficial del Estado.

 

            ARTÍCULO 33.- Las partes obligadas por la resolución, informarán de su cumplimiento a la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, dentro del plazo otorgado en la misma, quien resolverá si aquélla ha quedado debidamente cumplida.

 

            ARTÍCULO 34.- Una vez transcurrido el plazo fijado en la resolución para el cumplimiento de algún acto, sin que éste se hubiere producido, la parte afectada por dicho incumplimiento podrá solicitar a la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, que requiera a la obligada a ejecutar dicho acto e informe de inmediato sobre su cumplimiento.

 

            ARTÍCULO 35.- Si con posterioridad a la notificación de dicho requerimiento la resolución no estuviere cumplida, la Comisión de Gobernación, Justicia, Puntos Constitucionales y Protección Civil, someterá al Pleno del Congreso del Estado el proyecto por el cual se inicie el procedimiento administrativo de responsabilidades de los servidores públicos, en contra de la autoridad omisa.

 

 

 

 

CAPÍTULO III

DE LOS HABITANTES Y VECINOS DEL MUNICIPIO

 

 

            ARTÍCULO 36.- Son habitantes del Municipio, las personas físicas que residan o estén domiciliadas en su territorio.

 

            ARTÍCULO 37.- Son obligaciones de los habitantes del Municipio:

 

            I.- Respetar y obedecer las instituciones, leyes, disposiciones generales, reglamentos y autoridades de la Federación, del Estado y del Municipio;

 

            II.- Recibir la educación básica en la forma prevista por las leyes y conforme a los reglamentos y programas aplicables;

 

            III.- Contribuir para el gasto público en la forma que lo dispongan las leyes;

 

            IV.- Prestar auxilio a las autoridades, cuando para ello sean legalmente requeridos;

 

            V.- Realizar sus actividades y usar y disponer de sus bienes, en forma que no perjudiquen a la colectividad; y

 

            VI.- Las demás que les impongan las leyes y otros ordenamientos aplicables.

 

            ARTÍCULO 38.- Los habitantes de un Municipio tendrán derecho a usar, con los requisitos que establezca la Ley, los servicios públicos que preste el Ayuntamiento, y en su caso aquellos proporcionados por el Gobierno Estatal, y a que sean respetados los derechos que les corresponden como gobernados.

 

            ARTÍCULO 39.- Son vecinos de un Municipio las personas físicas que residen en cualquier lugar de su territorio, por seis meses o más.

 

            ARTÍCULO 40.- Transcurrido el plazo señalado en el artículo anterior, se tendrá como lugar del domicilio del vecino, el de su residencia, a menos que dentro de los quince días siguientes al vencimiento de aquél, declare tanto a la autoridad municipal del lugar en que anteriormente residiera, como a la autoridad municipal de su nueva residencia, que no desea perder su antiguo domicilio y adquirir uno nuevo, pero esta declaración no producirá efectos en perjuicio de terceros.

 

            ARTÍCULO 41.- La vecindad se pierde por dejar de residir dentro del territorio del Municipio por el término de seis meses, excepto cuando la no residencia sea motivada por el desempeño de un cargo público, comisión oficial o actividades culturales o artísticas.

 

            ARTÍCULO 42.- Los vecinos del Municipio, además de las obligaciones que se imponen a sus habitantes en esta Ley, tienen las siguientes:

 

            I.- Votar en las elecciones, en los términos que señale la Ley;

 

            II.- Desempeñar los cargos de elección popular, cuando reúnan los requisitos marcados por la Ley;

 

            III. Inscribirse en el padrón municipal, manifestando su nombre, origen, edad, estado civil, nacionalidad, medios de subsistencia, si son o no jefes de familia y siéndolo, cuantas personas forman ésta;

 

            IV.- Inscribirse, siendo ciudadanos, en los Padrones Electorales, en los términos que determinen las leyes;

 

            V.- Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince años, reciban la educación preescolar, primaria y secundaria, en los términos que establezca la Ley;

 

            VI.- Desempeñar los cargos concejiles del Municipio donde resida, así como las funciones electorales y las de jurado; y

 

            VII.- Las demás que le impongan las leyes.

 

            ARTÍCULO 43.- Son derechos de los vecinos:

 

            I.- Votar y ser votados en las elecciones de los Municipios, siempre que además de la calidad de vecinos, reúnan los requisitos exigidos por las leyes aplicables;

 

            II.- Formar parte de los órganos de colaboración del Ayuntamiento;

 

            III.- Iniciar ante sus autoridades municipales todas las medidas o proyectos que juzguen de utilidad pública;

 

            IV.- Tener preferencia en igualdad de circunstancias, para toda clase de comisiones o cargos de carácter municipal;

 

            V.- Participar en las instancias de planeación democrática municipal,  en la forma y términos que establezcan las leyes aplicables; y

 

            VI.- Los demás que le señalen esta Ley y disposiciones aplicables.

 

 

CAPÍTULO IV

DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

 

            ARTÍCULO 44.- Los Ayuntamientos, las Juntas Auxiliares y Órganos de Participación Ciudadana, promoverán y garantizarán el desarrollo integral de las comunidades indígenas que habiten en el Municipio.

 

            ARTÍCULO 45.- Los Planes de Desarrollo Municipal, deberán incluir programas de acción tendientes al fortalecimiento, conservación y bienestar de las comunidades indígenas, respetando su cultura, usos, costumbres y tradiciones, con estricto apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V

DEL GOBIERNO DE LOS MUNICIPIOS

 

SECCIÓN I

DE LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

 

            ARTÍCULO 46.- Los Ayuntamientos estarán integrados por un Presidente Municipal, Regidores y Síndico, que por elección popular directa sean designados de acuerdo a la planilla que haya obtenido el mayor número de votos. El número de Regidores para cada Ayuntamiento se establecerá conforme a las bases siguientes:

 

            I.- En el Municipio Capital del Estado, con dieciséis Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal;

 

            II.- En los Municipios que conforme al último Censo General de Población tengan sesenta mil o más habitantes, por ocho Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal; y

 

            III.- En los demás Municipios, por seis Regidores de mayoría, además del Presidente Municipal.

 

            ARTÍCULO 47.- Los Ayuntamientos, de conformidad con la ley de la materia, se complementarán:

 

            I.- En el Municipio Capital del Estado, hasta con siete Regidores, que serán acreditados conforme al principio de representación proporcional;

 

            II.- En los Municipios que conforme al último Censo General de Población tengan noventa mil o más habitantes, hasta con cuatro Regidores que serán acreditados de acuerdo con el mismo principio;

 

            III.- En los Municipios que conforme al último Censo General de Población tengan de sesenta mil a noventa mil habitantes, hasta con tres Regidores que serán acreditados de acuerdo con el mismo principio;

 

            IV.- En los demás Municipios, hasta con dos Regidores que serán acreditados conforme al mismo principio;

 

            V.- En los casos a que se refieren las fracciones anteriores, los Regidores se acreditarán de entre los Partidos Políticos minoritarios que hayan obtenido por lo menos el dos por ciento de la votación total en el Municipio, de acuerdo con las fórmulas y procedimientos que establezca la ley de la materia; y

 

            VI.- En todo caso, en la asignación de Regidores de representación proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las planillas correspondientes, con excepción de quienes hubiesen figurado como candidatos a Primer Regidor o Presidente Municipal y a Síndico.

 

            ARTÍCULO 48.- Para ser electo miembro de un Ayuntamiento, se requiere:

 

            I.- Ser ciudadano poblano en ejercicio de sus derechos;

 

            II.- Ser vecino del Municipio en que se hace la elección;

 

            III.- Tener dieciocho años de edad cumplidos el día de la elección; y

 

            IV.- Cumplir con los demás requisitos que establezcan los ordenamientos aplicables.

 

            ARTÍCULO 49.- No pueden ser electos Presidente Municipal, Regidores o Síndico de un Ayuntamiento:

 

            I.- Los servidores públicos municipales, estatales o  federales, a menos que se separen de su cargo noventa días antes de la jornada electoral;

 

            II.- Los militares que no se hayan separado del servicio activo cuando menos noventa días antes de la jornada electoral;

 

            III.- Los ministros de los cultos, a menos que se separen formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos cinco años antes de la jornada electoral;

 

            IV.- Quienes hayan perdido o tengan suspendidos sus derechos civiles o políticos, conforme a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;

 

            V.- Los inhabilitados por sentencia judicial o resolución administrativa firme;

 

            VI.- Los declarados legalmente incapaces por autoridad competente;

 

            VII.- Las personas que durante el periodo inmediato anterior, por elección popular directa, por elección indirecta o por designación, hayan desempeñado las funciones de Presidente Municipal, Regidor o Síndico o las propias de estos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé. Los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios, salvo que hayan estado en funciones; y

 

            VIII.- Los que sean proveedores o prestadores de servicios directos o indirectos del Municipio de que se trate, a menos que dejen de serlo noventa días antes de la jornada electoral.

 

 

SECCIÓN II

DE LA INSTALACIÓN DEL AYUNTAMIENTO

 

 

            ARTÍCULO 50.- Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada tres años, debiendo tomar posesión sus integrantes el día quince de febrero del año siguiente al de las elecciones ordinarias.

 

            ARTÍCULO 51.- Al instalarse un Ayuntamiento, o al cambiar cualquiera de sus miembros, el Presidente Municipal lo comunicará a los tres Poderes del Estado.

 

            ARTÍCULO 52.- Las faltas temporales o absolutas a las sesiones ordinarias de Cabildo del Presidente Municipal, los Regidores y el Síndico, se sujetarán a las disposiciones siguientes:

 

            I.- Faltas temporales:

 

a) Para que un Regidor pueda faltar temporalmente a sus labores, se requiere licencia del Ayuntamiento;

 

b) Si la falta es menor de treinta días no será necesario que se llame al suplente mientras pueda constituirse quórum;

 

c) Cuando la falta sea mayor de treinta días, se llamará a los suplentes respectivos; y a falta de éstos, el Ayuntamiento acordará a quién de los demás Regidores suplentes llamará;

 

d) Las faltas temporales del Presidente Municipal, hasta por treinta días, serán suplidas por el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, o por el Regidor que presida dicha Comisión; y

 

e) Las faltas temporales del Presidente Municipal por más de treinta días, serán cubiertas por su suplente y a falta de éste por el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, o por el Regidor que presida dicha Comisión.

 

            II.- Faltas absolutas:

 

a) La falta absoluta de uno o más Regidores propietarios o del Síndico será cubierta por sus suplentes;

 

b) La falta absoluta del Presidente Municipal será cubierta por su suplente con el carácter de Presidente Municipal Sustituto;

 

c) En caso de falta absoluta del Presidente Municipal y de su suplente, el Congreso del Estado revocará el mandato de ambos y designará quienes los sustituyan; y

 

d) La falta absoluta de algún Regidor electo por el principio de representación proporcional, deberá ser cubierta por su suplente, y a falta de éste, por aquel candidato del mismo partido político que siga en el orden de la lista, después de habérsele asignado los Regidores que le hubieren correspondido.

 

            No se considerará como falta la ausencia de un Regidor o del Síndico propiciada por la negativa de incorporación por parte del Presidente Municipal o de los miembros del Cabildo, o por la falta de convocatoria a la sesión respectiva.

 

            ARTÍCULO 53.- Si las faltas temporales a sesiones ordinarias de Cabildo son injustificadas y no se solicita licencia, se impondrán al faltista las siguientes sanciones:

 

            I.- Amonestación por la primera vez;

 

            II.- Multa equivalente a un día de sueldo por la segunda falta;

 

            III.- Suspensión sin sueldo durante quince días por la tercera falta; y

 

            IV.- Revocación del mandato del faltista, cuando falte injustificadamente cuatro o más veces consecutivas.

 

            ARTÍCULO 54.- Las sanciones a que se refiere el artículo anterior serán impuestas por el Ayuntamiento en el caso de las primeras tres fracciones; y por el Congreso del Estado cuando se trate de la fracción IV.

 

            ARTÍCULO 55.- Corresponde exclusivamente al Congreso del Estado, declarar la suspensión o desaparición de los Ayuntamientos, la suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de sus miembros y la designación de Concejos Municipales.

 

            ARTÍCULO 56.- Los miembros de los Ayuntamientos podrán ser suspendidos en los cargos para los cuales fueron electos o designados, o revocado el mandato que se les haya asignado, en los siguientes casos:

 

            I.- Por incapacidad legal declarada por autoridad competente;

 

            II.- Por existir en su contra proceso por delito intencional calificado como grave. En este caso la suspensión surtirá efecto a partir del momento en que se dicte auto de formal prisión y quedará sin efecto si llegare a dictarse sentencia absolutoria; y

 

            III.- Por las demás causas establecidas en esta Ley y disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 57.- El Congreso del Estado revocará el mandato del Presidente Municipal, los Regidores y del Síndico, declarando la desaparición de dicho Ayuntamiento, por las causas que a continuación se señalan:

 

            I.- Por falta absoluta de la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, siempre y cuando no proceda que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones;

 

            II.- Por conflicto suscitado entre los integrantes del Ayuntamiento, o entre éste y la población del Municipio, que haga imposible el cumplimiento de los fines del mismo, o el ejercicio de sus funciones; y

 

            III.- Por cualquier causa grave que impida el ejercicio de las funciones del Ayuntamiento, conforme al orden Constitucional Federal o Local.

 

            En cualquiera de estos casos, se procederá a nombrar un Concejo Municipal integrado por vecinos del Municipio, los que deberán reunir los mismos requisitos que los exigidos para los Regidores y el cual funcionará durante el tiempo que el Congreso del Estado determine.

 

            ARTÍCULO 58.- Son causas de suspensión de los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal las siguientes:

 

            I.- Ejecutar planes o programas distintos a los aprobados;

 

            II.- Retener o invertir para fines distintos los recursos municipales o las cooperaciones que en efectivo o en especie entreguen los particulares para la realización de obras;

 

            III.- Ordenar la privación de la libertad de cualquier persona, fuera de los casos previstos por la ley;

 

            IV.- Faltar reiteradamente al cumplimiento de las funciones encomendadas por la ley, cuando con ello se causen perjuicios graves al Municipio  o a la colectividad;

 

            V.- Impedir la incorporación a los trabajos del Ayuntamiento, incluidas las sesiones de Cabildo, de cualquier Regidor o del Síndico legalmente electos;

 

            VI.- No realizar por tres veces consecutivas las sesiones ordinarias de Cabildo en los plazos establecidos por la presente Ley; y

 

            VII.- Las demás que establezca esta Ley y disposiciones legales aplicables.

 

            ARTÍCULO 59.- Son causas de revocación del mandato, las siguientes:

 

            I.- El ataque a las garantías individuales o sociales y a la libertad del sufragio;

 

            II.- Los actos que impliquen violaciones a los planes, programas y recursos de la Administración Pública Estatal o Municipal, así como aquéllos que no les sean permitidos por la ley;

 

            III.- Propiciar conflictos entre Ayuntamientos que obstaculicen el cumplimiento de sus fines o el ejercicio de sus respectivas competencias;

 

            IV.- La usurpación de funciones;

 

            V.- Las contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y demás ordenamientos aplicables, que causen perjuicio grave al Estado, al Municipio o a la Comunidad; y

 

            VI.- Cualquier otro acto u omisión que por afectar derecho o intereses de la comunidad altere seriamente el orden público o la tranquilidad del Municipio.

 

            ARTÍCULO 60.- La suspensión o revocación del mandato a que se refiere la presente Ley será competencia exclusiva del Congreso del Estado y el procedimiento respectivo se seguirá en los términos que señale el ordenamiento aplicable.

 

            ARTÍCULO 61.- La solicitud y procedimiento para la suspensión o revocación del mandato de alguno o algunos de los miembros del Ayuntamiento, se regulará en lo conducente por la legislación aplicable en materia de responsabilidad de los servidores públicos.

 

            ARTÍCULO 62.- Si no se verificare la elección de algún Ayuntamiento o la verificada no estuviere hecha y declarada, o hubiere sido declarada nula, el Congreso del Estado, en cualquier tiempo, nombrará un Concejo Municipal, con base en la presente Ley, sin perjuicio de convocar a elecciones del Ayuntamiento respectivo.

 

            ARTÍCULO 63.- Cuando el Congreso del Estado nombre un Concejo Municipal, designará como miembros de éste, el mismo número que integraban el Ayuntamiento respectivo, incluido su Presidente, quienes deberán cumplir con los mismos requisitos de elegibilidad que para el Presidente Municipal, Regidores y Síndico señala la Ley, además de ser necesariamente vecinos del lugar.

 

            ARTÍCULO 64.- El Concejo Municipal tendrá las mismas facultades que el Ayuntamiento. Los miembros del Concejo a su vez, tendrán las mismas atribuciones y obligaciones que para los integrantes del Ayuntamiento señala la presente Ley y demás ordenamientos aplicables.

 

 

SECCIÓN III

DE LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

 

 

            ARTÍCULO 65.- El Ayuntamiento saliente hará entrega al Ayuntamiento electo, de la documentación que contenga la situación que guarda la Administración Pública Municipal dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la fecha de toma de posesión del Ayuntamiento electo.

 

            En el acto de entrega-recepción, deberá estar presente un representante del Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado.

 

            La entrega-recepción no podrá dejar de realizarse por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia.

 

            ARTÍCULO 66.- La documentación a que se refiere el artículo anterior deberá ser por lo menos la siguiente:

 

            I.- Los libros de las sesiones de Cabildo del Ayuntamiento saliente y la información sobre el lugar donde se encuentran los libros de las administraciones municipales anteriores;

 

            II.- La documentación justificativa y comprobatoria relativa a la situación financiera y estados contables, así como los informes de avance de gestión financiera, que deberán contener los libros de contabilidad y registros auxiliares, correspondientes al Ayuntamiento saliente;

 

            III.- La documentación acerca del estado que guarda la cuenta de la Hacienda Pública Municipal, la que deberá incluir la información relativa a los estados de origen y aplicación de recursos, los ingresos y egresos del Municipio, las observaciones, recomendaciones, requerimientos o apercibimientos emitidos por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado o por el Congreso del Estado, por sí o a través de la Comisión correspondiente;

 

            IV.- La situación que guarda la deuda pública municipal, la documentación relativa y su registro;

 

            V.- El estado de la obra pública ejecutada, en proceso de ejecución y en programación en el Municipio, así como la documentación relativa a la misma;

 

            VI.- La situación que guarda la aplicación del gasto público de los recursos federales y estatales, así como los informes y comprobantes de los mismos;

 

            VII.- La plantilla y los expedientes del personal al servicio del Municipio, antigüedad, prestaciones, catálogo de puestos y demás información conducente;

 

            VIII.- La documentación relativa a convenios o contratos que el Municipio haya celebrado con otros Municipios, con el Estado, con el Gobierno Federal o con particulares;

 

            IX.- La documentación relativa a los programas municipales y proyectos aprobados y ejecutados, así como el estado que guardan los mismos en proceso de ejecución;

 

            X.- El registro, inventario, catálogo y resguardo de bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal;

 

            XI.- La documentación relativa al estado que guardan los asuntos tratados por las comisiones del Ayuntamiento; y

 

            XII.- La demás información que se estime relevante para garantizar la continuidad de la Administración Pública Municipal.

 

            ARTÍCULO 67.- El Síndico del Ayuntamiento electo levantará acta circunstanciada de la entrega-recepción, la cual deberá ser firmada por los que intervinieron y se proporcionará copia a los integrantes del Ayuntamiento saliente que participaron y al representante del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, quedando un ejemplar en la Secretaría General del Ayuntamiento a disposición del público para su consulta.

 

            ARTÍCULO 68.- Una vez concluida la entrega-recepción, el Ayuntamiento electo designará una comisión, que se encargará de analizar el expediente integrado con la documentación conducente, para formular un dictamen en un plazo no mayor de noventa días naturales.

 

            El dictamen se someterá, dentro de los quince días siguientes, al conocimiento y consideración del Ayuntamiento electo, el cual podrá llamar a los servidores públicos involucrados para solicitar cualquier información o documentación que estime necesarias, los que estarán obligados a proporcionarlas y atender las observaciones consecuentes.

 

            ARTÍCULO 69.- Una vez que haya sido sometido a su consideración el dictamen, el Ayuntamiento emitirá el acuerdo correspondiente, mismo que no exime de responsabilidad a los integrantes y servidores públicos del Ayuntamiento saliente.

 

            El Ayuntamiento electo, dentro de los quince días hábiles siguientes, deberá remitir copia del expediente de entrega-recepción, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, para efecto de la revisión de las cuentas públicas municipales.

 

 

SECCIÓN IV

DE LAS SESIONES DEL AYUNTAMIENTO

 

 

            ARTÍCULO 70.- El Ayuntamiento celebrará por lo menos una sesión ordinaria mensualmente, y las extraordinarias que sean necesarias cuando existan motivos que las justifiquen.

 

            ARTÍCULO 71.- En la primera sesión del Ayuntamiento, se determinará el día y hora de cada mes en que se celebrará la sesión ordinaria.

 

            ARTÍCULO 72.- Si se acuerda realizar durante cada mes dos o más sesiones, se señalarán los días y horas en que deban celebrarse.

 

            ARTÍCULO 73.- Los Ayuntamientos podrán celebrar sesiones extraordinarias mediante convocatoria que para el efecto hagan el Presidente Municipal o la mayoría de los Regidores, en la que se expresarán los asuntos que las motiven y serán los únicos que deberán tratarse en las mismas.

 

            ARTÍCULO 74.- Las sesiones de los Ayuntamientos se celebrarán en las oficinas municipales o, cuando el caso lo requiera, en el recinto previamente declarado oficial para tal efecto.

 

            El recinto del Ayuntamiento es inviolable. Toda fuerza pública que no esté a cargo del propio Ayuntamiento, está impedida de tener acceso al mismo, salvo en los casos de excepción establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, por instrucción del Gobernador en aquellos casos en que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público, o que se cuente con permiso del Presidente Municipal.

 

            ARTÍCULO 75.- Las sesiones del Ayuntamiento serán públicas, con excepción de aquéllas en que el orden del día incluya algún asunto por cuya índole se considere que deba tratarse con reserva y consecuentemente estos asuntos serán tratados en sesión privada.

 

            Serán sesiones solemnes las que determine el Reglamento respectivo.

 

            El Ayuntamiento podrá celebrar sesiones de Cabildo abierto para realizar audiencias públicas, foros de consulta, cursos de capacitación municipal, reuniones de instrucción cívica o actos políticos, cuya importancia coadyuve al desarrollo social, económico y cultural y fomente la participación de los habitantes del Municipio.

 

            ARTÍCULO 76.- El Ayuntamiento sesionará válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y del Secretario del Ayuntamiento o la persona que legalmente lo sustituya.

 

            Las sesiones serán presididas por el Presidente Municipal o por quien legalmente lo sustituya.

 

            ARTÍCULO 77.- Los acuerdos de los Ayuntamientos se tomarán por mayoría de votos del Presidente Municipal, Regidores y Síndico, y en caso de empate, el Presidente Municipal tendrá voto de calidad.

 

 

 

CAPÍTULO VI

DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS AYUNTAMIENTOS

 

 

            ARTÍCULO 78.- Son atribuciones de los Ayuntamientos:

 

            I.- Cumplir y hacer cumplir, en los asuntos de su competencia, las leyes, decretos y disposiciones de observancia general de la Federación y del Estado, así como los ordenamientos municipales;

 

            II.- Estudiar los asuntos relacionados con la creación, modificación, fusión, supresión, cambio de categoría y denominación de los centros de población del Municipio, elaborando propuestas al respecto y, en su caso, someterlas a consideración del Congreso del Estado;

 

            III.- Aprobar su organización y división administrativas, de acuerdo con las necesidades del Municipio;

 

            IV.- Expedir Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general, referentes a su organización, funcionamiento, servicios públicos que deban prestar y demás asuntos de su competencia, sujetándose a las bases normativas establecidas por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, vigilando su observancia y aplicación;

 

            V.- Inducir y organizar la participación de los ciudadanos en la promoción del desarrollo integral de sus comunidades;

 

            VI.- Aprobar y mandar al Ejecutivo, para su publicación en los términos legales, el Plan Municipal de Desarrollo que corresponda a su ejercicio constitucional y derivar los programas de dirección y ejecución en las acciones que sean de su competencia, impulsando la participación ciudadana y coadyuvando a la realización de programas regionales de desarrollo;

 

            VII.- Instituir los órganos de planeación y determinar los mecanismos para su funcionamiento, estableciendo sistemas continuos de control y evaluación del Plan Municipal de Desarrollo; asimismo, dictar los acuerdos que correspondan para cumplir con los objetivos, estrategias y líneas de acción derivados de los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, en lo correspondiente al Municipio;

 

            VIII.- Presentar al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, previa autorización de cuando menos las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento, el día quince de noviembre la Iniciativa de Ley de Ingresos que deberá regir el año siguiente, en la que se propondrá las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de los impuestos sobre la propiedad inmobiliaria;

 

            IX.- Aprobar el Presupuesto de Egresos del año siguiente a su fecha,  que deberá enviar al Ejecutivo del Estado a más tardar el quince de noviembre, de cada año, para que ordene su publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

 

            X.- Celebrar convenios con los Ayuntamientos integrantes de una misma región económica del Estado, para estudiar la congruencia entre los egresos y los ingresos de cada uno, que les sean comunes;

 

            XI.- Acordar reglas para la conservación y administración de las cárceles municipales, así como para la alimentación de los detenidos por las autoridades del Municipio;

 

            XII.- Revisar y aprobar la cuenta pública correspondiente al ejercicio del Presupuesto de Egresos inmediato anterior, que presente el Presidente Municipal, para su remisión al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, en los plazos que señale la legislación aplicable; así como revisar y aprobar el Acta Circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública y los bienes del Municipio al término de su gestión Constitucional, en términos de la presente Ley;

 

            XIII.- Revisar y aprobar, mediante Acta Circunstanciada, los estados de origen y aplicación de recursos y el informe de avance de gestión financiera, para su remisión, en los términos que señale la ley aplicable, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

 

            XIV.- Permitir al personal debidamente comisionado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicho órgano para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas;

 

            XV.- Designar de entre los Regidores a quienes deban integrar las comisiones que se determinan en la presente Ley;

 

            XVI.- Ordenar la comparecencia de cualquier funcionario de la Administración Pública Municipal, cuando se discuta algún asunto de la competencia del compareciente;

 

            XVII.- Fomentar las actividades deportivas, culturales y educativas, estando obligados a seguir los programas que en esta materia establezcan las autoridades competentes;

 

            XVIII.- Promover cuanto estime conveniente para el progreso económico, social y cultural del Municipio y acordar la realización de las obras públicas que fueren necesarias;

 

            XIX.- Establecer las bases sobre las cuales se suscriban los convenios o actos, que comprometan al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, siempre y cuando los mismos sean acordados por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, en los casos que establezca el presente Ordenamiento, para obtener la aprobación a que se refiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;

 

            XX.- Contratar empréstitos y efectuar ventas de bienes propios, previo acuerdo de las dos terceras partes del Ayuntamiento, autorización y aprobación establecidas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y de conformidad con las bases establecidas en la presente Ley y demás ordenamientos aplicables;

 

            XXI.- Constituir con cargo a la Hacienda Pública Municipal, organismos públicos descentralizados, con la aprobación de la Legislatura del Estado, así como aportar recursos en la integración del capital social de las empresas paramunicipales y fideicomisos;

 

            XXII.- Declarar, conforme a la Ley de Expropiación para el Estado de Puebla, los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y decretar su expropiación;

 

            XXIII.- Crear y suprimir empleos municipales según lo exijan las necesidades públicas y señalar, aumentar o disminuir las respectivas erogaciones, teniendo en cuenta las posibilidades del erario y las disposiciones de la presente Ley;

 

            XXIV.- Promover el servicio civil de carrera para los servidores públicos municipales, procurando introducir métodos y procedimientos en la selección y desarrollo del personal y la expedición del  Reglamento correspondiente;

 

            XXV.- Nombrar, a propuesta del Presidente Municipal, al Secretario del Ayuntamiento, Tesorero Municipal, Contralor Municipal y Comandantes de Policía y de Tránsito Municipal, quienes serán servidores públicos de confianza y podrán ser removidos libremente, sin perjuicio de lo que establezcan las leyes en la materia;

 

            XXVI.- Designar a aquél de sus integrantes que dará contestación al informe que sobre el estado de la administración pública municipal deberá rendir el Presidente Municipal de manera anual;

 

            XXVII.- Conceder licencias hasta por treinta días y resolver sobre las renuncias que formulen los integrantes del mismo Ayuntamiento o los de las Juntas Auxiliares, dando aviso al Congreso del Estado;

 

            XXVIII.- Proponer al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la terna correspondiente para la designación de jueces menores y de paz, de conformidad con lo establecido en la Ley de la materia;

 

            XXIX.- Aceptar renuncias y conceder licencias cuando excedan del término de diez días, a los servidores públicos del Ayuntamiento, así como sancionar las faltas en que los mismos incurran;

 

            XXX.- Exhortar al Presidente Municipal y a los demás integrantes del Ayuntamiento, así como a los integrantes de las Juntas Auxiliares de su jurisdicción, para que cumplan puntualmente con sus deberes;

 

            XXXI.- Conceder pensiones a funcionarios y empleados municipales en los términos que dispongan las leyes aplicables;

 

            XXXII.- Establecer fuerzas de policía y vialidad para el mantenimiento de la seguridad y el orden públicos del Municipio;

 

            XXXIII.- Prestar a las autoridades de la Federación y del Estado, el auxilio que demanden para el desempeño de sus funciones;

 

            XXXIV.- Determinar la nomenclatura de las calles, plazas, jardines o paseos públicos y mandar fijar las placas respectivas; exigir a los propietarios de fincas urbanas la numeración progresiva de éstas y dar al Registro Público de la Propiedad y a las recaudaciones de rentas los avisos respectivos. En la nomenclatura no se empleará el nombre de personas vivas, a menos de que con ello el Ayuntamiento trate de premiar o dejar para la posteridad el recuerdo de los connacionales que:

 

            a) Por sus trabajos en el campo de la ciencia, de las artes, de la educación o de la cultura en general, hayan dado prestigio dentro o fuera del ámbito de la República, al Estado de Puebla o a la Nación;

 

            b) Merezcan el reconocimiento colectivo por acciones heroicas en momentos de desastres públicos; o

 

            c) Hayan realizado insignes beneficios en pro del bienestar económico de alguna porción del territorio poblano o se hayan distinguido por excepcionales actos de beneficencia.

 

            Para el otorgamiento de esta distinción, deberá tomarse en cuenta:

 

            1.- Si se tratare de trabajos científicos o artísticos, que éstos no sean valorados exclusivamente por un determinado sector social, sino que cuenten con la exaltación pública suficiente;

 

            2.- Si se tratare de las acciones a que alude el inciso b), deberán tenerse en consideración la magnitud del desastre y el peligro de su propia vida a que haya estado expuesta la persona que se trate de premiar; o

 

            3.- Si se tratare de los hechos a que alude el inciso c), deberán haber trascendido a la colectividad en general.

 

            XXXV.- Señalar los perímetros o cuadros que estimare conveniente, dentro de las zonas urbanas de su jurisdicción y fijar las reglas a que deban sujetarse las fachadas dentro de esos perímetros o cuadros;

 

            XXXVI.- Adoptar las medidas que fueren urgentes, para evitar los riesgos y daños que puedan causar el mal estado de construcciones o de obras de defectuosa ejecución;

 

            XXXVII.- Decretar la demolición de las obras que se ejecuten sin autorización; que pongan en peligro a los habitantes; o que se realicen en terrenos o vías públicas;

 

            XXXVIII.- Celebrar convenios con el Estado, para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de las contribuciones que forman parte de su Hacienda Pública; así como de los servicios públicos a cargo del Ayuntamiento;

 

            XXXIX.- Formular y aprobar, de acuerdo con las leyes federales y estatales, la zonificación y Planes de Desarrollo Urbano Municipal;

 

            XL.- Participar en la creación y administración de sus reservas territoriales;

 

            XLI.- Controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones territoriales;

 

            XLII.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana;

 

            XLIII.- Otorgar licencias y permisos para construcciones;

 

            XLIV.- Implementar medidas de seguridad sanitaria tendientes al control de la fauna nociva;

 

            XLV.- Formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, en las que deberán incluirse:

 

            a) La creación y administración de zonas de preservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos y demás áreas análogas previstas por la legislación local;

 

            b) La formulación y expedición de los programas de ordenamiento ecológico local del territorio, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de uso del suelo, establecidos en dichos programas;

 

            c) La preservación y restauración del equilibrio ecológico y la  protección al ambiente en los centros de población, en relación con los efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, centrales de abasto, panteones, rastros, tránsito y transporte locales, siempre y cuando no se trate de facultades otorgadas a la Federación o del Estado;

 

            d) La participación en emergencias y contingencias ambientales conforme a las políticas y programas de protección civil que al efecto se establezcan;

 

            e) La aplicación de las disposiciones jurídicas en materia de prevención y control de la contaminación atmosférica de su competencia;

 

            f) Las bases para la administración y custodia de las zonas federales y estatales que por convenios sean delegadas al Municipio;

 

            g) La promoción de una cultura de la separación de la basura, e instrumentación de programas de recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos; y

 

            h) La reglamentación aplicable respecto de la contaminación visual.

 

            XLVI.- Crear en el Municipio, de acuerdo a sus necesidades administrativas y en base a su presupuesto de egresos, una Contraloría Municipal, con las atribuciones señaladas por la presente Ley y las que le confiera su Reglamento;

 

            XLVII.- Fomentar la creación de empleos en el Municipio, acorde a los programas que para tal efecto se implementen con el Gobierno Federal, Estatal, Municipal y particulares; pretendiendo con lo anterior las siguientes finalidades:

 

            a) Fomentar el desarrollo urbano del Municipio mediante la construcción y mantenimiento de obras de infraestructura que  mejoren los servicios municipales;

 

            b) Fomentar el empleo de personas técnicas o manuales  exclusivamente con residencia en el Municipio;

 

            c) Capacitar a profesionales y obreros, para mandos intermedios entre ejecutivos y empleados y, en su caso, previo acuerdo, transferirlos con carácter ejecutivo técnico, o de operación a aquellos Municipios del Estado que carecen de estos elementos humanos; y

 

            d) Realizar obras de reestructuración, con excepción de las llamadas de ornato.

 

            XLVIII.- Establecer el Sistema Municipal de Protección Civil;

 

            XLIX.- Nombrar, a propuesta del Presidente, al Cronista Municipal;

 

            L.- Impulsar en el Municipio los programas que en favor de discapacitados, niñas y niños, mujeres y gente de la tercera edad promuevan organismos nacionales e internacionales y diseñar y aplicar los propios;

 

            LI.- Formar asociaciones con otro u otros Municipios de la Entidad o de otras Entidades, para los fines y cumpliendo con los requisitos que se establecen en la presente Ley;

 

            LII.- Intervenir de conformidad con la Ley de la materia en la formulación y aplicación de los programas de transporte público de pasajeros cuando afecten su ámbito territorial;

 

            LIII.- Dictar las disposiciones reglamentarias que regulen las actividades de la Policía Preventiva Municipal, la que estará al mando del Presidente Municipal y deberá acatar sus órdenes o las del Gobernador del Estado en aquellos casos que éste considere de fuerza mayor o alteración grave del orden público;

 

            LIV.- Intervenir en los procedimientos que establezca la Ley de la materia en los casos a que se refiere el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que tengan un interés directo en los mismos;

 

            LV.- Intervenir en los procedimientos que establezca la Ley, para la solución de los conflictos que se presenten con otros Municipios o con el Gobierno del Estado con motivo de la interpretación y aplicación de los convenios que se celebren entre éstos;

 

            LVI.- Entregar a sus Juntas Auxiliares los recursos que por ley les corresponda;

 

            LVII.- Proveer lo conducente para la organización administrativa del Gobierno Municipal, creando o suprimiendo comisiones permanentes o transitorias, así como dependencias municipales y órganos de participación ciudadana, de acuerdo con las necesidades y el presupuesto del Municipio;

 

            LVIII.- Prestar los servicios públicos que constitucionalmente les corresponden; y

 

            LIX.- Las demás que le confieran las leyes y ordenamientos vigentes en el Municipio.

 

 

CAPÍTULO VII

DE LAS BASES NORMATIVAS PARA EL EJERCICIO DE LAS FACULTADES  REGLAMENTARIAS DEL MUNICIPIO

 

 

            ARTÍCULO 79.- Los Bandos de Policía y Gobierno, los reglamentos, circulares y demás disposiciones de observancia general deberán contener las normas que requiera el régimen gubernamental y administrativo del Municipio, cuyos principios normativos corresponderán a la identidad de los mandatos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla.

 

            ARTÍCULO 80.- Los reglamentos municipales constituyen los diversos cuerpos normativos tendientes a regular, ejecutar y hacer cumplir el ejercicio de las facultades y obligaciones que esta Ley confiere a los Ayuntamientos en los ámbitos de su competencia.

 

            Los reglamentos que se expidan contarán con la siguiente materia de regulación normativa:

 

            I.- Adecuado funcionamiento del Ayuntamiento como órgano máximo de autoridad del Municipio y de la correcta administración del patrimonio municipal;

 

            II.- Idónea división administrativa y territorial del Municipio;

 

            III.- Preservación del orden público como requerimiento prioritario de la sociedad, en los aspectos de seguridad personal y patrimonial de los habitantes del Municipio, salud pública, vialidad, esparcimiento, cultura, desarrollo urbano y demás aspectos fundamentales de la vida comunitaria;

 

            IV.- Establecimiento de las bases para garantizar, en beneficio de la sociedad, la más adecuada prestación de los servicios públicos municipales directamente por el Ayuntamiento o a través de concesionarios;

 

            V.- Regulación de la satisfacción de urgencias colectivas y procuración del bienestar, señalando prohibiciones e imponiendo obligaciones a los particulares cuyas actividades signifiquen obstáculos para la consecución de las finalidades del orden social y administrativo del Municipio;

 

            VI.- Prevenciones para salvaguardar las garantías constitucionales de audiencia y defensa, a favor de los particulares, por la comisión de alguna falta o infracción a los reglamentos; y

 

            VII.- Protección y preservación del medio ambiente, así como promoción de una cultura de la separación de la basura, e instrumentación de programas de recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos.

 

            Los reglamentos municipales deberán contener las disposiciones generales, los objetivos que se persiguen y los sujetos a quienes se dirige la regulación; la manera como se organizarán y administrarán los ramos respectivos; la clasificación de las faltas y los tipos de sanciones administrativas; las atribuciones y deberes de las autoridades municipales; y en general, todos aquellos aspectos formales o procedimientos que permitan la aplicación a los casos particulares y concretos de los principios normativos contenidos en la presente y en las demás leyes, cuando confieran funciones específicas a los Municipios.

 

            ARTÍCULO 81.- Las circulares que expida el Ayuntamiento, surtirán efectos obligatorios únicamente para regular el orden interno de la Administración Pública Municipal, así como para especificar interpretaciones de normas, acuerdos, decisiones y procedimientos que sean competencia del Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 82.- Las disposiciones administrativas de observancia general, serán aquéllas que tengan por objeto la aplicación de los acuerdos y resoluciones del Ayuntamiento hacia los particulares, habitantes y vecinos de sus jurisdicciones.

 

            Los Ayuntamientos tienen el deber de expedir las disposiciones de observancia general que señale esta Ley.

 

            ARTÍCULO 83.- Las circulares y disposiciones administrativas de observancia general que expidan los Ayuntamientos estarán formal y materialmente subordinadas a la presente Ley y a los reglamentos respectivos y deben referirse a hipótesis previstas por la Ley que normen, han de ser claras, precisas y breves, y cada artículo o fracción contendrá una sola disposición.

 

            ARTÍCULO 84.- Los Ayuntamientos, para aprobar Bandos de Policía y Gobierno, reglamentos y disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la Administración Pública Municipal y dentro de sus respectivas jurisdicciones, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, asegurando la participación ciudadana y vecinal; llevarán a cabo el proceso reglamentario, que comprenderá las etapas de propuesta, análisis, discusión, aprobación y publicación, sujetándose a las bases siguientes:

 

            I.- El proyecto respectivo será propuesto por dos o más Regidores o miembros del Concejo Municipal, en su caso.

 

            Los habitantes, vecinos, comisiones y Consejos de Participación Ciudadana de un Municipio, podrán elaborar propuestas de este tipo de ordenamientos por conducto de los Regidores del Ayuntamiento de que se trate o miembros del Concejo Municipal en su caso;

 

            II.- La propuesta deberá presentarse ante el Secretario del Ayuntamiento, quien lo hará del conocimiento del Presidente, debiendo integrar el dictamen respectivo y se enlistará para su discusión en la sesión de Cabildo que corresponda;

 

            III.- La discusión del proyecto se hará por la Asamblea de Cabildo, mediante una sola lectura que se dará previamente. El Ayuntamiento determinará la participación de los autores de un proyecto y las modalidades de su intervención;

 

            IV.- Suficientemente discutido el proyecto, se procederá a su votación, la que podrá ser económica, nominal o por cédula, y se tomará por la mayoría de los miembros del Ayuntamiento presentes en la sesión de Cabildo respectiva, en la que haya quórum.

 

            En caso de empate, el Presidente tendrá voto de calidad;

 

            V.- De ser aprobado el proyecto respectivo, se hará constar en Acta de Cabildo, que será firmada por los asistentes, y el proyecto previamente certificado por el Secretario del Ayuntamiento, será enviado por el Presidente Municipal al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado;

 

            VI.- La promulgación de un ordenamiento aprobado, procede del Acta de Cabildo y corresponderá hacerla al Presidente Municipal con la certificación del Secretario del Ayuntamiento; y

 

            VII.- Cuando algún proyecto sea desechado, no podrá volverse a discutir hasta que sea propuesto por una tercera parte de los Regidores o de los miembros del Concejo Municipal si es el caso; salvo que se trate de un nuevo Ayuntamiento, en que se podrá proponer nuevamente por cuando menos dos Regidores o miembros del Concejo Municipal.

 

            ARTÍCULO 85.- Para la elaboración del dictamen que habrá de presentarse al Cabildo, se aplicarán las reglas y disposiciones siguientes:

 

            I.- Reunir los antecedentes necesarios;

 

            II.- Consultar y solicitar asesoría e informes;

 

            III.- Celebrar reuniones de consulta para fundamentar y regular los criterios del dictamen; y

 

            IV.- Integrar el dictamen debidamente suscrito para darle lectura ante la Asamblea, en el término y forma que determine el Ayuntamiento, entregando los expedientes respectivos a cada uno de los miembros del Cabildo, en un plazo no menor de setenta y dos horas antes de la celebración de la sesión respectiva.

 

            ARTÍCULO 86.- La discusión del proyecto se hará indistintamente en lo general y en lo particular, escuchándose las argumentaciones que sean a favor y en contra, en igualdad de condiciones. El Presidente Municipal dirigirá el procedimiento a que se sujetará la discusión.

 

            ARTÍCULO 87.- Durante la votación no se admitirá discusión alguna, salvo para la aclaración de error o interpretación que sea necesaria.

 

            ARTÍCULO 88.- La promulgación y posterior publicación en el Periódico Oficial del Estado de un ordenamiento aprobado, constituyen requisitos de validez, vigencia y legalidad que serán insustituibles y obligatorios.

 

            ARTÍCULO 89.- Las mismas disposiciones serán observadas para el caso de que sea necesario hacer una reforma o adición a cualesquiera de los ordenamientos aprobados por el Ayuntamiento respectivo.

 

            Los Ayuntamientos deberán de difundir en el territorio del Municipio, de manera constante y para su mejor cumplimiento, la normatividad que regule el funcionamiento y fines de la Administración Pública Municipal, así como otros documentos de importancia; para tal fin podrán contar con un órgano de difusión llamado Gaceta Municipal.

 

 

 

 

CAPÍTULO VIII

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES Y DE LOS REGIDORES

 

 

            ARTÍCULO 90.- Los Ayuntamientos estarán presididos por un Presidente Municipal, que será electo en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, las disposiciones aplicables de la legislación electoral, y esta Ley.

 

            ARTÍCULO 91.- Son facultades y obligaciones de los Presidentes Municipales:

 

            I.- Difundir en sus respectivos Municipios, las leyes, reglamentos y cualquier otra disposición de observancia general que con tal objeto les remita el Gobierno del Estado o acuerde el Ayuntamiento, y hacerlas públicas cuando así proceda, por medio de los Presidentes de las Juntas Auxiliares, en los demás pueblos de la municipalidad;

 

            II.- Cumplir y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones administrativas, imponiendo en su caso las sanciones que establezcan, a menos que corresponda esa facultad a distinto servidor público, en términos de las mismas;

 

            III.- Representar al Ayuntamiento y ejecutar sus resoluciones, salvo que se designe una comisión especial, o se trate de procedimientos judiciales, en los que la representación corresponde al Síndico Municipal;

 

            IV.- Formar anualmente inventarios de todos los bienes municipales, muebles e inmuebles;

 

            V.- Disponer de la fuerza pública municipal para la conservación del orden público salvo en los casos de excepción contemplados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado de Puebla;

 

            VI.- Preservar y velar por la tranquilidad y el orden público y dictar las medidas que a su juicio demanden las circunstancias;

 

            VII.- Proponer al Ayuntamiento a los Comandantes de la Policía Municipal y de Tránsito o Vialidad, así como comisionar como agentes de seguridad pública, en los lugares que lo estime conveniente, a personas de reconocida honradez;

 

            VIII.- Dictar las medidas conducentes para proporcionar parajes y alojamiento a las tropas que pasen por la Municipalidad, sujetándose a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

            IX.- Otorgar a las autoridades judiciales los auxilios que demanden para hacer efectivas sus resoluciones, conforme a las disposiciones aplicables;

 

            X.- Cumplir y ordenar se cumplan los mandatos judiciales que se les notifiquen;

 

            XI.- Cooperar con las autoridades competentes en la ejecución y cumplimiento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos;

 

            XII.- Actualizar cada cinco años el padrón de los vecinos de la Municipalidad, con expresión de las circunstancias señaladas en la presente Ley;

 

            XIII.- Formar anualmente en el mes de julio el padrón de niñas y niños, para quienes sea obligatoria, en el Municipio, la instrucción primaria y secundaria desde el año inmediato siguiente, enviando un tanto a las autoridades educativas correspondientes. Este padrón deberá contener los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio del padre o encargado de la niña o niño y el nombre y edad de éste;

 

            XIV.- Formar una noticia de las personas que en la Municipalidad ejerzan profesiones que requieran título y tomar nota de estos;

 

            XV.- Reunir oportunamente los datos estadísticos de la Municipalidad y difundirlos;

 

            XVI.- Exigir de los encargados del Registro Civil y demás oficinas respectivas, las noticias que periódicamente y por disposición de Ley tienen obligación de rendir;

 

            XVII.- Cumplir con los deberes que sobre Registro Civil del Estado de las Personas le impongan las leyes relativas;

 

            XVIII.- Suplir a los menores de edad el consentimiento que necesiten para contraer matrimonio, excepto en la Capital del Estado, en los casos de irracional negativa de los ascendientes o tutores.  En estos casos oirán a los que hayan negado el consentimiento y al Ministerio Público;

 

            XIX.- Dispensar las publicaciones para contraer matrimonio, de acuerdo con la Ley;

 

            XX.- Instruir los expedientes relativos a la dispensa del impedimento para contraer matrimonio, del parentesco por consanguinidad en la línea colateral desigual y remitirlos al Gobernador del Estado para los efectos legales procedentes;

 

            XXI.- Cuidar que en las elecciones públicas tengan los ciudadanos la libertad absoluta con que deben obrar en dichos actos;

 

            XXII.- Procurar que se organice la comunicación entre los pueblos;

 

            XXIII.- Cuidar de la conservación de los caminos y evitar que en ellos se abran zanjas, rebasen las aguas o se pongan objetos que obstruyan el tránsito o reduzcan las dimensiones de esas vías;

 

            XXIV.- Cuidar, con relación a las servidumbres legales, que se hagan las obras necesarias para que los caños de desagüe sean cubiertos y quede expedito el paso;

 

            XXV.- Procurar la conservación de los bosques, arboledas, puentes, calzadas, monumentos, antigüedades y demás objetos de propiedad pública Federal, del Estado o del Municipio;

 

            XXVI.- Promover lo necesario al fomento de la agricultura, industria, comercio, educación, higiene, beneficencia y demás ramos de la Administración Pública Municipal y atender al eficaz funcionamiento de las oficinas y establecimientos públicos municipales;

 

            XXVII.- Vigilar que el corte de los árboles se sujete a lo que sobre el particular se disponga en las leyes y evitar que los montes se arrasen;

 

            XXVIII.- Vigilar la satisfactoria ejecución de los trabajos públicos que se hagan por cuenta del Municipio;

 

            XXIX.- Visitar periódicamente los hospitales, casas de asistencia, escuelas y demás oficinas y establecimientos públicos, cuidando que los servicios que en ellos se presten sean satisfactorios;

 

            XXX.- Velar por la conservación de las servidumbres públicas y de las señales que marquen los límites de los pueblos y del Municipio;

 

            XXXI.- Hacer que la Tesorería Municipal forme los cortes de caja ordinarios en los días que designe la Ley;

 

            XXXII.- Presenciar el corte de caja mensual en la Tesorería Municipal, dándole su visto bueno después de examinar los libros y documentos y de comprobar los valores existentes en caja;

 

            XXXIII.- Levantar y presentar acta circunstanciada del estado que guarda la Hacienda Pública y de los bienes del Municipio al término de su gestión constitucional, o en los casos a que se refiere la presente Ley, ante la presencia de los miembros del Ayuntamiento, del funcionario que habrá de relevarlo y de los representantes del Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

 

            XXXIV.- Autorizar los libros de contabilidad de la Tesorería del Municipio, firmando y sellando la primera y última fojas y sellando únicamente las intermedias;

 

            XXXV.- Informar al Ayuntamiento si los Presupuestos de Ingresos y de Egresos cumplen con las exigencias públicas;

 

            XXXVI.- Auxiliar a los Tesoreros Municipales y Peritos en la formación de padrones, avalúos y embargos de fincas rústicas y urbanas;

 

            XXXVII.- Formar mensualmente una noticia administrativa y estadística con la que dará cuenta al Ayuntamiento;

 

            XXXVIII.- Aceptar herencias, legados y donaciones que se hagan al Municipio, a los pueblos de su jurisdicción o a los establecimientos públicos municipales;

 

            XXXIX.- Procurar el entubamiento y limpieza de las aguas potables, así como la conservación de los manantiales, fuentes, pozos, aljibes, acueductos, ríos, y los demás que sirvan para el abastecimiento de la población;

 

            XL.- Procurar la construcción y conservación de las fuentes y surtidores públicos de agua y que haya abundancia de este líquido tanto para el consumo de las personas como para abrevadero de los ganados;

 

            XLI.- Promover una cultura de la separación de la basura, y la instrumentación de programas de recolección de desechos sólidos de manera diferenciada entre orgánicos e inorgánicos;

 

            XLII.- Cuidar de la alineación de los edificios en las calles;

 

            XLIII.- Procurar la apertura, conservación y mejoramiento de los caminos vecinales, dictando para ello las medidas convenientes;

 

            XLIV.- Visitar dos veces al año, por lo menos, los poblados de su jurisdicción y rendir oportunamente el correspondiente informe al Ayuntamiento, proponiendo se adopten las medidas que estime conducentes a la resolución de sus problemas y mejoramiento de sus servicios;

 

            XLV.- Resolver sobre los asuntos que no admitan demora, aun cuando sean de la competencia del Ayuntamiento, si éste no pudiere reunirse de inmediato y someter lo que hubiere hecho a la ratificación del Cabildo Municipal en la sesión inmediata siguiente;

 

            XLVI.- Suscribir, previo acuerdo del Ayuntamiento, los convenios y actos que sean de interés para el Municipio, sin perjuicio de lo que esta Ley establece;

 

            XLVII.- Vigilar la debida prestación de los servicios públicos municipales e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;

 

            XLVIII.- Supervisar que las recaudaciones de fondos de la Tesorería cumplan con lo establecido en los presupuestos de ingresos y padrones respectivos;

 

            XLIX.- Vigilar que los gastos municipales se efectúen con estricto apego al presupuesto, bajo criterios de disciplina, racionalidad y austeridad;

 

            L.- Conceder licencias económicas hasta por diez días a los servidores públicos municipales;

 

            LI.- Dar lectura, en sesión pública y solemne, dentro de los primeros quince días del mes de febrero de cada año, al informe por escrito que rinda el Ayuntamiento que preside, sobre la situación que guarda la Administración Pública Municipal, los avances y logros del Plan de Desarrollo Municipal, y las labores realizadas en el año próximo anterior. De dicho informe se enviará copia al Congreso del Estado y al Gobernador;

 

            LII.- Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Ingresos del Municipio para el ejercicio inmediato, su estudio por el Ayuntamiento, y su envío oportuno al Congreso del Estado, a través del Ejecutivo del Estado, para su aprobación;

 

            LIII.- Promover y vigilar la formulación del proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio inmediato y someterlo al Ayuntamiento para su aprobación y publicación en el Periódico Oficial del Estado, remitiendo copia del mismo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

 

            LIV.- Remitir al Congreso del Estado la cuenta pública, los estados de origen y aplicación de recursos, los informes de avance de gestión financiera, y demás información relativa al control legislativo del gasto, en los plazos que señale la legislación aplicable;

 

            LV.- Permitir al personal debidamente comisionado por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado la realización de todas aquellas funciones que la ley otorga a dicho órgano para la revisión y fiscalización de las cuentas públicas, disponiendo el otorgamiento de las facilidades que sean necesarias para su correcto desempeño;

 

            LVI.- Nombrar y remover libremente a los directores, jefes de departamento y servidores públicos del Ayuntamiento que no tengan la calidad de empleados de base;

 

            LVII.- Designar o autorizar los movimientos de los empleados de base en las dependencias municipales, de acuerdo a las necesidades que demande la administración de conformidad con la legislación aplicable;

 

            LVIII.- Ordenar la ejecución de las determinaciones del Ayuntamiento en materia de protección civil;

 

            LIX.- Integrar, coordinar y supervisar el Sistema Municipal de Protección Civil para la prevención, auxilio, recuperación y apoyo de la población en situaciones de emergencia o desastre,  para lo cual deberá coordinarse con las autoridades de los Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, así como concertar con las instituciones y organismos de los sectores privado y social, las acciones conducentes para el logro del mismo objetivo;

 

            LX.- Proponer y vigilar el funcionamiento de los Consejos de Participación Ciudadana, Comités y Comisiones Municipales que se integren; y

 

            LXI.- Las demás que le confieran las leyes, reglamentos y las que acuerde el Cabildo.

 

            ARTÍCULO 92.- Son facultades y obligaciones de los Regidores:

 

            I.- Ejercer la debida inspección y vigilancia, en los ramos a su cargo;

 

            II.- Asistir con puntualidad a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Ayuntamiento;

 

            III.- Ejercer las facultades de deliberación y decisión de los asuntos que le competen al Ayuntamiento, y colaborar en la elaboración de los presupuestos de ingresos y egresos del Municipio;

 

            IV.- Formar parte de las comisiones, para las que fueren designados por el Ayuntamiento;

 

            V.- Dictaminar e informar sobre los asuntos que les encomiende el Ayuntamiento;

 

            VI.- Solicitar los informes necesarios para el buen desarrollo de sus funciones, a los diversos titulares de la Administración Pública Municipal, quienes están obligados a proporcionar todos los datos e informes que se les pidieren en un término no mayor de veinte días hábiles;

 

            VII.- Formular al Ayuntamiento las propuestas de ordenamientos en asuntos municipales, y promover todo lo que crean conveniente al buen servicio público;

 

            VIII.- Concurrir a los actos oficiales para los cuales se les cite; y

 

            IX.- Las que le determine el Cabildo y las que le otorguen otras disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 93.- Los Regidores no podrán ser reconvenidos por las opiniones que manifiesten en el desempeño de su cargo, disfrutarán de las retribuciones que acuerde el Ayuntamiento y contarán con los apoyos que les corresponda para realizar las gestorías de auxilio a los habitantes del Municipio.

 

            Están impedidos para realizar gestiones administrativas ante autoridades federales, estatales o municipales, respecto de asuntos que afecten los intereses del Ayuntamiento de que forman parte sin la previa autorización del Cabildo o Presidente Municipal correspondiente.

 

 

CAPÍTULO IX

DE LAS COMISIONES

 

 

            ARTÍCULO 94.- El Ayuntamiento, para facilitar el despacho de los asuntos que le competen, nombrará comisiones permanentes o transitorias, que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de resolución.

 

            ARTÍCULO 95.- Las comisiones transitorias se nombrarán por el Ayuntamiento para asuntos especiales, cada vez que sea necesario.

 

            ARTÍCULO 96.- Las comisiones permanentes serán las siguientes:

 

            I.- De Gobernación, Justicia y Seguridad Pública;

 

            II.- De Patrimonio y Hacienda Pública Municipal;

 

            III.- De Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos;

 

            IV.- De Industria, Comercio, Agricultura y Ganadería;

 

            V.- De Salubridad y Asistencia Pública;

 

            VI.- De Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales;

 

            VII.- De Grupos Vulnerables, Juventud y Equidad entre Géneros; y

 

            VIII.- Las demás que sean necesarias de acuerdo a los recursos y necesidades de cada Municipio.

 

            ARTÍCULO 97.- Si la comisión se compone de varios Regidores, el Cabildo designará quien la presida, y si fueren la de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, y la de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, sus presidentes deberán residir en la Cabecera del Municipio.

 

            ARTÍCULO 98.- Cuando alguna comisión considere que conviene demorar o suspender el curso de cualquier asunto, no lo acordará por sí misma, sino que emitirá dictamen exponiendo esta necesidad al Ayuntamiento, para que éste acuerde lo conveniente.

 

            ARTÍCULO 99.- Son aplicables a las comisiones administrativas, las siguientes disposiciones:

 

            I.- En el desempeño de su encargo, se limitarán a los gastos autorizados por el Ayuntamiento;

 

            II.- Los gastos no autorizados por el Ayuntamiento serán por cuenta de la Comisión;

 

            III.- En cada cambio de administración municipal, las comisiones deberán entregar al Ayuntamiento electo, bajo inventario, los bienes que hayan tenido bajo su custodia con motivo de su desempeño; y

 

            IV.- Previa autorización del Presidente Municipal, las comisiones podrán llamar a comparecer a los titulares de las dependencias administrativas municipales a efecto de que les informen, cuando así se requiera, sobre el estado que guardan los asuntos de su Dependencia.

 

 

CAPÍTULO X

DE LA SINDICATURA MUNICIPAL

 

 

            ARTÍCULO 100.- Son deberes y atribuciones del Síndico:

 

            I.- Representar al Ayuntamiento ante toda clase de autoridades, para lo cual tendrá las facultades de un mandatario judicial;

 

            II.- Ejercer las acciones y oponer las excepciones de que sea titular el Municipio, en los casos que sean procedentes;

 

            III.- Seguir en todos sus trámites los juicios en que esté interesado el Municipio;

 

            IV.- Presentar denuncia o querella ante la Autoridad que corresponda, respecto de las responsabilidades en que incurran los servidores públicos del Municipio en el ejercicio de sus encargos, por delitos y faltas oficiales;

 

            V.- Promover ante las autoridades municipales, cuanto estimaren propio y conducente en beneficio de la colectividad;

 

            VI.- Cuidar que se observen escrupulosamente las disposiciones de esta Ley, denunciando ante las autoridades competentes cualquier infracción que se cometa;

 

            VII.- Asistir a los remates públicos en los que tenga interés el Municipio, para verificar que se cumplan las disposiciones aplicables;

 

            VIII.- Manifestar oportunamente sus opiniones respecto a los asuntos de la competencia del Ayuntamiento;

 

            IX.- Promover la inclusión en el inventario, de los bienes propiedad del Municipio que se hayan omitido;

 

            X.- Gestionar el pago de los créditos civiles del Municipio, incluyendo sus accesorios;

 

            XI.- Tramitar hasta poner en estado de resolución los expedientes de expropiación;

 

            XII.- Convenir conciliatoriamente con el propietario del bien que se pretende expropiar, el monto de la indemnización, en los casos que sea necesario;

 

            XIII.- Dar cuenta al Ayuntamiento del arreglo o la falta de él, sobre el monto de la indemnización, a fin de que el Cabildo apruebe el convenio o autorice al Síndico a entablar el juicio respectivo;

 

            XIV.- Sustanciar y resolver el recurso de revocación en los términos de la presente Ley;

 

            XV.- Vigilar que en los actos del Ayuntamiento, se respeten los derechos humanos y se observen las leyes y demás ordenamientos vigentes; y

 

            XVI.- Las demás que les confieran las leyes.

 

 

 

CAPÍTULO XI

DE LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DEL DESARROLLO MUNICIPAL

 

SECCIÓN I

DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN

 

 

            ARTÍCULO 101.- Las actividades de la Administración Pública Municipal se encauzarán en función de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, misma que se llevará a cabo conforme a las normas y principios fundamentales establecidos en la Ley y demás disposiciones vigentes en materia de planeación.

 

            ARTÍCULO 102.- La planeación municipal es obligatoria y debe llevarse a cabo como un medio para hacer más eficaz el desempeño de la responsabilidad de los Ayuntamientos, sus dependencias y sus entidades administrativas, en relación con el desarrollo integral del Municipio, debiendo tender en todo momento a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en las leyes vigentes, así como a servir a los altos intereses de la sociedad, con base en el principio de la participación democrática de la sociedad.

 

            Conforme a lo anterior, los Ayuntamientos deben conducir el proceso de planeación municipal, fomentando la participación de los diversos sectores y grupos sociales, a través de los foros de consulta, órganos de participación ciudadana y demás mecanismos que para tal efecto prevean la Ley y los ordenamientos municipales.

 

            ARTÍCULO 103.- Los aspectos de la planeación en cada Municipio se llevarán a cabo mediante un Sistema Municipal de Planeación Democrática, cuya organización, funcionamiento y objeto se regirán por lo dispuesto en la Ley aplicable y los demás ordenamientos vigentes, al igual que las etapas y los productos del proceso de planeación.

 

            ARTÍCULO 104.- El Municipio contará con el Plan de Desarrollo Municipal, como instrumento para el desarrollo integral de la comunidad, en congruencia con los Planes Regional, Estatal y Nacional de Desarrollo, el cual contendrá mínimamente:

 

            I.- Los objetivos generales, estrategias, metas y prioridades de desarrollo integral del Municipio;

 

            II.- Las previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines;

 

            III.- Los instrumentos, responsables y plazos de su ejecución; y

 

            IV.- Los lineamientos de política global, sectorial y de servicios municipales.

 

            ARTÍCULO 105.- El Plan de Desarrollo Municipal establecerá los programas de la Administración Pública Municipal. Las previsiones del Plan se referirán al conjunto de las actividades económicas y sociales y regirán el contenido de los programas y subprogramas operativos anuales.

 

            ARTÍCULO 106.- El Plan de Desarrollo Municipal deberá ser elaborado y aprobado por el Ayuntamiento, dentro de los primeros tres meses de la gestión municipal, y deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Su evaluación deberá realizarse por anualidad. Su vigencia será de tres años; sin embargo, se podrán hacer proyecciones que excedan de este período en programas que por su trascendencia y beneficio social así lo ameriten. Para este efecto, el Ayuntamiento podrá solicitar cuando lo considere necesario, la asesoría de los Sistema Nacional y Estatal de Planeación.

 

            ARTÍCULO 107.- El Plan de Desarrollo Municipal tendrá los objetivos siguientes:

 

            I.- Atender las demandas prioritarias de la población;

 

            II.- Propiciar el desarrollo armónico del Municipio;

 

            III.- Asegurar la participación de la sociedad en las acciones del Gobierno Municipal, en términos del artículo 102 de esta Ley;

 

            IV.- Vincular el Plan de Desarrollo Municipal con los Planes de Desarrollo Regional, Estatal y Federal; y

 

            V.- Aplicar de manera racional los recursos financieros, para el cumplimiento del plan y los programas.

 

            ARTÍCULO 108.- El Plan de Desarrollo Municipal y los programas que de éste se deriven, serán obligatorios para las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

 

ARTÍCULO 109.- Una vez publicados los productos del proceso de planeación e iniciada su vigencia, serán obligatorios para toda la Administración Pública Municipal, en sus respectivos ámbitos de competencia; por lo que las autoridades, dependencias, unidades, órganos desconcentrados y entidades que la conforman, deberán conducir sus actividades en forma programada y con base en las políticas, estrategias, prioridades, recursos, responsabilidades, restricciones y tiempos de ejecución que, para el logro de los objetivos y metas de la Planeación Democrática del Desarrollo Municipal, establezca el Plan a través de las instancias correspondientes.

 

ARTÍCULO 110.- Los Presidentes Municipales, al rendir su informe anual sobre el estado general que guarda la Administración Pública Municipal, harán mención expresa de las decisiones adoptadas para la ejecución del respectivo Plan de Desarrollo Municipal y los programas derivados de éste, así como de las acciones y resultados de su ejecución. Esta información deberá relacionarse, en lo conducente, con el contenido de la cuenta pública municipal, para permitir que las instancias competentes, analicen las mismas, con relación a los objetivos y prioridades de la planeación municipal.

 

ARTÍCULO 111.- Los titulares de las autoridades municipales, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Municipal, tendrán la obligación de acudir ante el Ayuntamiento, durante los meses de enero y febrero, para dar cuenta a los Regidores sobre el estado que guardan sus respectivas unidades y organismos, en la forma y términos previamente acordados por el Cabildo, debiendo informar del avance y grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades fijados en la planeación municipal que, por razón de su competencia les corresponda, así como del resultado de las acciones previstas. De igual manera y cuando el Ayuntamiento se los solicite, por ser necesarios para el despacho de un asunto de su competencia o en los casos en que se discuta una iniciativa legislativa o reglamentaria, deberán facilitar a las comisiones de Regidores que sean conducentes, todos los datos e información que pidieren y que estén relacionados con sus respectivos ramos, salvo que conforme a la ley sean confidenciales, deban permanecer en secreto o sean competencia de otras instancias.

 

ARTÍCULO 112.- A los servidores públicos municipales que en el ejercicio de sus funciones contravengan las disposiciones aplicables en materia de planeación o los objetivos y prioridades de los planes y programas de desarrollo, se les impondrán las medidas disciplinarias que prevea la reglamentación municipal, y si la gravedad de la infracción lo amerita, las instancias competentes podrán suspender o remover de sus cargos a los servidores públicos responsables, sin perjuicio de las sanciones de otra naturaleza que sean aplicables.

 

ARTÍCULO 113.- Cuando lo demande el interés social o lo requieran las circunstancias de tipo técnico o económico, los planes y programas podrán ser reformados o adicionados a través del mismo procedimiento que se siguió para su aprobación.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN II

DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN

 

 

            ARTÍCULO 114.- Para la consecución y vigilancia del Plan de Desarrollo Municipal se creará el Consejo de Planeación Municipal, el cual deberá constituirse dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de instalación del Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 115.- El Consejo de Planeación Municipal es un órgano de participación social y consulta, auxiliar del Ayuntamiento en las funciones relativas a la planeación, el cual contará con la intervención de los sectores público, social y privado.

 

            ARTÍCULO 116.- El Consejo de Planeación Municipal, se constituirá con:

 

            I.- El Presidente Municipal;

 

            II.- Un Secretario Técnico, que será designado por el Ayuntamiento de entre sus miembros a propuesta del Presidente Municipal;

 

            III.- Los Consejeros que acuerde el Ayuntamiento, considerando las distintas áreas o materias de una planeación integral;

 

            IV.- Representación de los centros de población a que se refiere el artículo 9 de esta Ley;

 

            V.- Un representante de cada Consejo de Participación Ciudadana; y

 

            VI.- Por cada Consejero propietario se designará un suplente.

 

            ARTÍCULO 117.- El Consejo de Planeación Municipal podrá constituir comités, atendiendo a los requerimientos específicos de cada región.

 

 

CAPÍTULO XII

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

 

SECCIÓN I

DE LA ORGANIZACIÓN

 

            ARTÍCULO 118.- La Administración Pública Municipal será Centralizada y Descentralizada.

 

            La Administración Pública Municipal Centralizada se integra con las dependencias que forman parte del Ayuntamiento, así como con órganos desconcentrados, vinculados jerárquicamente a las dependencias municipales, con las facultades y obligaciones especificas que fije el Acuerdo de su creación.

 

            La Administración Pública Municipal Descentralizada se integra con las entidades paramunicipales, que son las empresas con participación municipal mayoritaria, los organismos públicos municipales descentralizados y los fideicomisos, donde el fideicomitente sea el Municipio.

 

            ARTÍCULO 119.- El Ayuntamiento podrá crear dependencias y entidades que le estén subordinadas directamente, así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes atendiendo sus necesidades y capacidad financiera.

 

            ARTÍCULO 120.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal ejercerán las funciones que les asigne esta Ley, el Reglamento respectivo, o en su caso, el acuerdo del Ayuntamiento con el que se haya regulado su creación, estructura y funcionamiento.

 

            ARTÍCULO 121.- Para ser titular de las dependencias o entidades de la Administración Pública Municipal, se requiere ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, preferentemente habitante del Municipio, de reconocida honorabilidad y aptitud para desempeñar el cargo, y en su caso, reunir los requisitos establecidos para el Servicio Civil de Carrera.

 

 

 

SECCIÓN II

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA

 

 

            ARTÍCULO 122.- Para el estudio y despacho de los diversos ramos de la Administración Pública Municipal, el Ayuntamiento establecerá las dependencias necesarias, considerando las condiciones territoriales, socioeconómicas, así como la capacidad administrativa y financiera del Municipio, al igual que el ramo o servicio que se pretenda atender, en los términos de la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables.

 

            ARTÍCULO 123.- La Presidencia Municipal, la Secretaría del Ayuntamiento, la Tesorería y la Contraloría Municipal, así como las demás dependencias del Ayuntamiento, formarán parte de la Administración Pública Municipal Centralizada.

 

 

 

 

 

 

 

SECCIÓN III

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DESCENTRALIZADA

 

 

            ARTÍCULO 124.- Los organismos descentralizados, las empresas con participación municipal mayoritaria y los fideicomisos donde el fideicomitente sea el Municipio, formarán parte de la Administración Pública Paramunicipal.

 

            ARTÍCULO 125.- El Ayuntamiento, a propuesta del Presidente, deberá aprobar la creación, modificación o extinción de las entidades paramunicipales, mediante Acuerdo que deberá publicarse en el Periódico Oficial del Estado, a excepción de los organismos públicos municipales descentralizados, que serán creados y extinguidos por Decreto del Congreso del Estado.

 

            En caso de extinción, de las demás entidades paramunicipales el Acuerdo de Cabildo correspondiente fijará la forma y términos de la liquidación respectiva.

 

            ARTÍCULO 126.- El Ayuntamiento, por conducto del Presidente Municipal, coordinará y supervisará las acciones que realicen las entidades paramunicipales, vigilando que cumplan con la función para la que fueron creadas.

 

            ARTÍCULO 127.- El Acuerdo del Ayuntamiento para la creación de organismos descentralizados, deberá contener por lo menos lo siguiente:

 

            I.- Denominación del organismo;

 

            II.- Domicilio legal;

 

            III.- Objeto del organismo;

 

            IV.- Integración de su patrimonio;

 

            V.- Integración del Órgano de Gobierno, duración en el cargo de sus miembros y causas de remoción de los mismos;

 

            VI.- Facultades y obligaciones del Órgano de Gobierno, señalando aquellas facultades que son indelegables;

 

            VII.- Vinculación con los objetivos y estrategias de los Planes de Desarrollo Municipal, Regional, Estatal o Nacional;

 

            VIII.- Descripción clara de los objetivos y metas;

 

            IX.- Las funciones del Organismo;

 

            X.- La necesaria participación de un Comisario que será designado por la Contraloría Municipal; y

 

            XI.- El Reglamento correspondiente establecerá las demás funciones, actividades, procedimientos que sean necesarias para el funcionamiento del Organismo.

 

            ARTÍCULO 128.- Los organismos públicos descentralizados del Municipio, estarán a cargo de un Órgano de Gobierno, que será un Consejo Directivo o su equivalente, designado por el Ayuntamiento en los términos del Acuerdo que lo creé; el Director General será nombrado por el Consejo a propuesta del Presidente Municipal.

 

            ARTÍCULO 129.- Los organismos públicos descentralizados del Municipio deberán rendir informes trimestrales al Ayuntamiento, del ejercicio de sus funciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá solicitar la información que requiera en cualquier tiempo.

 

            ARTÍCULO 130.- Cuando el Organismo Público Descentralizado del Municipio tenga por objeto la prestación de un servicio público, el Ayuntamiento, a propuesta del Consejo Directivo o su equivalente y del estudio técnico que presente, fijará los precios que por la contraprestación del servicio correspondan, debiendo publicarlos en el Periódico Oficial del Estado.

 

            En los demás casos, derechos y aprovechamientos se fijarán en el presupuesto de ingresos correspondiente.

 

            ARTÍCULO 131.- La constitución de empresas de participación municipal se sujetará a las siguientes bases:

 

            I.- Las partes sociales serán siempre nominativas;

 

            II.- Los rendimientos que el Ayuntamiento obtenga de su participación, se destinarán a los fines previstos en los programas respectivos; y

 

            III.- La escritura constitutiva de estas empresas, deberá contener cláusula en la que se establezca que los acuerdos de asamblea ordinaria, sea en primera o en segunda convocatoria, deberán aprobarse por un mínimo de acciones que representen el cincuenta y uno por ciento del capital social de la empresa.

 

            ARTÍCULO 132.- La Tesorería Municipal, formará y llevará un expediente para cada empresa en la que participe mayoritariamente el Ayuntamiento, con las siguientes constancias:

 

            I.- Escritura constitutiva y sus reformas, poderes que otorgue y actas de las asambleas y sesiones;

 

            II.- Inventarios y balances;

 

            III.- Contratos y documentos en que se comprometa el patrimonio de la empresa;

 

            IV.- Auditorías e informes contables y financieros;

 

            V.- Informes del representante del Ayuntamiento; y

 

            VI.- Otras que tengan relación con la empresa.

 

            ARTÍCULO 133.- En todas las empresas de participación municipal, existirá un Comisario Público que será designado por la Contraloría Municipal.

 

            ARTÍCULO 134.- El Ayuntamiento podrá crear fideicomisos públicos que promuevan e impulsen el desarrollo del Municipio.

 

 

CAPÍTULO XIII

DEL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

 

 

            ARTÍCULO 135.- Cada Ayuntamiento nombrará un Secretario, a propuesta del Presidente Municipal y con la remuneración que le fije el presupuesto respectivo.

 

            ARTÍCULO 136.- Para ser Secretario se requiere:

 

            I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;

 

            II.- No haber sido declarado en quiebra fraudulenta ni haber sido sentenciado como defraudador, malversador de fondos públicos o delitos graves, ni haber sido inhabilitado por sentencia o resolución administrativa firme;

 

            III.- En Municipios que tengan una población de hasta 2,500 habitantes, haber concluido la Educación Primaria; en Municipios de más de 2,500 hasta 25,000 habitantes, haber concluido la Educación Media y en los Municipios que tengan más de 25,000 habitantes, haber concluido la Educación Media Superior;

 

            IV.- No ser cónyuge o concubinario, pariente consanguíneo en línea recta sin limitación de grado o colateral hasta el cuarto grado, o por afinidad dentro del segundo grado, del Presidente Municipal, Regidores o Síndico correspondientes; y

 

            V.- Las demás que establezcan las disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 137.- Si el Secretario es profesionista, no podrá ejercer su profesión u oficio en la Municipalidad.

 

            ARTÍCULO 138.- El Secretario del Ayuntamiento tiene las siguientes facultades y obligaciones:

 

            I.- Administrar, abrir y distribuir la correspondencia oficial del Ayuntamiento, dando cuenta diaria al Presidente Municipal, para acordar su trámite. Si algún pliego tuviere el carácter de confidencialidad, lo entregará sin abrir al Presidente;

 

            II.- Dar cuenta mensualmente y por escrito al Presidente Municipal y al Ayuntamiento, acerca de los negocios de su respectiva competencia, así como el número y contenido de los expedientes pasados a comisión, con mención de los que hayan sido resueltos y de los pendientes;

 

            III.- Compilar y poner a disposición de cualquier interesado las leyes, decretos, reglamentos, circulares y órdenes emitidas por el Estado o la Federación que tengan relevancia para la Administración Pública Municipal;

 

            IV.- Asistir a las sesiones de Cabildo, con voz pero sin voto;

 

            V.- Coordinar y atender en su caso, los encargos que le sean encomendados expresamente por el Presidente Municipal o el Ayuntamiento, dando cuenta de ellos;

 

            VI.- Distribuir entre los empleados de la Secretaría las labores que les correspondan;

 

            VII.- Expedir las certificaciones y los documentos públicos que legalmente procedan, y validar con su firma identificaciones, acuerdos y demás documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de la Secretaría;

 

            VIII.- Cuidar que los asuntos de despacho se tramiten dentro de los plazos establecidos por las leyes;

 

            IX.- Instar que los encargados de las distintas dependencias de la Administración Pública Municipal formulen los informes establecidos conforme a la Ley;

 

            X.- Auxiliar al Presidente Municipal en la elaboración del inventario anual de bienes municipales;

 

            XI.- Tener a su cargo y cuidado el Archivo Municipal;

 

            XII.- Llevar por sí o por el servidor público que designe los siguientes libros:

 

            a) De actas de sesiones del Ayuntamiento, las cuales contendrán lugar, fecha, hora, nombre de los asistentes y asuntos que se trataron;

 

            b) De bienes municipales y bienes mostrencos;

 

            c) De registro de nombramientos y remociones de servidores públicos municipales;

 

            d) De registro de fierros, marcas y señales de ganado;

 

            e) De registro de detenidos;

 

            f) De entradas y salidas de correspondencia; y

 

            g) De los demás que dispongan las leyes y reglamentos aplicables.

 

            XIII.- Mantener disponibles copias de todos los documentos que conforme a esta Ley y demás disposiciones aplicables deban estar a disposición del público;

 

            XIV.- Expedir, en un plazo no mayor de tres días, las constancias de vecindad que soliciten los habitantes del Municipio;

 

            XV.- Mantener, bajo su custodia y responsabilidad, los sellos de oficina, los expedientes y documentos del archivo;

 

            XVI.- Desempeñar con oportunidad las comisiones oficiales que le confiera el Presidente Municipal o el Ayuntamiento;

 

            XVII.- Custodiar y resguardar los sellos de la Secretaría, así como los expedientes y documentos que se encuentren en la misma;

 

            XVIII.- Redactar los acuerdos y las minutas de circulares, comunicaciones y demás documentos que sean necesarios para la marcha regular de los negocios; 

 

            XIX.- Revisar y rubricar los documentos, circulares y comunicaciones de la Secretaría;

 

            XX.- Rendir por escrito los informes que le pidan el Ayuntamiento, el Presidente Municipal o cualquier otra autoridad conforme a las disposiciones legales aplicables; y

 

            XXI.- Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 139.- Los libros a que se refiere el artículo anterior, deberán ser autorizados, en su primera y última hoja, con las firmas del Presidente y del Secretario.

 

 

CAPÍTULO XIV

DEL PATRIMONIO Y HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL

 

 

            ARTÍCULO 140.- El Patrimonio Municipal se constituye por la universalidad de los derechos y acciones de que es titular el Municipio, los cuales pueden valorarse económicamente y se encuentran destinados a la realización de sus fines.

 

            Forman parte del Patrimonio Municipal, la Hacienda Pública Municipal, así como aquellos bienes y derechos que por cualquier título le transfieran al Municipio, la Federación, el Estado, los particulares o cualquier otro organismo público o privado.

 

            ARTÍCULO 141.- La Hacienda Pública Municipal se integra por:

 

            I.- Las contribuciones y demás ingresos determinados en las leyes hacendarias de los Municipios, en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla y leyes aplicables;

 

            II.- Las participaciones y demás aportaciones de la Federación que perciban a través del Estado por conducto del Ejecutivo, de conformidad con las leyes federales y estatales, o por vía de convenio, con arreglo a las bases, montos  y plazos que anualmente determine el Congreso del Estado;

 

            III.- Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo;

 

            IV.- Los capitales y créditos a favor del Municipio, así como los intereses y productos que generen los mismos;

 

            V.- Las rentas, frutos y productos de los bienes municipales;

 

            VI.- Los ingresos que por cualquier título legal reciban;

 

            VII.- Las utilidades de las empresas de participación municipal que se crearen dentro de los ámbitos de la competencia de los Ayuntamientos; y

 

            VIII.- Los demás ingresos que el Congreso del Estado establezca a su favor en las leyes correspondientes.

 

            ARTÍCULO 142.- Para la celebración de empréstitos y demás formas de financiamiento, así como para su consolidación o conversión, se estará a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 143.- Los Ayuntamientos, de conformidad con la Ley, administrarán libremente la Hacienda Pública Municipal y deberán, dentro de los límites legales correspondientes y de acuerdo con el presupuesto de egresos y el Plan de Desarrollo Municipal vigentes, atender eficazmente los diferentes ramos de la Administración Pública Municipal.

 

            ARTÍCULO 144.- Los Ayuntamientos, por conducto de su Presidente Municipal, formularán cada año, en el mes de enero, un inventario general de los bienes municipales. Concurrirán a su formulación la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, así como el Tesorero. El inventario se extenderá por cuadruplicado, y quedará un ejemplar en el Archivo Municipal, uno en la Tesorería, otro se remitirá al Congreso del Estado, y el último lo conservará el Secretario del Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 145.- A más tardar en la primera quincena del mes de octubre de cada año, la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal, el Presidente Municipal y las demás comisiones que determine el Ayuntamiento, elaborarán el anteproyecto de Ley de Ingresos.

 

            ARTÍCULO 146.- A más tardar el treinta de septiembre de cada año, las Comisiones y los titulares de las dependencias y entidades municipales, así como las Juntas Auxiliares, elaborarán el anteproyecto de presupuesto de egresos en lo referente a su ramo, en el que se indiquen las necesidades a satisfacer para el año siguiente, los proyectos para satisfacerlas, su costo, y las prioridades de dichos proyectos.

 

            La Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal armonizará los proyectos, para crear el anteproyecto del presupuesto de egresos definitivo, el cual deberá terminar a más tardar el quince de octubre de cada año.

 

            Concluido el análisis del anteproyecto del presupuesto de egresos, éste se turnará al Ayuntamiento, el cual lo deberá aprobar en los términos establecidos en la presente Ley.

 

            El presupuesto de egresos del Municipio deberá formularse bajo las bases, programas y modalidades que el propio Ayuntamiento determine. Sin perjuicio de lo anterior, el total del gasto destinado a servicios personales no podrá exceder del cincuenta por ciento del presupuesto respectivo, y el gasto destinado a obra pública no podrá ser menor al diez por ciento del mismo.

 

            El presupuesto de egresos podrá ser modificado sólo por motivos extraordinarios, siguiendo las mismas formalidades que para su aprobación establece esta Ley, remitiendo copia de las modificaciones al Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

 

            ARTÍCULO 147.- Tratándose del ejercicio que corresponda al inicio de la Administración Municipal, el Ayuntamiento electo deberá ratificar o, en su caso, proponer modificaciones al presupuesto de egresos vigente a más tardar el primero de junio del año correspondiente.  Después de esta fecha no se podrá proponer modificación alguna.

 

            En caso de que se propongan modificaciones, las mismas deberán ser aprobadas por la mayoría del Cabildo, haciéndolo del conocimiento del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

 

            ARTÍCULO 148.- El presupuesto de egresos deberá contener las previsiones de gasto público que habrán de realizar los Municipios.

 

            El gasto público comprende las erogaciones que por concepto de gasto corriente, inversión física, inversión financiera, o cualquier otra erogación, así como la cancelación de pasivo que realicen los Ayuntamientos en el ejercicio de sus facultades.

 

            ARTÍCULO 149.- La formulación de estados financieros o presupuestales se realizará con base en los principios, sistemas, procedimientos y métodos de contabilidad generalmente aceptados y conforme a las normas previstas en otros ordenamientos aplicables y a los lineamientos que al efecto establezca el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.

 

            ARTÍCULO 150.- El gasto municipal se ejercerá de acuerdo a lo que determine el Ayuntamiento, pero como mínimo deberá proveerse para lo siguiente:

 

            I.- Educación pública;

 

            II.- Seguridad pública;

 

            III.- Centros de salud pública y Centros de Readaptación Social;

 

            IV.- Gastos de conservación de edificios públicos;

 

            V.- Obras públicas de utilidad colectiva;

 

            VI.- Servicios públicos;

 

            VII.- Sueldos de servidores públicos del Ayuntamiento;

 

            VIII.- Aportaciones a Planes de Desarrollo Estatal, Regional o Municipal;

 

            IX.- Juntas Auxiliares;

 

            X.- Conservación y protección del medio ambiente y el equilibrio ecológico; y

 

            XI.- Control de la fauna nociva.

 

            ARTÍCULO 151.- Las Juntas Auxiliares se coordinarán con los Ayuntamientos, a efecto de coadyuvar con los mismos en las funciones que realizan en materia de administración, recaudación, ejecución y supervisión.  Para cumplir con estos fines recibirán de los Ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos y porcentajes que por Ley les correspondan.

 

            ARTÍCULO 152.- Son bienes del dominio público municipal:

 

            I.- Los de uso común;

 

            II.- Los inmuebles destinados por el Municipio a un servicio público y los equiparados a éstos, conforme a la ley;

 

            III.- Cualesquiera otros inmuebles propiedad del Municipio declarados por ley inalienables, imprescriptibles e inembargables, y los demás bienes municipales declarados por la autoridad competente como monumentos históricos o arqueológicos;

 

            IV.- Los muebles propiedad del Municipio que por su naturaleza no sean sustituibles, señalando de manera enunciativa mas no limitativa, los expedientes, los libros raros, las piezas históricas o arqueológicas y las obras de arte propiedad de los museos municipales;

 

            V.- Los ingresos municipales que provengan de las participaciones o contribuciones establecidas en las leyes; y

 

            VI.- Los demás que expresamente señale la Ley.

 

            ARTÍCULO 153.- Están destinados a un servicio público y por lo tanto están comprendidos en la fracción II del artículo anterior:

 

            I.- El o los inmuebles donde residan los Ayuntamientos;

 

            II.- Los inmuebles destinados al servicio de las dependencias del Ayuntamiento y sus órganos desconcentrados;

 

            III.- Los inmuebles destinados a oficinas públicas del Ayuntamiento;

 

            IV.- Los predios rústicos directamente utilizados en los servicios públicos del Ayuntamiento; y

            V.- Los inmuebles propiedad del Municipio destinados al servicio del Estado, así como los que se encuentren en comodato o arrendados para servicio y oficinas federales.

 

            ARTÍCULO 154.- Son bienes de uso común:

 

            I.- Los caminos, carreteras y puentes cuya administración esté a cargo del Ayuntamiento;

 

            II.- Los monumentos artísticos e históricos propiedad del Municipio, y las construcciones levantadas en lugares públicos para ornato o comodidad de quienes los visiten; y

 

            III.- Los parques y jardines, plazas, mercados, centrales de abasto, cementerios y campos deportivos cuyo mantenimiento y administración estén a cargo del Ayuntamiento o Junta Auxiliar.

 

            ARTÍCULO 155.- Los bienes de dominio público son inembargables, inalienables e imprescriptibles.  Tampoco podrán ser objeto de gravámenes de ninguna clase ni reportar en provecho de particulares ningún derecho de uso, usufructo o habitación; tampoco podrán imponerse sobre ellos servidumbre pasiva alguna en los términos del derecho común.  Los derechos de tránsito, de vista, de bienes y otros semejantes, se regirán por las leyes y disposiciones aplicables, y los permisos u otros contratos que otorgue el Ayuntamiento sobre esta clase de bienes, tendrán siempre el carácter de revocables.

 

            ARTÍCULO 156.- El Presidente Municipal podrá dictar acuerdos relativos al uso, vigilancia y aprovechamiento de los bienes del dominio público y tomar las medidas administrativas encaminadas a obtener, mantener o recuperar la posesión de ellos.

 

            ARTÍCULO 157.- El Presidente Municipal tendrá la obligación de inscribir los bienes del dominio público del Municipio, así como los actos relacionados con los mismos, en el Registro Público de la Propiedad del Estado.

 

            ARTÍCULO 158.- Son bienes del dominio privado municipal:

 

            I.- Los que resulten de la liquidación y extinción de entidades, en la proporción que corresponda al Municipio;

 

            II.- Los inmuebles o muebles que formen parte de su patrimonio no destinados al uso colectivo, o a la prestación de un servicio público;

 

            III.- Las utilidades de las entidades municipales; y

 

            IV.- En general todos los bienes o derechos propiedad del Municipio que no sean de dominio público.

 

            ARTÍCULO 159.- Los Ayuntamientos podrán por acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario del Municipio, en términos de la legislación aplicable.

 

            Podrá afectarse el patrimonio inmobiliario del Municipio, en los siguientes casos:

 

            I.- Para mejorar la prestación de las funciones y servicios públicos que tiene encomendados el Municipio;

 

            II.- Para cumplir las obligaciones derivadas de créditos contratados por el Ayuntamiento, cuando sea estrictamente necesario y se carezca de los fondos que se requieran;

 

            III.- Para hacer frente a las contingencias provenientes de fenómenos naturales que afecten directamente a los habitantes o vecinos del Municipio;

 

            IV.- Para promover el progreso y bienestar de los habitantes del Municipio, mediante el fomento a la educación, empleo y la productividad; y

 

            V.- Los demás de naturaleza análoga a las anteriores; de acuerdo con los criterios y bases que se establezcan en la presente Ley y los ordenamientos aplicables.

 

            ARTÍCULO 160.- Los bienes del dominio privado del Municipio podrán enajenarse, darse en arrendamiento, gravarse, y en general ser objeto de cualquier acto jurídico en los términos de esta Ley, siempre y cuando:

 

            I.- Lo apruebe las dos terceras partes del Ayuntamiento;

 

            II.- El Síndico emita su opinión ante el Cabildo;

 

            III.- El procedimiento respectivo se realice con las mismas modalidades, requisitos y términos que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Estatal y Municipal prevé para la compra de bienes y servicios;

 

            IV.- Los beneficios que tenga el Municipio por virtud de dichos actos sean los que normalmente se obtienen en el mercado, a efecto de lo cual, previo al inicio del procedimiento, se deberá contar con el avalúo correspondiente; y

 

            V.- No se contravenga la legislación aplicable en materia de desarrollo urbano.

 

            La resolución deberá enviarse al Ejecutivo del Estado y al Congreso del Estado, para los efectos legales a que haya lugar.

 

            En los casos a que se refiere esta disposición, el contrato o convenio respectivo quedará bajo la custodia del Secretario del Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 161.- La transmisión gratuita de la propiedad, del usufructo o de la posesión de los bienes propiedad de los Municipios se podrá otorgar siempre que medie acuerdo del Ayuntamiento, el que bajo su responsabilidad, cuidará que la finalidad sea de notorio beneficio social.

 

            Si no se cumple con la finalidad en el plazo que señale la autoridad competente, o se destina el bien a un fin distinto al señalado en la autorización, se entenderá revocado el acto gratuito de que se trate y operará sin necesidad de declaración judicial la reversión de los derechos en favor del Municipio.

 

            Asimismo, si se trata de alguna institución de beneficencia o asociación similar, en caso de disolución o liquidación de la misma, los bienes revertirán al dominio del Municipio.

 

            ARTÍCULO 162.- Se concede acción popular para denunciar ante las autoridades competentes la malversación de fondos municipales y cualquier otro hecho presuntamente delictivo en contra del Patrimonio Municipal.

 

 

CAPÍTULO XV

DE LA TESORERÍA MUNICIPAL

 

 

            ARTÍCULO 163.- Cada Municipio contará con una Tesorería Municipal, que será la dependencia encargada de administrar el Patrimonio Municipal.  La Tesorería Municipal estará a cargo de un Tesorero, quien deberá cumplir los mismos requisitos señalados para el Secretario del Ayuntamiento, será nombrado y removido por el Ayuntamiento a propuesta del Presidente Municipal, y será remunerado de acuerdo con el presupuesto respectivo.

 

            ARTÍCULO 164.- El Tesorero se auxiliará, para el despacho de los asuntos de su competencia, de los servidores públicos que autorice el Ayuntamiento, de acuerdo con las necesidades del Municipio y presupuesto autorizado.

 

            ARTÍCULO 165.- El Tesorero, al tomar posesión de su cargo, recibirá copia del inventario municipal y levantará un acta circunstanciada de la situación financiera del Municipio, remitiendo un ejemplar de dicha documentación al Presidente Municipal, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado y al Secretario del Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 166.- El Tesorero tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

 

            I.- Coordinar la política fiscal del Municipio, de conformidad con lo que acuerde el Ayuntamiento;

 

            II.- Ejercer las atribuciones que la legislación hacendaria confiere a las autoridades fiscales municipales;

 

            III.- Dar cumplimiento a las leyes y convenios de coordinación fiscal aplicables;

 

            IV.- Recaudar y administrar los ingresos que legalmente le correspondan al Municipio; los que se deriven de la suscripción de convenios, acuerdos o la emisión de declaratorias de coordinación; los relativos a transferencias otorgadas a favor del Municipio en el marco del Sistema Nacional o Estatal de Coordinación Fiscal, o los que reciba por cualquier otro concepto; así como el importe de las sanciones por infracciones impuestas por las autoridades competentes, por la inobservancia de las diversas disposiciones y ordenamientos jurídicos, constituyendo los créditos fiscales correspondientes;

 

            V.- Participar en los órganos de coordinación fiscal y administrativa que establezcan las leyes;

 

            VI.- Llevar los registros y libros contables, financieros y administrativos del Ayuntamiento;

 

            VII.- Conducir y vigilar el funcionamiento de un sistema de orientación fiscal gratuita para los contribuyentes municipales;

 

            VIII.- Elaborar el día último de cada mes, el balance general, corte de caja y estado de la situación financiera del Municipio, el cual deberá ser aprobado por el Presidente Municipal y la Comisión de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal;

 

            IX.- Diseñar y publicar las formas oficiales de las manifestaciones, avisos y declaraciones, así como todos los demás documentos fiscales;

 

            X.- Solicitar al Síndico el ejercicio de las acciones legales procedentes con fundamento en las disposiciones respectivas, así como participar en los términos que establezcan los ordenamientos aplicables, en la sustanciación de los medios de defensa que sean promovidos en contra de los actos de las autoridades fiscales del Municipio;

 

            XI.- Proponer al Ayuntamiento, a través del Presidente Municipal, que la recepción del pago y la expedición de comprobantes, sea realizada por dependencias diversas de las exactoras;

 

            XII.- Custodiar y ejercer las garantías que se otorguen a favor del patrimonio municipal;

 

            XIII.- Proponer al Ayuntamiento la cancelación de cuentas incobrables;

 

            XIV.- Permitir a los integrantes del Ayuntamiento la consulta de la información que legalmente le corresponda, dentro del ámbito de su competencia, así como proporcionarla al Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a requerimiento de este último, en términos de esta Ley y demás aplicables;

 

            XV.- Proporcionar la información que le soliciten los visitadores nombrados por el Ejecutivo, que sea procedente legalmente;

 

            XVI.- Proporcionar de manera oportuna al Ayuntamiento todos los datos e informes que sean necesarios para la formulación de los presupuestos de ingresos y egresos, vigilando que se ajusten a las disposiciones de esta Ley y otros ordenamientos aplicables, así como participar en la elaboración de dichos presupuestos;

 

            XVII.- Ejercer y llevar el control del presupuesto del Ayuntamiento;

 

            XVIII.- Informar al Ayuntamiento respecto de las partidas que estén por agotarse, para los efectos procedentes;

 

            XIX.- Formular, bajo la vigilancia del Presidente Municipal, dentro del plazo que señale la ley aplicable, el informe de la administración de la cuenta pública del Municipio correspondiente al año inmediato anterior;

 

            XX.- Elaborar el informe y demás documentos fiscales que deberá remitir el Ayuntamiento a las autoridades del Estado, de conformidad con la ley de la materia;

 

            XXI.- Elaborar y someter a la aprobación del Ayuntamiento en forma oportuna, el informe de la cuenta pública municipal, así como los estados de origen y aplicación de recursos y los informes de avance de gestión financiera, para su remisión al Órgano de Fiscalización Superior del Estado;

 

            XXII.- Solventar oportunamente los pliegos que formule el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, informando de lo anterior al Ayuntamiento;

 

            XXIII.- Participar en la elaboración de los proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones relacionadas con el patrimonio municipal;

 

            XXIV.- Participar en la elaboración de convenios de coordinación fiscal que celebre el Ayuntamiento en los términos de esta Ley y demás leyes aplicables;

 

            XXV.- Auxiliar y representar, en su caso, al Presidente Municipal ante las instancias, órganos y autoridades de coordinación en materia hacendaria del Estado y la Federación;

 

            XXVI.- Proporcionar al auditor externo que designe el Ayuntamiento la información que requiera;

 

            XXVII.- Cumplir, en el control interno de los recursos públicos que ejerzan las Juntas Auxiliares, con las normas, procedimientos, métodos y sistemas contables y de auditoria que al efecto establezca al Órgano de Fiscalización Superior del Estado; y

 

            XXIII.- Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 167.- Los Tesoreros Municipales serán responsables de las erogaciones que efectúen fuera de los presupuestos y planes aprobados, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurran otros servidores públicos.

 

 

CAPÍTULO XVI

DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

 

 

            ARTÍCULO 168.- Cada Municipio contará con una Contraloría Municipal, la cual tendrá las funciones de contraloría interna del Municipio, la que estará a cargo de un Contralor Municipal, quien deberá cumplir los mismos requisitos señalados para el Secretario del Ayuntamiento, será nombrado y removido por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal, y remunerado de acuerdo con el presupuesto respectivo.

 

            ARTÍCULO 169.- En el ámbito de su competencia, el Contralor Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

 

            I.- Planear, organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación Municipal;

 

            II.- Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio;

 

            III.- Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal;

 

            IV.- Formular al Ayuntamiento propuestas para que en el estatuto o reglamento respectivo se expidan, reformen o adicionen las normas reguladoras del funcionamiento, instrumentos y procedimientos de control de la Administración Pública Municipal;

 

            V.- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias municipales;

 

            VI.- Designar y coordinar a los Comisarios que intervengan en las entidades municipales;

 

            VII.- Establecer métodos, procedimientos y sistemas que permitan el logro de los objetivos encomendados a la Contraloría Municipal, así como vigilar su observancia y aplicación;

 

            VIII.- Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento;

 

            IX.- Asesorar técnicamente a los titulares de las dependencias y entidades municipales sobre reformas administrativas relativas a organización, métodos, procedimientos y controles;

 

            X.- Practicar auditorías al Presidente Municipal, dependencias del Ayuntamiento o entidades paramunicipales, a efecto de verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas respectivos y la honestidad en el desempeño de sus cargos de los titulares de las dependencias y entidades municipales y de los servidores públicos;

 

            XI.- Proporcionar información a las autoridades competentes, sobre el destino y uso de las participaciones y recursos asignados al Ayuntamiento;

 

            XII.- Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones sobre registro, contabilidad, contratación y pago de personal, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos, usos y conservación del patrimonio municipal;

 

            XIII.- Verificar el cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la Administración Pública Municipal;

 

            XIV.- Emitir opinión sobre proyectos de sistemas de contabilidad y control en materia de programación, presupuestos, administración de recursos humanos, materiales y financieros, contratación de deuda y manejo de fondos y valores que formule la Tesorería Municipal;

 

            XV.- Informar cuando lo requiera el Presidente Municipal o el Síndico, sobre el resultado de la evaluación, y responsabilidades, en su caso, de los servidores públicos municipales;

 

            XVI.- Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las declaraciones patrimoniales de servidores públicos municipales, que conforme a la ley están obligados a presentar, así como investigar la veracidad e incremento ilícito correspondientes;

 

            XVII.- Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de su competencia;

 

            XVIII.- Cuidar el cumplimiento de responsabilidades de su propio personal, aplicando en su caso las sanciones administrativas que correspondan conforme a la ley;

 

            XIX.- Solicitar al Ayuntamiento que contrate al auditor externo en los términos de esta Ley;

 

            XX.- Participar en la entrega-recepción de las dependencias y entidades del Municipio;

 

            XXI.- Vigilar que el inventario general de los bienes municipales sea mantenido conforme a lo dispuesto por la presente Ley;

 

            XXII.- Sustanciar el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades en contra de los servidores públicos municipales, de acuerdo a la ley en la materia; y

 

            XXIII.- Las demás que le confieran esta Ley y disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 170.- El Contralor Municipal está impedido para intervenir en cualquier asunto en el que estén involucrados, de manera directa e indirecta, sus intereses, los de su cónyuge, concubinario o parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado o colaterales hasta el cuarto, o por afinidad hasta el segundo.  En estos casos deberá intervenir el servidor público que conforme al estatuto sustituya en sus faltas al Contralor.

 

 

CAPÍTULO XVII

DE LOS CONTRATOS Y DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 

            ARTÍCULO 171.- Las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios de cualquier naturaleza, y la contratación de obra pública que realicen los Ayuntamientos se contratarán en los términos y mediante los procedimientos que prevén la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Sector Público Estatal y Municipal, y demás disposiciones legales aplicables

 

            Los Ayuntamientos contarán con un Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados y un Comité de Adjudicaciones en materia de Adquisiciones, los cuales estarán integrados conforme a la ley de la materia; o en su caso celebrarán los convenios respectivos con los comités estatales correspondientes.

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XVIII

DE LAS CONCESIONES, LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES

 

 

            ARTÍCULO 172.- En los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, los Ayuntamientos podrán concesionar la prestación de las funciones y los servicios públicos a su cargo, excepto el de seguridad pública y tránsito o vialidad.

 

            ARTÍCULO 173.- Los Ayuntamientos requieren de la autorización de las dos terceras partes de sus miembros para concesionar el aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público del Municipio cuando el término de dicha concesión no exceda la gestión del Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 174.- Los Ayuntamientos podrán concesionar la prestación total o parcial de las funciones y los servicios públicos municipales que por su naturaleza, características o especialidad lo permitan, sujetándose a las siguientes bases:

 

            I.- El Ayuntamiento deberá determinar sobre la conveniencia de que la función o el servicio público correspondiente sea prestado por un tercero;

 

            II.- El Ayuntamiento deberá elaborar los estudios y dictámenes correspondientes, a fin de determinar las bases, términos y modalidades de la concesión;

 

            III.- Los interesados deberán formular la solicitud respectiva cubriendo los gastos que demanden los estudios correspondientes; y

 

            IV.- La convocatoria deberá contener al menos:

 

            a) Determinación del régimen jurídico a que estará sometida la concesión, su duración, las causas de caducidad, rescisión, rescate y suspensión, así como la forma de vigilancia en la prestación del servicio;

 

            b) Especificación de las condiciones bajo las cuales se garantice la generalidad, suficiencia y regularidad del servicio;

 

            c) Determinación de las condiciones y formas en que deberán otorgarse las garantías para responder de la prestación del servicio en los términos del título de la concesión y de esta Ley; y

 

            d) La forma de determinar la tarifa correspondiente.

 

            ARTÍCULO 175.- Las concesiones sobre los bienes de dominio público sólo otorgan el derecho de usar, explotar o aprovechar dichos bienes, a condición de que su titular cumpla con las obligaciones que en el título de concesión se establezcan.

 

            ARTÍCULO 176.- Los archivos de las concesiones serán públicos en los términos de esta Ley, pero la información cuya publicidad pueda poner en peligro la seguridad del Municipio o sus habitantes, o que deba mantenerse reservada conforme a la Ley, permanecerá confidencial.

 

            ARTÍCULO 177.- Las concesiones terminan:

 

            I.- Por renuncia del concesionario;

 

            II.- Por la conclusión del término de su vigencia;

 

            III.- Por caducidad;

 

            IV.- Por rescisión;

 

            V.- Por quiebra del concesionario;

 

            VI.- Por rescate;

 

            VII.- Por imposibilidad de la realización del objeto de la concesión; y

 

            VIII.- Por mutuo acuerdo.

 

            ARTÍCULO 178.- En los casos de terminación de las concesiones, el Ayuntamiento podrá convenir con el concesionario la enajenación de los bienes con que se preste el servicio.

 

            ARTÍCULO 179.- Las concesiones caducan:

 

            I.- Cuando no se inicie la prestación del servicio dentro del plazo señalado en la concesión; o

 

            II.- Cuando el concesionario no otorgue en tiempo y forma las garantías correspondientes.

 

            Para decretar la caducidad se oirá previamente al interesado, pero en el caso de la fracción I opera de pleno derecho por el simple transcurso del tiempo.

 

            ARTÍCULO 180.- Los Ayuntamientos podrán rescindir las concesiones cuando:

 

            I.- El concesionario contravenga los términos del título de concesión;

 

            II.- Se constate que el servicio se presta en forma distinta a los términos de la concesión;

 

            III.- No se cumpla con las obligaciones que deriven de la concesión o se preste irregularmente el servicio concesionado;

 

            IV.- Se constate que el concesionario no conserva los bienes e instalaciones en buen estado de operación, o cuando éstos sufran deterioro por negligencia imputable a aquél, con perjuicio para la prestación eficaz del servicio;

 

            V.- El concesionario pierda la capacidad, o carezca de los elementos materiales o técnicos para la prestación del servicio; o

 

            VI.- Por cualquier otra causa, el concesionario contravenga las disposiciones aplicables.

 

            ARTÍCULO 181.- Los Ayuntamientos podrán rescatar las concesiones que hubieren otorgado por causas de interés público y mediante indemnización.

 

            ARTÍCULO 182.- La concesión podrá suspenderse por causas de interés público y mediante indemnización.

 

            ARTÍCULO 183.- A petición formulada por los concesionarios antes de la expiración del plazo de la concesión, podrá prorrogarse ésta, previa autorización del Ayuntamiento, hasta por un término igual para el que fue otorgada, siempre que subsista la necesidad del servicio, que las instalaciones y equipo puedan satisfacerla durante el tiempo de la prórroga, que se haya prestado el servicio por el concesionario en forma eficiente, y que el Ayuntamiento lo considere conveniente.

 

            ARTÍCULO 184.- No podrán otorgarse concesiones a:

 

            I.- Miembros del Ayuntamiento;

 

            II.- Servidores públicos municipales;

 

            III.- Los cónyuges o concubinarios, parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales hasta el cuarto y los parientes por afinidad hasta el segundo, de los mencionados en las dos fracciones anteriores; y

 

            IV.- A personas jurídicas en las cuales sean representantes o tengan intereses económicos las personas a que se refieren las fracciones anteriores.

 

            ARTÍCULO 185.- Las autorizaciones, permisos y licencias que otorgue el Ayuntamiento, se ajustarán a lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables, pero siempre guardando los principios de transparencia, honestidad y simplificación.

 

            ARTÍCULO 186.- Los Ayuntamientos deberán resolver las solicitudes de permisos, autorizaciones o licencias en un plazo no mayor a noventa días.

 

            ARTÍCULO 187.- Las entidades podrán concesionar los bienes equiparados a los del dominio público, sujetándose en lo conducente al presente Capítulo.

 

 

CAPÍTULO XIX

DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL GOBIERNO

 

 

            ARTÍCULO 188.- Para coadyuvar en los fines y funciones de la Administración Pública Municipal, los Ayuntamientos promoverán la participación ciudadana, para fomentar el desarrollo democrático e integral del Municipio.

 

            ARTÍCULO 189.- En cada Municipio funcionarán uno o varios Consejos de Participación Ciudadana, instancia básica, flexible y plural de participación ciudadana, como órganos de promoción y gestión social, auxiliar de los Ayuntamientos, con las siguientes facultades y obligaciones:

 

            I.- Coadyuvar para el cumplimiento eficaz de los planes y programas municipales aprobados;

 

            II.- Promover la participación y colaboración de los habitantes y vecinos en todos los aspectos de beneficio social; y

 

            III.- Proponer al Ayuntamiento actividades, acciones, planes y programas municipales, o para modificarlos en su caso.

 

            ARTÍCULO 190.- Los Ayuntamientos, procurarán que en la integración de estos organismos queden incluidas personas de reconocida honorabilidad, pertenecientes a los sectores más representativos de la comunidad.

 

            ARTÍCULO 191.- El Ayuntamiento, convocará a la sociedad para que se integre en los Consejos de Participación Ciudadana, que de manera enunciativa y no limitativa, serán los siguientes:

 

 

            I.- Salud;

 

            II.- Educación;

 

            III.- Turismo;

 

            IV.- Ecología;

 

            V.- Agricultura y Ganadería;

 

            VI.- Desarrollo Indígena;

 

            VII.- Impulso a las Artesanías;

 

            VIII.- Fomento al Empleo;

 

            IX.- Materia de Discapacitados; y

 

            X.- Protección Civil.

 

            En su organización, funcionamiento y supervisión prevalecerán los lineamientos del acto jurídico que los creé y sólo excepcionalmente podrá intervenir el Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 192.- Cuando uno o más de los miembros del Consejo no cumplan con sus obligaciones, serán separados de su cargo y entrarán en función los suplentes; si no hubiere suplentes y no existiera dispositivo que previera la suplencia, el Ayuntamiento designará sustitutos.

 

            ARTÍCULO 193.- El Ayuntamiento podrá autorizar a los Consejos de Participación Ciudadana la recepción de aportaciones económicas de la comunidad, para la realización de sus fines sociales.

 

            En este caso, los recibos serán autorizados por la Tesorería Municipal, y en ésta se concentrarán sus fondos, los cuales se aplicarán a la obra, acción y programa respectivos.

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XX

DE LA COORDINACIÓN HACENDARIA

 

 

            ARTÍCULO 194.- Los Ayuntamientos percibirán participaciones federales las que serán cubiertas por la Federación con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por el Congreso del Estado.

 

            ARTÍCULO 195.- Los Ayuntamientos, para evitar el rezago social, deberán de implementar medidas tendientes a:

 

            I.- Garantizar que la presupuestación, ejercicio, control y evaluación de los recursos municipales se realicen con criterios de oportunidad, equidad y eficiencia;

 

            II.- Diseñar programas y lineamientos necesarios para la contratación, reestructuración y pago de deuda directa y contingente;

 

            III.- Eficientar los procesos de recaudación, vigilancia, control y evaluación de los ingresos y el gasto;

 

            IV.- Coordinarse con el Estado para que éste se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la recaudación y administración de las contribuciones. Para tal efecto, deberán suscribir con el Estado los convenios que se requieran, debiendo ajustarse a lo dispuesto por la presente Ley; y

 

            V.- Coordinarse con el Estado para elaborar análisis financieros y económicos tendientes a determinar su capacidad crediticia y regular el mecanismo establecido para el pago de las obligaciones contraídas.

 

            ARTÍCULO 196.- Las Juntas Auxiliares se coordinarán con los Ayuntamientos, a efecto de coadyuvar en las funciones que realicen en materia de administración, recaudación, ejecución y supervisión. Para cumplir con estos fines, recibirán de los Ayuntamientos los recursos provenientes de sus participaciones en los términos y porcentajes que por ley les correspondan.

 

 

CAPÍTULO XXI

DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

 

 

            ARTÍCULO 197.- Los servicios públicos municipales son actividades sujetas, en cuanto a su organización, funcionamiento y relaciones con los usuarios, a un régimen de derecho público y destinados a satisfacer una concreta y permanente necesidad colectiva, cuya atención corresponde legalmente a la administración municipal.

 

            ARTÍCULO 198.- El Ayuntamiento prestará los servicios públicos de la siguiente forma:

 

            I.- A través de sus propias dependencias administrativas u organismos desconcentrados;

 

            II.- A través de sus organismos públicos descentralizados, creados para tal fin;

 

            III.- Mediante el régimen de concesión; y

 

            IV.- Mediante convenios de coordinación con el Estado y convenios de asociación con otros Ayuntamientos.

 

            ARTÍCULO 199.- Los Municipios tendrán a su cargo las siguientes funciones y servicios públicos:

 

            I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales;

 

            II.- Alumbrado público;

 

            III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos;

 

            IV.- Mercados y centrales de abasto;

 

            V.- Panteones;

 

            VI.- Rastros;

 

            VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento;

 

            VIII.- Seguridad Pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Policía Preventiva Municipal y Tránsito;

 

            IX.- Control de la fauna nociva; y

 

            X.- Las demás que el Congreso del Estado determine, según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.

 

 

 

 

 

 

            ARTÍCULO 200.- Los servicios públicos municipales se rigen, entre otras disposiciones, por las siguientes:

 

            I.- Su prestación es de interés público;

 

            II.- Deberán prestarse uniformemente a los usuarios que los soliciten de acuerdo con las posibilidades y salvo las excepciones establecidas legalmente; y

 

            III.- Se prestarán permanentemente y de manera continua, cuando sea posible y lo exija la necesidad colectiva.

 

            ARTÍCULO 201.- Cuando el Municipio se encuentre imposibilitado para ejercer las funciones o servicios públicos que le corresponden a través de cualesquiera de las formas establecidas por esta Ley, el Ayuntamiento respectivo, por acuerdo de cuando menos las dos terceras partes de sus integrantes, podrá celebrar convenio con el Estado para que éste, a través de sus dependencias y entidades, se haga cargo de la función o servicio de que se trate, en tanto el Municipio realiza las gestiones necesarias para reasumir dicha función o servicio.

 

            ARTÍCULO 202.- Para que el Gobierno Estatal asuma una función o servicio municipal sin que exista convenio previo, se necesitará que el Congreso del Estado declare que el Municipio de que se trate esté imposibilitado para prestarlos mediante el siguiente procedimiento:

 

            I.- Presentación de la solicitud del Ayuntamiento de que se trate acordada por al menos las dos terceras partes de sus integrantes, acompañando a dicha solicitud los elementos necesarios que acrediten que el Municipio carece de los recursos indispensables para la adecuada prestación de la función o servicio público municipal;

 

            II.- Una vez recibida, el Congreso del Estado la turnará a la comisión o comisiones correspondientes en el que se oirá al Estado, al Municipio de que se trate y a quien resultare interesado en la prestación de la función o servicio público municipal;

 

            III.- La comisión o comisiones respectivas pondrán en estado de resolución el asunto planteado para que Congreso del Estado en Pleno, declare si dicho Municipio se encuentra imposibilitado para ejercer o prestar la función o el servicio público municipal; y

 

            IV.- En la declaración del Congreso del Estado en Pleno, se determinarán las circunstancias, modalidades y condiciones mediante las cuales el Estado asumirá la función o servicio de que se trate y la temporalidad de la misma.

 

 

 

CAPÍTULO XXII

DE LA COORDINACIÓN Y ASOCIACIÓN MUNICIPAL

 

 

            ARTÍCULO 203.- Los Municipios del Estado, previo acuerdo entre sus Ayuntamientos, podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan y para solucionar conjuntamente problemas que les afecten.

 

            ARTÍCULO 204.- Los Municipios del Estado podrán asociarse y coordinarse entre sí, o previa autorización del Congreso del Estado, con los Municipios de otras Entidades Federativas, en términos de la legislación aplicable, para impulsar el desarrollo regional, que tenga por objeto:

 

            I.- El estudio de problemas locales comunes, así como la eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan;

 

            II.- La realización de programas de desarrollo común;

 

            III.- La coordinación con el Ejecutivo del Estado o con el Ejecutivo Federal;

 

            IV.- La constitución y el funcionamiento de Consejos de Participación Ciudadana intermunicipales, para la planeación y ejecución de programas y acciones de desarrollo urbano, vivienda, seguridad pública, ecología y preservación del medio ambiente, salud pública, tránsito y vialidad, nomenclatura, servicios públicos, cultura, deportes, integración familiar, comunicación social y demás aspectos que consideren de interés mutuo;

 

            V.- La realización de obras o la adquisición en común de materiales, equipo e instalaciones para el servicio municipal;

 

            VI.- La promoción de las actividades económicas;

 

            VII.- La elaboración de programas de planeación del crecimiento de los centros de población; y

 

            VIII.- Las demás acciones que tiendan a promover el bienestar y progreso de sus respectivas comunidades.

 

            ARTÍCULO 205.- Los planes, programas, organización y estudio de integración de la coordinación y asociación entre Municipios de diferentes entidades federativas, serán sometidos a la consideración del Congreso del Estado, y una vez aprobados y obtenida la autorización, se firmarán los convenios con los representantes de los Municipios respectivos.

 

            ARTÍCULO 206.- Los Municipios podrán celebrar convenios con el Gobierno del Estado en los siguientes casos:

 

            I.- Para que el Gobierno del Estado se haga cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración y recaudación de las contribuciones que les corresponda;

 

            II.- Para que el Municipio se haga cargo de las funciones, ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos que le delegue el Estado, cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario;

 

            III.- Para que el Gobierno del Estado asuma la ejecución y operación de obras y la prestación de funciones y servicios públicos municipales, cuando el desarrollo económico y social lo requieran y el Municipio carezca de la adecuada capacidad administrativa y financiera;

 

            IV.- Para que se presten o se ejerzan las funciones y servicios públicos en forma coordinada; y

 

            V.- Las demás de naturaleza análoga a las anteriores.

 

            El Presidente Municipal, el Síndico y el Regidor del ramo que corresponda, serán los facultados para suscribir los convenios mencionados anteriormente.

 

 

CAPÍTULO XXIII

DE LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

 

            ARTÍCULO 207.- La Seguridad Pública Municipal comprende la Policía Preventiva Municipal y Seguridad Vial Municipal.

 

            Cada Municipio contará con un Cuerpo de Policía Preventiva Municipal y un Cuerpo de Seguridad Vial Municipal, los cuales se organizarán de acuerdo con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, la Ley de Seguridad Pública y demás leyes en la materia.

 

            ARTÍCULO 208.- Es función primordial de la seguridad pública municipal velar por la seguridad y bienestar de los habitantes, protegiéndolos en sus bienes y en el ejercicio de sus derechos.

 

            ARTÍCULO 209.- Los Comandantes de la Policía Preventiva Municipal y de Seguridad Vial Municipal serán nombrados y removidos por el Ayuntamiento, a propuesta del Presidente Municipal.

 

            ARTÍCULO 210.- Para una efectiva seguridad pública municipal, el Ayuntamiento promoverá la coordinación con los cuerpos de seguridad pública de los diferentes niveles de gobierno.

 

            ARTÍCULO 211.- La Policía Preventiva Municipal estará al mando del Presidente Municipal, en términos de las disposiciones aplicables. Aquélla acatará las órdenes que el Gobernador del Estado le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor o alteración grave del orden público.

 

            Los Ayuntamientos deberán expedir los reglamentos correspondientes que normen de manera administrativa la integración y funcionamiento de los cuerpos de seguridad pública municipal.

 

            ARTÍCULO 212.- Son atribuciones de los Ayuntamientos en materia de seguridad pública, las siguientes:

 

            I.- Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, así como preservar y guardar el orden público en el territorio municipal, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos;

 

            II.- Pugnar por la profesionalización de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y de Seguridad Vial Municipal; y

 

            III.- Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, el Estado y otros Municipios.

 

 

            ARTÍCULO 213.- Los Presidentes Municipales, en la materia objeto del presente Capítulo, tienen las siguientes atribuciones:

 

 

            I.- Ejercer el mando sobre la Policía Preventiva Municipal y la Seguridad Vial Municipal;

 

            II.- Establecer programas tendientes a evitar la comisión de delitos y proteger a las personas en sus bienes, posesiones y derechos;

 

            III.- Dictar medidas para la observancia y cumplimiento de las disposiciones legales sobre seguridad pública;

 

            IV.- Ejecutar las directrices señaladas por las autoridades estatales en materia de seguridad pública;

 

            V.- Cuidar que la organización y desempeño de los Cuerpos de Policía Preventiva Municipal y de Seguridad Vial Municipal sea eficiente, pasándoles revista por lo menos una vez al mes; y

 

            VI.- Ejecutar los acuerdos del Ayuntamiento relacionados con la seguridad pública.

 

 

CAPÍTULO XXIV

DE LA JUSTICIA MUNICIPAL

 

 

            ARTÍCULO 214.- Por ser el Municipio base de la organización política y administrativa del Estado, se constituye como el nivel de gobierno de contacto más inmediato con la sociedad, por lo que deberá procurar el acceso integral de sus miembros a la justicia.

 

            Los Ayuntamientos, en todo momento, deberán de contribuir, de acuerdo a las necesidades y sus posibilidades, con recursos económicos para el sostenimiento de las instancias de justicia municipal.

 

            ARTÍCULO 215.- La justicia municipal se ejercerá por los juzgados menores, juzgados de paz, juzgados calificadores y agentes subalternos del Ministerio Público, en los términos y plazos que establezcan, además de la presente Ley, las disposiciones legales aplicables.

 

            ARTÍCULO 216.- La organización, funcionamiento y atribuciones de los juzgados menores se sujetará a lo dispuesto por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, al igual que el nombramiento de su titular y demás servidores públicos adscritos a ellos, y lo relativo a sus suplencias, permisos, licencias, suspensión, renuncia y remoción.

 

            ARTÍCULO 217.- La forma de nombramiento, organización y competencia de los jueces y juzgados calificadores, será la que se establezca en el reglamento que al efecto expida el Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 218.- El nombramiento y atribuciones de los agentes subalternos del Ministerio Público, se regulará conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

 

 

CAPÍTULO XXV

DEL SERVICIO CIVIL DE CARRERA

 

 

            ARTÍCULO 219.- Los Ayuntamientos promoverán en el ámbito de sus competencias, el servicio civil de carrera, el cual tendrá los siguientes propósitos:

 

            I.- Garantizar la estabilidad y seguridad en el empleo;

 

            II.- Fomentar la vocación de servicio, mediante una motivación adecuada;

 

            III.- Propiciar la capacitación permanente del personal;

 

            IV.- Procurar la lealtad a las instituciones del Municipio;

 

            V.- Promover la eficiencia y eficacia de los servidores públicos municipales;

 

            VI.- Mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos municipales;

 

            VII.- Otorgar promociones justas y otras formas de progreso laboral con base en sus méritos;

 

            VIII.- Garantizar a los servidores públicos municipales el ejercicio de los derechos que les reconocen las leyes y otros ordenamientos jurídicos; y

 

            IX.- Contribuir al bienestar de los servidores públicos municipales y sus familias, mediante el desarrollo de actividades educativas, de asistencia, culturales, deportivas, recreativas y sociales.

 

            ARTÍCULO 220.- La institucionalización del servicio civil de carrera que procurarán establecer los Ayuntamientos, deberá considerar:

 

            I.- Un estatuto del personal;

 

            II.- Un sistema de mérito para la selección, promoción, ascenso y estabilidad del personal;

 

            III.- Un sistema de clasificación de puestos;

 

            IV.- Un sistema de plan de salarios y tabulador de puestos; y

 

            V.- Un sistema de capacitación, actualización y desarrollo del personal.

 

            ARTÍCULO 221.- El Ayuntamiento procurará crear la Comisión del Servicio Civil de Carrera, como organismo auxiliar de éste, cuya integración, funcionamiento, atribuciones, organización y demás serán contemplados en el Acuerdo que lo cree.

 

            ARTÍCULO 222.- El Acuerdo mediante el cual se cree la Comisión del Servicio Civil de Carrera deberá otorgarle por lo menos las siguientes funciones:

 

            I.- Promover ante las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, la realización de los programas específicos del Servicio Civil de Carrera;

 

            II.- Promover mecanismos de coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, para uniformar y sistematizar los métodos de administración y desarrollo del personal, encaminados a instrumentar el Servicio Civil de Carrera;

 

            III.- Determinar y proponer los elementos que permitan la adecuación e integración del marco jurídico y administrativo que requiera la instauración del Servicio Civil de Carrera;

 

            IV.- Promover mecanismos de participación permanente, para integrar y unificar los planteamientos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal, así como los correspondientes a las representaciones sindicales, en la instrumentación del Servicio Civil de Carrera;

 

            V.- Estudiar y emitir las recomendaciones necesarias para asegurar la congruencia de normas, sistemas y procedimientos del Servicio Civil de Carrera, con los instrumentos del Plan de Desarrollo Municipal;

 

            VI.- Evaluar periódicamente los resultados de las acciones orientadas a la instrumentación del Servicio Civil de Carrera; y

 

            VII.- Las demás que señale el Ayuntamiento, que le sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

 

 

CAPÍTULO XXVI

DE LA RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPALES

 

 

            ARTÍCULO 223.- La responsabilidad de los servidores públicos municipales se rige por lo dispuesto en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, las leyes reglamentarias y las que resulten aplicables de manera específica a los Municipios.

 

 

CAPÍTULO XXVII

DE LOS PUEBLOS Y SU GOBIERNO

 

 

            ARTÍCULO 224.- Para el gobierno de los pueblos habrá Juntas Auxiliares, integradas por un Presidente y cuatro miembros propietarios, y sus respectivos suplentes.

 

            ARTÍCULO 225.- Las Juntas Auxiliares serán electas en plebiscito, que se efectuará de acuerdo con las bases que establezca la convocatoria que se expida y publicite por el Ayuntamiento, por lo menos quince días antes de la celebración del mismo, y con la intervención del Presidente Municipal o su representante, así como del Agente Subalterno del Ministerio Público. El Congreso del Estado podrá enviar o nombrar un representante que presencie la elección.

 

            El Ayuntamiento podrá celebrar convenio con el Instituto Electoral del Estado, en términos de la legislación aplicable para que éste coadyuve en la elección de las autoridades municipales auxiliares.

 

            En caso de que el Ayuntamiento celebre el convenio a que hace mención el párrafo anterior, las bases de la convocatoria respectiva podrán contemplar, entre otros, el sufragio libre, directo y secreto, además de sujetarse a los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, que rigen la función electoral.

 

            ARTÍCULO 226.- Las Juntas Auxiliares serán elegidas el último domingo del mes de abril del año que corresponda; durarán en el desempeño de su cometido tres años y tomarán posesión el día 15 de mayo del mismo año, salvo los casos de que habla el artículo 228 de esta Ley, y los de desaparición total de la Junta, para los cuales habrá plebiscitos extraordinarios.  Los miembros de las Juntas Auxiliares otorgarán la protesta de ley ante el Presidente Municipal respectivo o su representante.

 

            ARTÍCULO 227.- Para ser autoridad de una Junta Auxiliar se requiere ser ciudadano vecino del Municipio, en ejercicio de sus derechos políticos y civiles, con residencia de por lo menos seis meses en el pueblo correspondiente.

 

            ARTÍCULO 228.- Cuando un pueblo no esté conforme con la elección de la Junta Auxiliar, será removida si así lo solicitaren las tres cuartas partes de sus ciudadanos vecinos inscritos en el padrón electoral. Para el efecto, la solicitud será elevada al Congreso del Estado por los conductos legales, y éste, previos los informes sobre los motivos y autenticidad de la queja, exhortará al Ayuntamiento correspondiente para que convoque a los vecinos del pueblo a un plebiscito para que elijan nueva Junta.

 

            ARTÍCULO 229.- El primer día hábil después del 15 de mayo, se reunirán los miembros de la Junta Auxiliar saliente con los que los sustituyan, para que aquéllos hagan entrega formal de los expedientes, utensilios y materiales, que hayan estado a su cargo. Si los miembros salientes no comparecieren, la actuación se llevará a cabo con intervención del representante que para el efecto designe el Presidente Municipal.

 

            ARTÍCULO 230.- Las Juntas Auxiliares tienen por objeto ayudar al Ayuntamiento en el desempeño de sus funciones. A este fin ejercerán, dentro de los límites de su circunscripción y bajo la vigilancia y dirección de aquéllos, las atribuciones siguientes:

 

            I.- Solicitar al respectivo Ayuntamiento recursos que deberán aplicarse a la satisfacción de los gastos públicos del pueblo;

 

            II.- Remitir al Ayuntamiento, con la oportunidad debida para su revisión y aprobación, los presupuestos de gastos del año siguiente;

 

            III.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y, en general, la buena marcha de la administración pública, e informar al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;

 

            IV.- Rendir al Ayuntamiento los informes que éste le solicite respecto del ejercicio de las funciones que le otorga la presente Ley;

 

            V.- Procurar la seguridad y el orden públicos del pueblo;

 

            VI.- Promover ante el Ayuntamiento de su jurisdicción, la construcción de las obras de interés público que estimare necesarias;

 

            VII.- Nombrar, a propuesta del Presidente de la Junta, al Secretario, Tesorero y Comandante de policía de la Junta Auxiliar, los que son funcionarios de confianza y podrán ser removidos libremente, y

 

            VIII.- Las demás que les encomiende el Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 231.- Son obligaciones y atribuciones de los Presidentes Auxiliares las siguientes:

 

            I.- Procurar la debida prestación de los servicios públicos y en general, la buena marcha de la administración pública, informando al Ayuntamiento sobre sus deficiencias;

 

            II.- Formar inventarios minuciosos y justipreciados de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes a la Junta Auxiliar, siendo aplicables a estos inventarios las siguientes disposiciones:

 

            a) Se harán constar en un libro especial; y

 

            b) Se revisarán en el mes de enero de cada año, asentando las modificaciones de aumento o disminución que haya habido en el curso del año anterior;

 

            III.- Informar al Ayuntamiento del que dependan, el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la fracción anterior y su resultado;

 

            IV.- Imponer dentro de su jurisdicción las sanciones que establezca el Bando de Policía y Gobierno para los infractores de sus disposiciones;

 

            V.- Imponer, cuando proceda, las sanciones a que se refiere la presente Ley;

 

            VI.- Remitir mensualmente al Ayuntamiento, por conducto de la Tesorería Municipal las cuentas relacionadas con el movimiento de fondos de la Junta Auxiliar;

 

            VII.- Actualizar cada cinco años el padrón de los vecinos de la municipalidad con expresión de las circunstancias señaladas en esta Ley y remitirlos al Presidente Municipal;

 

            VIII.- Formar anualmente dentro de su jurisdicción, en el mes de julio, el padrón de niñas y niños para quienes sea obligatoria, en la Junta Auxiliar, la instrucción primaria y secundaria desde el año inmediato siguiente, remitiéndolo al Presidente Municipal, para que éste, a su vez, lo envíe a las autoridades educativas correspondientes. Este padrón deberá contener los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio del padre o encargado de la niña o niño y el nombre y edad de éste;

 

            IX.- Las que establecen las fracciones II, VI, X, XXII, XXIV, XXV, XXVII y XL del artículo 91; y

            X.- Los demás que les impongan o confieran las leyes.

 

            ARTÍCULO 232.- Los acuerdos de las Juntas Auxiliares que no sean de carácter meramente económico, serán revisados y aprobados por el Ayuntamiento respectivo.

 

            ARTÍCULO 233.- Las sesiones de las Juntas Auxiliares se rigen por las siguientes disposiciones:

 

            I.- Se celebrará una sesión por mes;

 

            II.- Se harán constar en una acta que tendrá los requisitos que establece esta Ley;

 

            III.- Podrán celebrarse sesiones extraordinarias cuando lo acuerden los miembros de la Junta; y

 

            IV.- Se remitirá copia de las actas de las sesiones a la autoridad inmediata superior.

 

 

 

CAPÍTULO XXVIII

DE LAS SECCIONES Y DE LOS INSPECTORES

 

 

            ARTÍCULO 234.- Cada barrio, ranchería o manzana de las poblaciones urbanizadas formarán una sección.

 

            ARTÍCULO 235.- Si el barrio o ranchería fuera muy poblado, se dividirá en grupos de quinientos habitantes, formando cada grupo una sección.

 

            ARTÍCULO 236.- Si estuviesen muy lejanos de los demás centros de población de mayor categoría, formarán, no obstante, una sección aunque no tengan el número de habitantes designados.

 

            ARTÍCULO 237.- Si las manzanas fuesen poco pobladas, se unirán dos o más de ellas para formar una sola sección, en el concepto de que servirá de base para formarla el censo de quinientos habitantes.

 

            ARTÍCULO 238.- En cada una de estas secciones se nombrará un Inspector propietario y un suplente con residencia en ellas, conforme al procedimiento de elección que establezca el Ayuntamiento.

 

            ARTÍCULO 239.- Los Inspectores de secciones son Agentes Auxiliares de la Administración Pública Municipal y estarán sujetos al Ayuntamiento o Junta Auxiliar correspondiente.

 

            ARTÍCULO 240.- Los deberes y atribuciones de los Inspectores de secciones serán los que determine el reglamento respectivo.

 

            ARTÍCULO 241.- Para ser Inspector de sección se requiere ser ciudadano del Municipio en ejercicio de sus derechos políticos y civiles, residir en la sección y saber leer y escribir.

 

            ARTÍCULO 242.- El cargo de Inspector de sección es honorífico, y se desempeñará por la persona nombrada mientras no sea sustituida por otra, a juicio de la autoridad municipal.

 

 

CAPÍTULO XXIX

DE LAS EXCUSAS Y RENUNCIAS

 

 

            ARTÍCULO 243.- Son causas suficientes para renunciar al cargo de Regidor:

 

            I.- Ser electo o nombrado para desempeñar algún cargo o empleo público diverso;

 

            II.- El cambio de residencia; o

 

            III.- Tener sesenta y cinco años de edad.

 

            ARTÍCULO 244.- Son aplicables a las excusas o  renuncias las siguientes disposiciones:

 

            I.- Se harán valer ante el Ayuntamiento, quien las calificará teniendo en cuenta los justificantes que se presenten;

 

            II.- El mismo Ayuntamiento podrá admitir como legítimas todas las renuncias y excusas que se funden en causas análogas y de igual o mayor importancia, que las referidas en el artículo anterior; y

 

            III.- Sólo por causa justificada, se podrá rehusar el desempeño de algún cargo dentro del Ayuntamiento.

 

ARTÍCULO 245.- El que rehusare, sin causa justificada o suficiente, desempeñar el cargo de miembro de un Ayuntamiento o Junta Auxiliar, incurrirá en una multa equivalente al importe de uno a tres días del salario mínimo, quedando inhabilitado por tres años, para toda clase de empleos y cargos públicos.

 

 

CAPÍTULO XXX

DE LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS Y DE LAS INFRACCIONES

 

 

            ARTÍCULO 246.- Las infracciones a los reglamentos gubernativos y de policía serán sancionadas por la autoridad municipal, de acuerdo con las siguientes disposiciones:

 

            I.- Multa;

 

            II.- Si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por arresto que en ningún caso excederá de treinta y seis horas;

 

            III.- Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día; o

 

            IV.- Cuando el infractor sea trabajador no asalariado, la multa no excederá del equivalente a un día de su ingreso.

 

            ARTÍCULO 247.- Los Presidentes Municipales y los de las Juntas Auxiliares tienen el deber de mantener el buen orden en las oficinas y recintos oficiales y exigir que les guarden el respeto y consideración debidos, tanto a ellos como a las instituciones que representan, así como a los funcionarios y empleados municipales, corrigiendo en el acto las faltas que se cometieren e imponiendo indistintamente las sanciones a que se refiere el artículo anterior.

 

            ARTÍCULO 248.- Los Municipios que cuenten con juzgados calificadores, será el Juez Calificador el encargado de conocer de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno.

 

            ARTÍCULO 249.- En los Municipios que no cuenten con juzgados calificadores, conocerán de las infracciones al Bando de Policía y Gobierno, el Presidente Municipal o el de la Junta Auxiliar correspondiente.

 

            ARTÍCULO 250.- En los Municipios que no cuenten con juzgado calificador, el Presidente Municipal puede delegar la facultad que le confiere el artículo anterior, en el Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad Pública, quien hará la calificación respectiva.

 

            ARTÍCULO 251.- Al imponerse una sanción, se hará constar por escrito los hechos que la motiven, las defensas alegadas por el infractor, las leyes o reglamento infringidos y la sanción impuesta.

 

 

 

CAPÍTULO XXXI

DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD

 

 

            ARTÍCULO 252.- El recurso de inconformidad procede contra actos y acuerdos del Presidente Municipal, del Ayuntamiento, de sus dependencias, de los Presidentes de las Juntas Auxiliares y de las Juntas Auxiliares, salvo que contra dichos actos exista otro medio de impugnación previsto en las leyes o reglamentos aplicables, o que el ordenamiento de la materia establezca que contra dichos actos no procede recurso alguno.

 

            Al procedimiento establecido en el presente Capítulo se aplicarán supletoriamente las disposiciones establecidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado.

 

            ARTÍCULO 253.- Del recurso de inconformidad conocerá el Síndico quien lo resolverá de conformidad con lo dispuesto en este Capítulo.

 

            ARTÍCULO 254.- El recurso de inconformidad deberá promoverse dentro del término de quince días hábiles siguientes al de la notificación, al de la ejecución del acto impugnado o de aquél en que se tuvo conocimiento de su ejecución.

 

            ARTÍCULO 255.- En el escrito de interposición del recurso de inconformidad, se deberá expresar:

 

            I.- Nombre y domicilio del recurrente;

 

            II.- Nombre y domicilio del tercero perjudicado, si lo hubiere;

 

            III.- Señalar la autoridad emisora de la resolución o acto que se recurre;

 

            IV.- Precisar el acto o resolución administrativa que se impugna, así como la fecha de su notificación, o bien, en la cual tuvo conocimiento de la misma;

 

            V.- Manifestar cuáles son los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto recurrido;

 

            VI.- Expresar los agravios que le causan, así como argumentos de derecho en contra de la resolución que se recurre;

 

            VII.- Ofrecer las pruebas que estime pertinentes relacionándolas con los hechos que se mencionen; y

 

            VIII.- Firma del recurrente.

 

            ARTÍCULO 256.- Con el escrito de recurso de inconformidad, se deberá acompañar:

 

            I.- Los documentos que acrediten la personalidad del promovente;

 

            II.- El documento en el que conste el acto o resolución recurrida;

 

            III.- La constancia de notificación del acto impugnado, o la manifestación bajo protesta de decir verdad de la fecha en que tuvo conocimiento de la resolución;

 

            IV.- Las pruebas que se ofrezcan; y

 

            V.- Copias para correr traslado, en caso de existir tercero perjudicado.

 

            ARTÍCULO 257.- En caso de que el recurrente no cumpla con alguno de los requisitos o no presente todos los documentos que señalan los dos artículos anteriores, el Síndico lo prevendrá por escrito por una vez para que en el término de cinco días hábiles siguientes a la notificación subsane las irregularidades. Si transcurrido dicho plazo el recurrente no subsana las irregularidades, el recurso se tendrá por no interpuesto.

 

            ARTÍCULO 258.- La autoridad señalada como responsable tendrá la obligación de hacer constar al pie del escrito del recurso de inconformidad, la fecha en que fue notificado el acto o resolución recurrida y la de presentación del escrito, así como los días hábiles que mediaron entre ambas.

 

            ARTÍCULO 259.- La autoridad responsable deberá remitir al Síndico, dentro del término de tres días hábiles, el escrito de recurso de inconformidad y el expediente original respectivo. Al mismo tiempo rendirá un informe y conservará en su poder copia de los anteriores documentos.

 

            ARTÍCULO 260.- El interesado podrá solicitar por escrito la suspensión del acto administrativo recurrido en cualquier momento, hasta antes de que se resuelva el recurso.

 

            El Síndico deberá acordar otorgando o negando la suspensión del acto recurrido, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud; de no existir acuerdo expreso, se entenderá otorgada la suspensión.

 

            ARTÍCULO 261.-En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicio a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causen si no obtiene una resolución favorable en el recurso de inconformidad.

 

            Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros perjudicados que no sean estimables en dinero, el Síndico fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

 

            Tratándose de multas, el solicitante también deberá garantizar el crédito fiscal, en cualquiera de las formas previstas por el artículo 81 del Código Fiscal para el Estado de Puebla.

 

            ARTÍCULO 262.- No se otorgará la suspensión en los casos en que se ocasione perjuicio al interés social, se contravengan disposiciones de orden público o se deje sin materia el procedimiento.

 

            ARTÍCULO 263.- Los recurrentes a quienes se otorgue la suspensión del acto o resolución administrativa, deberán otorgar garantía, cuando no se trate de créditos fiscales, en cualquiera de las formas siguientes:

 

            I.- Billete de depósito expedido por institución autorizada; o

 

            II.- Fianza expedida por institución autorizada.

 

            ARTÍCULO 264.- La suspensión sólo tendrá como efecto que las cosas se mantengan con el estado en que se encuentran, en tanto se pronuncia la resolución que ponga fin al recurso interpuesto.

 

            ARTÍCULO 265.- La suspensión podrá revocarse si se modifican las condiciones bajo las cuales se otorgó.

 

            ARTÍCULO 266.- Dentro de un término de tres días hábiles contados a partir del día en que se recibió el escrito que contenga el recurso de inconformidad, el expediente y el informe de la autoridad responsable, el Síndico deberá dictar resolución sobre la admisión, prevención o desechamiento del recurso, la cual deberá notificarse personalmente al recurrente, a la autoridad responsable y al tercero perjudicado si existiese. Si se admite el recurso a trámite, deberá señalar en la misma resolución la fecha para la celebración de la audiencia de ley.  Esta audiencia será única y se verificará dentro de los quince días hábiles siguientes a la admisión del recurso.

 

            ARTÍCULO 267.- Se desechará por improcedente el recurso cuando se interponga:

 

            I.- Contra actos administrativos que sean materia de otro recurso, que se encuentre pendiente de resolución, o que haya sido promovido anteriormente por el mismo promovente por el mismo acto impugnado;

 

            II.- Contra actos que no afecten los intereses legítimos del promovente;

 

            III.- Contra actos consumados de modo irreparable;

 

            IV.- Contra actos consentidos expresamente;

 

            V.- Cuando el recurso sea interpuesto fuera del término previsto por este Capítulo; y

 

            VI.- Cuando se esté tramitando ante cualquier autoridad judicial, algún recurso o medio de defensa interpuesto por el promovente y que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto respectivo.

 

            ARTÍCULO 268.- Será sobreseído el recurso cuando:

 

            I.- El promovente se desista expresamente;

 

            II.- El interesado fallezca durante el procedimiento, si el acto o resolución recurridos sólo afectan a su persona;

 

            III.- Durante el procedimiento sobrevenga alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

 

            IV.- Hayan cesado los efectos del acto recurrido; o

 

            V.- Cuando de las constancias del expediente apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia a que se refiere el siguiente artículo.

 

            ARTÍCULO 269.- La audiencia tendrá por objeto admitir y desahogar las pruebas ofrecidas, así como recibir los alegatos que se presenten por escrito.

 

            Las partes podrán alegar verbalmente, pero sin exigir que sus alegaciones se hagan constar en autos, y sin que los alegatos puedan exceder de media hora por cada parte, incluyendo las réplicas y las contrarréplicas.

 

            Es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contrarias al derecho, a la moral y a las buenas costumbres.

 

            Solo se admitirán las pruebas ofrecidas por las partes antes de la celebración de la audiencia, de lo contrario, carecerán en absoluto de valor probatorio, salvo que se trate de documentos de fecha posterior a su ofrecimiento, o de aquéllos cuya existencia ignoraba el que los presente; y los que no hubiere adquirido con anterioridad.

 

            La audiencia y la recepción de pruebas serán públicas.

 

            ARTÍCULO 270.- En caso de existir tercero perjudicado, en la misma resolución que se le notifique admitido el recurso de inconformidad, se le requerirá para que en un término máximo de cinco días comparezca por escrito a defender sus derechos y ofrecer pruebas que estime convenientes.

 

            ARTÍCULO 271.- El Síndico deberá emitir resolución definitiva, dentro de los quince días hábiles siguientes a la celebración de la audiencia.

 

            Transcurrido dicho término, sin que se dicte resolución expresa al recurso, se entenderá revocado el acto impugnado.

 

            ARTÍCULO 272.- La resolución definitiva del recurso deberá estar debidamente fundada y motivada y se referirá a todos y cada uno de los agravios hechos valer por el recurrente.

 

            La autoridad, en beneficio del recurrente, podrá corregir los errores que advierta en la cita de los preceptos que considere violados.

 

            ARTÍCULO 273.- Si la resolución definitiva ordena la realización de un determinado acto o iniciar la reposición del procedimiento, deberá cumplirse en un plazo no mayor de quince días hábiles contados a partir del día en que se haya notificado dicha resolución.

 

            ARTÍCULO 274.- No se podrán anular, revocar o modificar los actos o resoluciones administrativas con argumentos que no haya hecho valer el recurrente.

 

            ARTÍCULO 275.- El Síndico, al resolver el recurso, podrá:

 

            I.- Declararlo improcedente;

 

            II.- Sobreseer el recurso;

 

            III.- Confirmar el acto reclamado; o

 

            IV.- Revocar el acto impugnado, en cuyo caso podrá, modificar u ordenar la modificación del acto, ordenar que sea dictado uno nuevo u ordenar la reposición del procedimiento.

 

 

 

CAPÍTULO XXXII

DISPOSICIONES GENERALES

 

            ARTÍCULO 276.- Para el despacho de los asuntos municipales, habrá el número de servidores públicos que sea necesario, de acuerdo con el presupuesto de egresos.

 

            ARTÍCULO 277.- Los Municipios observarán por lo que a sus trabajadores se refiere, las disposiciones que rijan las relaciones de trabajo entre el Estado y sus trabajadores, en todo aquello que sea conducente.

 

            ARTÍCULO 278.- Cuando exista conflicto entre los integrantes de un Ayuntamiento que impida que el mismo pueda ejercer las funciones legales de su competencia, o que la actuación de éste provoque alteración grave en el orden público, el Congreso de Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrá declarar desaparecido aquel Ayuntamiento y nombrará un Concejo de acuerdo con los artículos 62, 63 y 64 de esta Ley.

 

            ARTÍCULO 279.- Los Ayuntamientos y las Juntas Auxiliares están obligados a cumplir los contratos celebrados por anteriores administraciones, así como a continuar las obras públicas iniciadas por sus antecesores que sean de positivo beneficio para la colectividad.

 

            ARTÍCULO 280.- Las autoridades municipales vigilarán el cumplimiento de las leyes sobre el uso de la Bandera, Escudo e Himno Nacionales y reportarán a las autoridades competentes las violaciones al respecto.

 

TRANSITORIOS

 

            ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Ley entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

 

            ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley Orgánica Municipal del día dos del mes de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, así como sus reformas.

 

            ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Ordenamiento.

 

       EL GOBERNADOR, hará publicar y cumplir la presente disposición. Dada en el Palacio del Poder Legislativo, en la Heroica Ciudad de Puebla de Zaragoza, a los veinte días del mes de marzo de dos mil uno.- Diputado Presidente.- JUAN CARLOS LASTIRI QUIRÓS.- Rúbrica.- Diputada Vicepresidenta.- MARÍA ANGÉLICA CACHO BAENA- Rúbrica.- Diputado Secretario.- EDUARDO VÁZQUEZ VALDÉS.- Rúbrica.- Diputado Secretario.- HORACIO GASPAR LIMA.- Rúbrica.

 

       Por lo tanto mando se imprima, publique y circule para sus efectos. Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo, en la Heroica Puebla de Zaragoza, a los veintidós días del mes de marzo del año dos mil uno.- El Gobernador Constitucional del Estado.- LICENCIADO MELQUIADES MORALES FLORES.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación.- LICENCIADO HÉCTOR JIMÉNEZ Y MENESES.- Rúbrica.

 

Recomendar página   Imprime esta página  

¿Cómo puedo ...? Ayuda para navegar
Si tienes alguna pregunta o comentarios respecto a este sitio, comunícate con nosotros
al Tel.: +52 (55) 5062.2000 o escríbenos a:
inafed.webmaster@segob.gob.mx
Copyright 2004 por e-Local. Todos los derechos reservados. INAFED -SEGOB